Minera Dominga irá al Tribunal Ambiental si Comité de Ministros no se pronuncia en agosto

(El Mercurio) Un yacimiento de hierro y cobre emplazado en la zona de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Un proyecto atractivo que atrajo la atención de inversionistas chilenos en pleno boom de los commodities . Minera Dominga, como se llama esta iniciativa de US$ 2.500 millones de inversión, era un negocio desconocido para la gran mayoría de los chilenos, hasta que estalló el caso Penta, en 2014.

Y es que Dominga es propiedad, en 75%, de las familias Délano, socios de Penta; de los Garcés (14%) y de un grupo de ejecutivos a través de Andes Iron (11%), entre los cuales está Iván Garrido, presidente ejecutivo de esta última sociedad y vocero de la compañía. Además, a inicios de este año se conoció que la familia Piñera Morel participó a través de un fondo, de manera indirecta, en Andes Iron, hasta diciembre de 2010. Días más tarde de conocido esto, el 9 de marzo de 2017, el Comité Regional de Coquimbo rechazó la iniciativa, pese a que organismos técnicos de la zona se habían manifestado con anterioridad a favor de ella.

Con ello, ahora es el Comité de Ministros el que debe zanjar el futuro del proyecto. Iván Garrido busca apurar estas definiciones y sacar adelante la iniciativa. Su objetivo es lograr -y pronto- el permiso ambiental, de modo de iniciar la construcción en 2018 y, en dos años más, entrar en operación. Por ello, anuncia que si el Comité de Ministros no se pronuncia sobre el proyecto a inicios de agosto de este año, Andes Iron recurrirá al Tribunal Ambiental (TA).

“Creemos que el Comité de Ministros debería resolver sobre lo que reclamamos, en los primeros días de agosto, y si por alguna razón esto se dilata, preferiríamos ir, de silencio administrativo, al TA”, sostiene. El ejecutivo explica que en su alegación ya presentada ante el Comité de Ministros “planeamos que hay una arbitrariedad, una discrecionalidad y que no cumple con el espíritu del legislador y los antecedentes del expediente”, y por ello “solicitamos que el Comité de Ministros revierta esta arbitrariedad y analice en su mérito el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) y revierta el rechazo por una resolución de calificación ambiental positiva”.

-¿Cuándo creen que el Comité de Ministros resolverá?

“Tiene 60 días hábiles desde que se declara admisible la última reclamación, que llegó el 17 de mayo. Creemos que en los primeros días de agosto debiera el comité de ministros evaluar nuestra reclamación y emitir una resolución. Esperamos que revierta (la resolución del comité regional) el rechazo o lo confirme. Si pasados los 60 días hábiles no atiende nuestra reclamación, iríamos al Tribunal Ambiental”.

-¿Por qué a esa instancia?

“Porque si no adopta una decisión en ese lapso, no tiene ninguna sanción, y podrían pasarse muchos meses sin pronunciarse. En ese caso, los titulares tienen como vía el “silencio administrativo”, por el cual, dado que la autoridad no se pronunció, uno pasa a la siguiente instancia; es decir, el Tribunal Ambiental. Se entiende que si no se pronuncia, pasados 60 días hábiles el Comité de Ministros respalda el rechazo a Dominga, y pasaríamos al Tribunal Ambiental”.

-¿Quieren definiciones antes de marzo de 2018 por el cambio de gobierno?

“Hace cuatro años, cuando hicimos la exploración y nos dimos cuenta de que este era un proyecto económicamente viable y que tenía indicadores económicos robustos y muy convenientes para la inversión, tomamos la decisión de ingresar al sistema, porque queríamos construir el proyecto”.

“En la minería los ciclos de precios de los commodities son sumamente relevantes: un proyecto minero debería construirse cuando los precios están deprimidos y empezar a producir cuando están en alza. Así se reducen los tiempos para pagar la inversión y empezar a generar retornos. Estamos saliendo de la depresión de los commodities, y hacia el 2018 y 2020 deberían aumentar significativamente los precios del hierro y el cobre. Para nosotros es sumamente importante obtener el permiso ambiental lo antes posible para pasar a la estructura de financiamiento y comenzar la construcción lo antes posible y producir en 2020 o 2021. De lo contrario, entraríamos a producir cuando el ciclo ya está a la baja, y eso puede poner en riesgo la inversión. Por eso esperábamos que nos aprobaran el proyecto en marzo. Como no ocurrió, esperamos que ocurra en agosto. Lo peor que nos puede pasar es que nos dilaten”.

-¿Qué sucede si pasado este año no hay decisiones ni en el comité de ministros ni en el Tribunal Ambiental?

“Hace pocos días salió una resolución del Tribunal Ambiental que atendió una reclamación de un puerto vecino al nuestro, Cruz Grande, que es de CMP (CAP). No acogió ninguna reclamación de los opositores y confirmó la decisión del comité de ministros, que era a favor del puerto. Las reclamaciones contra Dominga son muy similares, el espíritu y fondo de las reclamaciones es el mismo. Dada la igualdad ante la ley, ir al Tribunal Ambiental mejoraría notablemente las posibilidades de revertir el rechazo que sufrió nuestro proyecto en la comisión regional”.

-Dada la polémica generada por la presencia de la familia Piñera Morel en la etapa inicial del proyecto, ¿qué sucede si el ex Presidente Piñera vuelve a La Moneda y aún están en reclamación?

“Nuestra compañía no es política. Hemos explicado latamente que la familia Piñera Morel nunca ha sido parte de Andes Iron. Nosotros compramos al fondo de inversión donde ellos pasivamente participaban. El proyecto Dominga no tiene ninguna relación con la familia Piñera”.

-Si él vuelve a ser Presidente, ¿tendría que abstenerse de resolver?

“Habría que preguntárselo a él”.

-¿En quién confía más: en el Comité de Ministros o en el Tribunal Ambiental?

“Tenemos una gran confianza en que este Comité de Ministros atienda nuestra reclamación y tenemos la esperanza de que se revierta el rechazo, porque no fue evaluado en su mérito, hubo falta de motivación y arbitrariedad, lo que afecta al Estado de Derecho y el pacto social. Esperamos que el Comité de Ministros revierta el daño causado no solo al proyecto Dominga, sino al pacto social, porque las arbitrariedades en una democracia son dañinas”.

-¿El TA les da más confianza?

“Tenemos confianza en el Comité de Ministros y en los Tribunales Ambientales de Chile. Tenemos confianza en la institucionalidad y en que se pueda seguir invirtiendo en Chile”.

Rothschild busca socios

Dominga suscita mucho interés en distintos actores. Por eso, Andes Iron espera contar con el permiso ambiental para incorporar nuevos socios. “Por confidencialidad, no puedo mencionar quiénes son, pero son dos empresas”, señala Garrido, “públicas y privadas”, añade. “Estamos trabajando con el banco de inversión Rothschild”, detalla.

-¿Buscan socios o financiamiento?

“Estos son proyectos grandes, intensivos en capital. La estrategia clásica es estructurar una ingeniería de financiamiento, y eso es equity y deuda. Como teníamos mucha confianza en nuestro proyecto y en el estudio ambiental, empezamos a estructurar esto hace dos años. Este año tuve dos viajes a Japón, donde estuve conversando sobre los acuerdos tanto en equity como en deuda con empresas japonesas y chinas. Para nosotros fue complejo el rechazo en la Comisión Regional, porque detiene este proceso. Hoy estamos en stand by “.

-¿Cuánto de equity y cuánto de deuda?

“El objetivo nuestro de Andes Iron es controlar Minera Dominga”.

-¿En Andes Iron o Dominga?

“Pueden entrar estas empresas a la propiedad de Andes Iron, pero a los inversionistas actuales (familia Délano, Garcés y los ejecutivos) nos gustaría tener sobre el 51%, aunque habrá dilución en la propiedad si hay nuevos socios”.