Este (2025) fue un año intenso en cuanto a la tramitación legislativa de los temas pesqueros y, particularmente, de la Ley de Fraccionamiento, que introdujo mucha incertidumbre a los industriales. Tal es así que en conversación con Revista AQUA, la presidenta del gremio Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, alerta que con ello se pone en riesgo la competitividad del sector, la seguridad alimentaria y miles de empleos en las regiones asociadas a la actividad.
¿Cómo describiría el impacto que tendrá la nueva Ley de Fraccionamiento sobre la estabilidad del sector industrial en la región del Biobío?
La Ley de Fraccionamiento generó dos efectos importantes: Uno que desconoció derechos vigentes, porque hay que recordar que existía un fraccionamiento que estaba vigente por Ley hasta el 2032, y ese fraccionamiento era parte importante de las licencias transables de pesca, porque, en definitiva, las licencias transables van a tener mayor o menor valor en función del fraccionamiento. Si E el fraccionamiento se lleva a 0, las licencias transables de pesca quedan en 0.
Entonces, por un lado, esta ley viene a desconocer los derechos vigentes, por lo tanto, genera incertidumbre; hay pérdida de certeza jurídica y todo lo que requiere un sector para poder proyectar inversiones, crecimiento y desarrollo. El segundo efecto, es que el sector pierde alrededor de un 30% de participación en las veinte y tantas pesquerías que se tramitaron en la Ley de Fraccionamiento y, particularmente en la industria del jurel en la zona centro sur, el sector pierde un 20% de participación o de acceso a materia prima.
Y como si esto no fuera suficiente, la Ley de Fraccionamiento introduce, además, un arancel a las compras internacionales de jurel de 1,3UTM por tonelada, lo que significa un impacto de 30% en alza de costos por las compras internacionales.
¿Cómo se prepara el sector para enfrentar estas políticas y un eventual cambio de gobierno en el país?
Las empresas afectadas han anunciado acciones legales, porque aquí hay una afectación al derecho de propiedad y a la estabilidad del sector. Esta ley vino a generar una expropiación regulatoria al dejarlas con menor participación. Entonces, hay todo un proceso legal que van a tener que llevar a cabo las empresas que se vieron afectadas, impactos que vamos a ver en concreto iniciado el 2026, cuando sea la implementación definitiva de la Ley de Fraccionamiento con las nuevas cuotas.
Y cómo nos preparamos, bueno, seguimos permanentemente trabajando por la pesca responsable, la sustentabilidad de los recursos pesqueros, y la apuesta del sector pesquero industrial es a seguir incorporando valor agregado a sus capturas y a seguir posicionando y fortaleciendo la actividad en torno al consumo humano. Esto se ve reflejado, por ejemplo, con la recertificación MSC de jurel, que obtuvimos en septiembre, que da cuenta de las buenas prácticas que incorpora la industria. También de la necesidad de contar con una institucionalidad que genere un marco regulatorio estable.
¿Cuáles son los escenarios más preocupantes que anticipan si se implementan estas medidas como las subastas de cuotas?
Aquí hay que recordar que las subastas en pesca han sido mecanismos de asignación que han sido erradicados de los países pesqueros, como Rusia, Estonia, e Islas Faroe. Este último las incorporó en 2005 y finalmente las tuvo que eliminar porque generó incentivos negativos como pesca ilegal y altos costos financieros. Es un mecanismo que no resultó, y cuando hemos llevado estos antecedentes a la autoridad, la verdad es que parecen no querer revisarlos y no están en el análisis de lo que se está planteando.
Tanto es así que, si prospera la propuesta del Ejecutivo que contempla subastar el 35% de las Licencias Transables Tipo A, significaría que el sector, ya afectado por la Ley de Fraccionamiento que lo redujo en un 20%, se vería reducido al 40% de lo que tiene hoy día. Eso lo volvería inviable operacionalmente. De avanzar una propuesta tan negativa, terminará destruyendo la actividad pesquera industrial como la conocemos hoy en Chile. Aquí se dice que la pesca industrial no paga por los recursos que tiene y eso demuestra la ignorancia que se tiene del sector. La pesca industrial paga anualmente más de US$100 millones en impuesto específico por la cuota que tienen derecho a capturar, y eso independiente si la captura o no.
EJE LABORAL Y SOCIAL
Con todo, ¿qué estimaciones manejan sobre la pérdida de puestos de trabajo y cómo afectaría eso al empleo formal en el Biobío?
Es muy dramático el impacto que esto podría generar en el empleo. La autoridad ha insistido en que esto no va a tener impacto en el empleo, porque lo que se le traspasa al sector artesanal será procesado por la industria.
Pero ahí hay un error de nuevo en el origen, en el sentido de que hoy la pesca artesanal no está en condiciones técnicas de entregar una materia prima que califique en términos de calidad para el consumo humano, porque no tiene condiciones de frío; cuidado del volumen que traen, porque no tienen cuotas individuales y, por lo tanto, la pesca viene con mucho daño mecánico.
Entonces, es un recurso que se puede destinar solo a la elaboración de harina de pescado, pero no para consumo humano. Entonces, cuando vemos que la mayor cantidad de empleo está en las plantas para consumo humano, en las plantas de congelado y de conservas, bueno, precisamente, es ahí donde se verá el impacto y sí habrá un efecto en el empleo, en una destrucción del valor y decrecimiento.
Lea la entrevista completa en Revista Aqua.
Fotografías: Pescadores Industriales del Biobío.
