Los errores y contradicciones del caso Mina Invierno

Hace unos días el buque MN BBC CONGO zarpó de las costas de Chile con 15 camiones 830E desarmados, que anteriormente se ocuparon en Mina Invierno para el transporte de estéril.

Con el cierre de la faena –al que la empresa se vio obligada tras el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia que le prohibió usar tronaduras–, empezó el desmantelamiento de su flota de equipos, que ahora serán aprovechados en otro país. Las imágenes eran elocuentes: máquinas que antes operaban en una mina que daba empleo a más de 1.000 personas en la Región de Magallanes partían con destino a un yacimiento de carbón en Australia.

¿Pero cómo se origina esta situación? Juanita Galaz, secretaria de Voces Mineras y directora ejecutiva de la consultora Myma, recuerda que en noviembre de 2018 los detractores de Mina Invierno ingresaron una reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para objetar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que había otorgado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la minera. Esa RCA la había obtenido después de un largo proceso de revisión de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada en noviembre de 2015, que buscaba incorporar tronaduras de baja carga como método complementario de extracción de material estéril. En agosto de 2019, en fallo dividido, el TA resolvió anular dicha aprobación ambiental.

La sentencia “se sustentó en una supuesta falta de información que impediría descartar efectos adversos significativos sobre fósiles vegetales o material paleobotánico presente en la formación Loreto, a pesar de la abundante y contundente evidencia presentada ante el tribunal ambiental, cuyo voto de mayoría no ponderó adecuadamente”, sostiene la secretaria de Voces Mineras. En ese sentido, no se consideraron:

–Las favorables recomendaciones y reiterados pronunciamientos a favor del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico competente en la materia.

-El informe de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que indica que “el tamaño de los fragmentos producidos tras dicha actividad permite evidenciar que no existen mayores riesgos de pérdida de información o daño a material paleontológico respecto de lo generado en las faenas de extracción desarrolladas en forma previa”.

-Los resultados y conclusiones de los informes asociados a las 43 tronaduras realizadas, que formaron parte del proceso, los que confirmaron la compatibilidad entre las tronaduras y la recuperación de muestras paleobotánicas.

-El informe de Harafumi Nishida, especialista en paleobotánica reconocido internacionalmente, quien estuvo en Mina Invierno comprobando el proceso de recuperación de improntas, que concluyó que las tronaduras permitían que se generara un círculo virtuoso entre la minería y la investigación paleobotánica.

A ello se suma que ningún miembro del TA haya ido a terreno a conocer la mina y corroborar los favorables pronunciamientos de expertos en paleobotánica y organismos técnicos competentes.

En su análisis, el ingeniero civil de Minas, Pedro Courard, socio de Voces Mineras que dedicó una parte importante de su carrera a la minería del carbón, hace ver que el fallo del Tribunal Ambiental se basa en una aparente defensa del medioambiente, tras la cual hay un concepto totalmente errado: “Los fósiles, generalmente impronta de hojas y otros materiales vegetales, no son una rareza que hay que cuidar, sino que existen prácticamente en todos los yacimientos carboníferos del mundo y su extracción y destrucción parcial son inherentes a la explotación a cielo abierto, la que en la práctica los descubre y da a conocer”.

A juicio de María Isabel González, directora de Voces Mineras y gerente general de Energética Consultores, “es grave que los antecedentes técnicos que le permitieron a Mina Invierno obtener la RCA en los organismos competentes, no cuenten para un tribunal que se supone debiera ser especializado, y que se deslegitimen los procesos ambientales”. Enfatiza que, si bien hay que cuidar el medioambiente, también hay que velar por el desarrollo armonioso del país, “donde no se pretenda preservar zonas prístinas y puras para que puedan disfrutar de ellas sólo grupos privilegiados, sino también que sus recursos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto”.

Componente paleobotánico

Respecto del material paleobotánico que los reclamantes buscarían proteger, Pedro Courard comenta que la formación geológica Loreto donde se encuentran los fósiles “sólo en Isla Riesco cubre más de 36.000 hectáreas, de las cuales Mina Invierno intervendría, en su total explotación, solamente 500 hectáreas, es decir, menos del 1,5%. Quedarían sin extraer el 88,5% de los fósiles, que seguramente nunca serán extraídos”.

Atendiendo esa relación de tamaño, en su resolución de septiembre de 2018 el director ejecutivo del SEA manifestó que “no se cumple por sí mismo el criterio de magnitud en la intervención que se requiere, para estimar que los impactos de las tronaduras sobre el componente paleontológico sean significativos”.

Es más, para especialistas nacionales y extranjeros, la incorporación de tronaduras tuvo la ventaja de hacer factible el rescate y preservación de las rocas de la formación Loreto, en el contexto de la explotación carbonífera que llevaba a cabo Mina Inverno. “En mi opinión, las tronaduras al fracturar el material, generan un gran número de bloques de distinto tamaño, incrementando sustancialmente la posibilidad de encontrar restos de este tipo de material para su posterior recuperación y análisis científico”, declaró en su visita el doctor Harafumi Nishida.

“Paradójicamente, con el cierre de la operación en Mina Invierno también se cierra la puerta al aporte de la ciencia, ya que sin la operación no será posible continuar aumentando el conocimiento paleobotánico”, advierte Juanita Galaz.

Descarbonización

¿Cómo se responde a quienes plantean que el cierre de Mina Invierno es un avance en los esfuerzos del plan de descarbonización del país?

“Que es una ignorancia”, afirma tajante María Isabel González. Puntualiza que hoy la mayor parte de la energía eléctrica, en el mundo y Chile, se produce con carbón, representando alrededor del 33%. “Y seguirá siendo así por al menos 20 años más, ya que las alternativas distintas a las centrales termoeléctricas para abastecer de electricidad a la población cuando la energía solar y eólica no cuentan con el recurso respectivo, son aún de alto costo”, indica.

“El plan de descarbonización del Ministerio de Energía contempla el empleo de carbón hasta 2039, con un consumo estimado de 130 millones de toneladas en el período. Es posible que, con los avances de las generaciones eólicas y solares, estas cifras resulten menores en la práctica, pero es evidente que se seguirá requiriendo carbón durante varios años más”, dice Pedro Courard, apuntando que la paralización de Mina Invierno significa que su producción será reemplazada por carbón importado y, por consiguiente, no tendrá ninguna influencia en la descarbonización del país.

Como ejemplo, Juanita Galaz cita que en 2020, a pesar de la menor actividad económica debido al Covid-19, el carbón aportó el 34,7% de la generación de energía eléctrica utilizada en Chile, para lo cual el país importó poco más de 10 millones de toneladas de carbón, provisto principalmente por Colombia (6,5 millones de ton) y Australia (2 millones de ton).

Sobre el proceso de descarbonización, destaca la necesidad de una gradualidad dirigida por la racionalidad: “Es importante ser cuidadoso con los plazos en que se pretenda eliminar la presencia de los combustibles fósiles y en particular del carbón, con el objetivo de evitar efectos indeseados que podrían afectar la estabilidad del suministro de la energía eléctrica, como también su precio, variable que afectaría directamente a la economía de los hogares, a la industria en general, así como a la confiabilidad para las inversiones futuras”.

Señal para la inversión

Para los tres especialistas socios de Voces Mineras, la señal que se dio con el fallo de Mina Invierno no es buena. “En la inmensa mayoría de los casos, la actividad minera es inviable sin tronaduras, las que son ampliamente usadas”, señala María Isabel González.

A lo que Juanita Galaz agrega que “se sienta un delicado precedente, que podría limitar el uso de tronaduras en la minería en Chile y, con ello, afectar entre otros, la competitividad de la explotación de la minería metálica del país”. A su juicio, este caso es una demostración de cómo el mal uso y abuso de la legislación ambiental, acompañado por decisiones alejadas del ámbito técnico, termina causando un daño irreparable a iniciativas de inversión y desarrollo.

Puntualiza que “los inversionistas ya hacen preguntas respecto a cómo se verán afectados sus proyectos, puesto que la obtención de una RCA no garantiza que un proyecto se construya, aun cuando los técnicos que lo evaluaron están de acuerdo en que este cumple con todas las regulaciones y los impactos han sido debidamente mitigados”.

Junto con lamentar el fallo del TA que paralizó una faena que contaba con todos los permisos, Pedro Courard critica la demora de la Corte Suprema en resolver el recurso de casación que se interpuso hace más de dos años. Y aunque sostiene que es posible que este hecho aislado no influya de inmediato en las inversiones futuras, por tratarse de una minería distinta y ubicada geográficamente en una zona alejada de la gran minería del cobre, subraya que “la repetición de un acto como éste puede ser nefasta para el futuro desarrollo de nuestra minería”.

Para considerar

Con un aporte de capital de US$830 millones, Mina Invierno se transformó en la mayor inversión privada en la Región de Magallanes en los últimos 16 años. El proyecto minero-portuario operaba con altos estándares ambientales, apoyando la reforestación de extensas áreas quemadas hace alrededor de un siglo, para dar espacio al desarrollo de la ganadería.

“Mina Invierno es una mina de alto nivel, donde se han aplicado todos los conceptos de una explotación moderna dentro de los cuales está la protección del medioambiente y la restitución del daño causado. La DIA así lo establece y ha sido llevada a la práctica con la plantación de 280 hectáreas de bosque nativo”, indica Pedro Courard, destacando asimismo el nivel de los equipos mineros y de las instalaciones, entre ellas el muelle de carga de carbón, con una capacidad de 6 millones de ton anuales.

La empresa era un proveedor de carbón flexible, ideal para acompañar a las generadoras en la transición a fuentes energéticas más limpias, pasando del despacho permanente al despacho complementario de las fuentes solar y eólica. En siete años de operación extrajo más de 18 millones de ton de carbón, que en su mayoría (11,7 millones) se destinaron a Chile.

El 89% de sus trabajadores provenía de la Región de Magallanes, que gozaba de una renta bruta promedio superior a $1,2 millón entre el personal operativo. Además, generó un círculo virtuoso de transacciones con empresas magallánicas, 200 de ellas pequeñas y medianas.

“Este caso nos debe llevar a la reflexión de qué es lo queremos para Chile. La institucionalidad ambiental, encargada de velar por que los proyectos sean sustentables desde el punto de vista ambiental, deja de lado las componentes social y económica, que hoy son una prioridad en el mundo”, concluye Juanita Galaz.