Blumar presentó una acción judicial contra el Estado de Chile debido a los efectos que ha generado la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en 2025 sobre el sector pesquero industrial. La compañía sostiene que la nueva normativa altera anticipadamente el marco regulatorio establecido en 2013, el cual fijaba condiciones claras de operación y fraccionamiento de cuotas hasta, al menos, el año 2032, sin contemplar indemnización por los cambios introducidos.
Según expuso la empresa, la legislación aprobada en 2013 representó una modernización relevante del sistema pesquero nacional. En ese contexto, el sector industrial se acogió a un marco regulatorio expresamente definido por el Estado, renunciando a autorizaciones indefinidas y reemplazándolas por licencias con vigencia y condiciones de explotación determinadas por 20 años. Este esquema buscaba promover un uso sostenible, estable y regulado de los recursos pesqueros, bajo reglas explícitas y conocidas, incluyendo normas de fraccionamiento proyectadas hasta, al menos, 2032.
Sobre la base de ese estatuto jurídico, Blumar —al igual que otras compañías del sector— adoptó decisiones de inversión, generación de empleo y desarrollo territorial, proceso que contó con diversas instancias de diálogo convocadas por el propio Estado. La empresa sostiene que la nueva normativa modifica sustancialmente ese régimen sin establecer mecanismos de compensación, lo que configuraría una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, vulnerando principios esenciales de seguridad jurídica.
Los efectos patrimoniales derivados de la alteración del estatuto al cual se acogió la compañía han sido calificados como severos. Su evaluación fue encomendada a profesionales expertos, considerando variables como la reducción anticipada de cuotas, la afectación de derechos originalmente otorgados y la incorporación de nuevas cargas económicas producto del cambio normativo. De manera preliminar, los estudios estiman un perjuicio cercano a los US$ 216 millones, impactando la sostenibilidad de la empresa y sus proyecciones de inversión futura.
En este contexto, Blumar ha debido reevaluar su plan de desarrollo asociado al jurel destinado a consumo humano en la Región del Biobío, uno de los recursos más afectados por el nuevo fraccionamiento. Entre los proyectos comprometidos se encuentra una iniciativa en la comuna de Coronel, que contemplaba inversiones por aproximadamente US$ 45 millones y la generación de 250 nuevos empleos directos e indirectos.
“Somos una empresa responsable, seria y profesional. Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino especialmente los de nuestros trabajadores y de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla”, señalaron desde Blumar.
Con 77 años de trayectoria, presencia en más de siete regiones del país, más de mil trabajadores en su segmento pesquero y cerca de 8 mil beneficiarios en proyectos comunitarios, Blumar desarrolla una labor relevante en torno a recursos como el jurel, bajo estándares de sostenibilidad y regulación científica. La compañía reiteró su compromiso con un desarrollo pesquero sostenible, basado en reglas claras y estables que permitan compatibilizar inversión, empleo regional y protección de los recursos marinos.
Fotografía: Archivo Blumar.
