Las cartas que se juegan la empresa y el sindicato de Escondida en las horas cruciales de la negociación

(El Mercurio) Se sabía que este año la gran minería podía enfrentar uno de los períodos más complejos de los últimos años, debido a los 33 procesos de negociación colectiva agendados, el doble que en el ejercicio anterior y el mayor número de negociaciones abiertas en la década.

Uno de ellos está precisamente en su punto álgido de desarrollo, y no se trata de cualquier faena. En Escondida, la mayor minera privada de cobre del mundo, esta semana los trabajadores votaron por amplia mayoría irse a huelga en la faena, que solo el primer trimestre de este año obtuvo una ganancia neta de US$ 483 millones.

Por su tamaño, una movilización en Escondida tiene inmediatas consecuencias macroeconómicas para la economía chilena. Por sí misma representa en torno al 2% del PIB de Chile, y en estimaciones del Ministerio de Minería, una huelga de este yacimiento de 44 días -similar a la movilización del año pasado, pero con un precio del cobre de US$ 3 la libra proyectado para este año, entre otros presupuestos- tendría un impacto en el Imacec de – 1,67% en agosto (suponiendo 25 días de huelga) y de -1,27% en septiembre (suponiendo 19 días de huelga).

El efecto en el PIB nacional anual sería de 0,25%. Es decir, “que si la economía chilena crece a 4% anual este año, con la huelga de 44 días crecería 3,75%”, indican en la cartera.

Todos, guarismos que explican que el Gobierno esté en alerta, monitoreando cada movimiento, y haya hecho permanentes llamados al diálogo. “Es una situación que preocupa”, señaló el ministro de Minería, Baldo Prokurica, mientras el intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, hizo un llamado el viernes a dialogar a la brevedad.

Es que el proceso de negociación colectiva vive horas cruciales. Por un lado, votada ya la huelga con el 84% de apoyo del Sindicato N° 1 de trabajadores, y de no mediar que alguna de las partes pida los buenos oficios -lo que al cierre de esta edición no ocurría, y para lo que ambas partes tienen plazo hasta mañana-, la huelga se hará efectiva el martes.

Pero además, la última oferta de la compañía considera algunos beneficios que -según el planteamiento hecho por la minera- solo tienen vigencia hasta hoy.

Y como telón de fondo, la negociación se está produciendo en el marco de la nueva ley laboral, la que según distintos expertos dejó espacios de ambigüedad que están complejizando aún más el proceso.

“Hay varios cabos sueltos en la reforma laboral. Ya le pasó en el verano a Latam, y estos son pifias que hay que arreglar, porque tiene muchas contradicciones, muchos espacios y nebulosas esta reforma”, afirma categórica Rocío García de la Pastora, directora del área laboral del estudio Guerrero y Olivos.

DT sin atribución para mediar de oficio, según el Gobierno

Tanto la compañía como el Sindicato N° 1 de Trabajadores negocian sin mostrarse las cartas. Tras aprobarse la huelga la noche del miércoles 1 de agosto, el sindicato aseguró que no pediría una mediación obligatoria -conocida como buenos oficios- de manera unilateral a la Dirección del Trabajo (DT), en ningún escenario. La empresa, a su turno, optó por no hacer mención al tema en su comunicado del jueves. Que cualquiera de las partes la solicite, obliga a la contraparte a sentarse a la mesa a negociar, al menos por cinco días hábiles.

Pero, ¿qué pasaría si ninguna de las dos partes pide los buenos oficios?

Pese a la opinión de algunos expertos que aseguran que aún hay una opción de que la DT actúe de oficio -obligándolos a negociar, pero sin que esto signifique desactivar la huelga-, en el Ministerio del Trabajo desestiman esta interpretación, y aseguran que con la nueva ley, la DT no tiene atribuciones para actuar de oficio y obligar a las partes a conversar. Con la reforma laboral, asimismo, la empresa puede hacer ofertas a sus trabajadores cada 10 días. Por eso, en el Gobierno confían en que no se repetirá una huelga tan extensa como la del año pasado (de 44 días). Una alta fuente de gobierno asegura que están confiados en que el conflicto se destrabará muy pronto, que en rigor “a última hora”, alguna de las partes, lo más probable la empresa, solicitará los buenos oficios. Desde el sindicato, el que la compañía pida los buenos oficios sería valorado como una señal de que tendría algo “nuevo y diferente” que ofrecer a sus trabajadores, asegura una alta fuente sindical.

Polémica por oferta atada a plazo

La última oferta de la empresa sobre la mesa desglosa los beneficios para cerrar la negociación, expresados en montos líquidos, pero varios de ellos con plazo hasta ayer 5 de agosto. Así, un bono de término de negociación de $11,5 millones, más un préstamo sin intereses por $3 millones, descontado en 36 cuotas, son los dos únicos ítems de la propuesta de cierre de negociación no atados a plazo.

Luego, suman $2 millones por “firma de contrato hasta el 5 de agosto”, y una oferta de compensación para quienes pongan término al plan habitacional, de $1,5 millones, también con plazo de aceptación hasta hoy. Además, señalan un préstamo condonable a los siete años de libre disposición de $13,6 millones para quienes no hayan accedido a beneficio habitacional, atado al mismo plazo.

Esta oferta abrió una polémica entre los expertos, pues se cuestiona que sea simple y única y no sujeta a condiciones de plazo.

El sindicato ya ha manifestado que una opción sobre la mesa es zanjar los términos de esta negociación en tribunales, y si eso ocurre, expertos advierten que la forma en que la empresa presentó su oferta es, en efecto, un flanco abierto.

En un informativo del jueves 2 de agosto, el sindicato hace ver que la Ley 20.940 -la reforma laboral- suprimió la posibilidad de retirar la última oferta, algo que con la anterior ley la empresa sí podía hacer, bajo ciertas condiciones. “Esta facultad ha sido derogada por la reforma laboral, de modo que la última oferta que entregó el 24 de julio de 2018 debe mantenerse, estando disponible para todos los trabajadores que se reintegren individualmente”, señala el sindicato.

Rocío García de la Pastora asegura que la oferta está mal hecha, porque está totalmente condicionada a una fecha de aceptación. “Cuando condicionas beneficios monetarios a una fecha específica, obviamente esto no está surtiendo el efecto de una última oferta. La última oferta tiene que prever qué es lo que se va a aplicar al trabajador en caso de descuelgue de la huelga (al día 30 en este caso)”, asegura.

Marcelo Albornoz, abogado y ex director del Trabajo, concuerda con que las últimas ofertas de las empresas deben ser únicas y simples. “La oferta debe ser pura y simple y no sujeta a ninguna condición o plazo (…) eso lo ha dicho la jurisprudencia, por lo que (la empresa) no tiene defensa ante un tribunal del trabajo. Por ello, en caso de reintegro de trabajadores en la huelga, ellos accederán a la totalidad de los beneficios y bonos finales de la ultima oferta presentada por la empresa”, asegura.

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¿Trabajadores descolgados pueden volver a negociar en 18 o 36 meses?

Otro de los grandes debates que abrió la estrategia de negociación del sindicato de Escondida es si los trabajadores que se descuelguen de la huelga al día 30 pueden volver a negociar sus contratos en 18 o en 36 meses más.

La compañía argumenta que la oferta que hizo el 24 de julio pasado tiene una duración de 36 meses; por tanto, los trabajadores que se descuelguen quedan acogidos a dicho contrato colectivo, a ojos de la compañía.

Pero el sindicato tiene una visión y una estrategia muy distintas, con miras a que todos los trabajadores -descolgados y no descolgados de la huelga- negocien juntos en 2019.

Por un lado, el sindicato pretende que un grupo de trabajadores invoque el artículo 342 del Código del Trabajo, que les permitiría mantener su actual contrato colectivo con las mismas condiciones, y volver a negociar en 18 meses más con la empresa. Y que el otro grupo, los trabajadores descolgados de la huelga, en visión del sindicato, no quedarían sujetos a ningún contrato colectivo, y también tendrían derecho a volver a negociar cuando su sindicato lo haga; esto es, en 18 meses más, habiendo percibido ya al menos el bono de término de negociación.

“La letra de la ley es clara. El actual artículo 357 del Código del Trabajo es preciso, sin dar lugar a interpretaciones, en cuanto a que el trabajador que se reincorpora individualmente no queda sujeto a contrato colectivo, por lo que puede negociar nuevamente en la oportunidad que le corresponda a su sindicato”, señala el sindicato en un informativo del 29 de julio.

Si bien los expertos están de acuerdo en que la estrategia del sindicato es legal, refutan su espíritu. Rocío García de la Pastora dice que “técnicamente, la estrategia es correcta, porque la ley no es clara, está mal hecha”, pero apunta a la buena fe, y agrega que hay una figura judicial, el artículo 404 del Código del Trabajo -y parte de la reforma laboral-, que castiga la mala fe en negociaciones colectivas. “No puedes estar tramando un cúmulo de negociaciones colectivas para obtener un cúmulo de bonos. El sindicato también alega que la empresa tampoco ha actuado de buena fe, y ahí se verán en un tema judicial”, asegura.

Marcelo Albornoz señala que el sindicato fundamenta su posición en un dictamen de la Dirección del Trabajo del 25 de enero de 2017, que efectivamente dice que el acuerdo al que llega la empresa con los descolgados es de carácter individual. Pero estima que esa es una interpretación absolutamente “ilegal e infundada” por varias razones. “La primera es que ese dictamen y el sindicato confunden lo que es el reintegro individual, es decir, el cese de la huelga respecto del trabajador con las condiciones en las cuales se reintegra el trabajador. Son dos cosas distintas. Las condiciones son colectivas, porque surgen de un contrato colectivo. No es un acuerdo, aquí lo que actúa es la ley, que le asigna al trabajador las condiciones de reintegro”, estima.

DT nacional podría generar un dictamen sobre Escondida

A mediados de semana se abrió otro flanco de discusión, pues un funcionario regional de la DT se pronunció sobre el caso, en lugar de hacerlo el director nacional de la DT, Mauricio Peñaloza.

En concreto, Manuel Cabezas, director regional del trabajo (s) de la Región de Antofagasta, contestó una consulta de un trabajador de Escondida al respecto, concluyendo que los trabajadores descolgados están facultados para negociar en 36 meses y no en 18 meses como lo sostiene el sindicato.

Pero este documento, más allá de abordar el polémico asunto, generó cuestionamientos de los trabajadores en forma y fondo. En la forma, porque este funcionario se estaría pronunciando sobre una materia nueva, facultad que es solo resorte del director nacional del Trabajo, tesis con la que suscriben varios de los consultados. Y en el fondo, porque el sindicato insiste en defender la tesis de que los contratos de los descolgados son individuales.

En reserva, fuentes consultadas coinciden en que para evitar el ruido adicional que se generó, hubiera sido ideal que el pronunciamiento lo firmara el director nacional. Aunque a fines de la semana había versiones sobre la elaboración de un dictamen de la DT, referido al caso de Escondida, firmado por el director nacional para zanjar el punto, hasta el cierre de esta edición eso no sucedía.

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