Mineras y eléctricas: nuevo reglamento del Seia no reducirá la judicialización

(Pulso) Las empresas consideran que el éxito de nuevos proyectos depende en gran medida de la gestión ambiental y social que ellas realicen. Así queda en evidencia en una encuesta realizada por la clasificadora PwC, realizada a empresas mineras y eléctricas.

En sus conclusiones, PwC destaca que la importancia que podrían estar tomando los aspectos sociales y ambientales en las agendas de las empresas, se puede explicar en gran medida por el impacto que ha generado la cantidad de proyectos frenados por dificultades u oposiciones que surgen a partir de estos temas. Así, según el informe de catastro de proyectos de inversión de Sofofa (junio de 2013), existen 39 proyectos inmovilizados por conflictos socioambientales, ya sea paralizados, desistidos o postergados. Estos proyectos representan una inversión de US$55.344 millones, lo que equivale al 21% del PIB del país en el año 2012.

“El tema de la judicialización no pasa por problemas específicos de uno u otro lado; no se trata exclusivamente de los problemas de gestión interna de las empresas ni del rol de los tribunales, pasa por ‘los grises’ existentes en el nuevo reglamento del SEIA y en el reglamento de consulta indígena. Hasta el año recién pasado el único instrumento que guiaba la consulta era el nuevo reglamento del SEIA, pero dicho documento solicita la consulta, pero no indica cómo efectuarla; además en ese mismo reglamento hay elementos que dejan espacio a procesos de judicialización”, afirma Mathieu Vallart, socio de PwC Chile.

Y añade: “Si bien en marzo de este año el reglamento de consulta indígena fue aprobado, dicho reglamento aún mantiene los ‘grises’; es ahí donde se generan los espacios de judicialización, principalmente si se considera que dicho reglamento no contó con la aprobación de diferentes etnias del país”.

El directivo destaca que, por parte de las empresas, éstas se encuentran en general “al debe” en la incorporación de los procesos de consultas como parte integral de los diseños de sus proyectos; considerar lo que opinan las comunidades en instancias en que los proyectos se encuentran terminados o sobre la base de relaciones viciadas puede tener repercusiones importantes en el desarrollo de dichos proyectos, y así lo demuestra la experiencia, y el portfolio de proyectos paralizados, afirma Mathieu Vallart. “Urge la modernización de los instrumentos de gestión social de las compañías”, destaca.

Reflexiones

PwC destaca que, si bien las empresas están asumiendo la importancia de las relaciones con las comunidades, y en particular con los pueblos originarios, estos temas aún no forman parte del centro de su gestión. “La magnitud de los riesgos asociados a la gestión comunitaria requiere un robusto sistema de gestión”, destaca.

Añade que aunque en la actualidad las empresas no tengan comunidades indígenas en su área de influencia, dada la relevancia del tema, estas requieren contar con planes específicos de consulta para los grupos de interés. “Aunque el Convenio 169 de la OIT indique que la responsabilidad de la consulta es del gobierno del país anfitrión, las empresas deben tener un rol activo; para guiar proactivamente la relación hacia la licencia social para operar”, remata PwC.