La decisión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de aprobar subastas de cuotas de recursos pelágicos para el sector industrial durante la sesión del día de ayer, generó una inmediata y dura reacción en los gremios pesqueros. Tanto los Pescadores Industriales del Biobío como la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) advirtieron que la medida compromete seriamente la viabilidad del sector, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y la actividad económica regional.
Biobío: “Un misil a la línea de flotación”
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, calificó lo sucedido como un golpe letal para la industria regional. “Este es un golpe de gracia del Gobierno a nuestra actividad. Nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales con la propuesta del Ejecutivo y con ello se hace inmediatamente inviable la operación de Landes en Talcahuano y FoodCorp en Coronel, además de la planta de conservas de Camanchaca en la misma comuna, pues esas plantas industriales no pueden operar con el 40% de lo que hoy procesan”, explicó.
Cepeda acusó a las autoridades de Economía de sostener un “doble discurso”, impulsando por un lado el Plan de Fortalecimiento Industrial y por otro debilitando la capacidad productiva del Biobío. “Nos repiten por la prensa que la idea tras el cierre de Huachipato es recuperar la capacidad industrial de la región, sin embargo, las mismas autoridades de la cartera de economía trabajan incansablemente para cerrar empresas pesqueras, eliminar empleos formales y de calidad y dañar la capacidad de producción de alimentos de alto valor agregado en nuestra zona”, señaló.
La dirigenta enfatizó que las subastas se concentran en los recursos pelágicos —jurel, sardina, anchoveta y reineta— que son la base de la industria en el Biobío. “Lo que propone el gobierno es un misil a la línea de flotación de la actividad pesquera industrial del Biobío, pues sólo afecta al jurel, la sardina y anchoveta y la reineta. Un diseño político desde el corazón ideológico del Gobierno destinado a enterrar nuestra actividad y de paso desatando una crisis social y económica de proporciones en esta parte del país”, dijo.
Además, responsabilizó a parlamentarios de la zona por haber permitido que la carga se concentre exclusivamente en la región. “El gremio además advirtió que la indicación que dejó el problema exclusivamente en el Biobio provino del diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas, pero con la aprobación de la diputada comunista por Coronel y Talcahuano, Candelaria Acevedo, parlamentaria que precisamente representa las comunas que se verán más afectadas por la medida del Gobierno”.
En este contexto, llamó a otros sectores productivos del Biobío a respaldar la postura del gremio. “Quiero hacer un llamado al sector productivo y empresarial del Biobío a solidarizar con nuestra actividad y abandonar definitivamente el Plan de Fortalecimiento que impulsa el Gobierno en la zona. Como gremio creemos que se ha jugado con la buena fe de quienes allí participan, pues sólo se busca mantener artificialmente la paz social ante el grave e inexorable deterioro económico, social y productivo del Biobío que ha ocasionado este Gobierno en la Región del Biobío”, señaló.
Sonapesca: “Miles de empleos se verán en riesgo”
En paralelo, desde el nivel nacional, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) también reaccionó con preocupación. Su presidente, Felipe Sandoval, subrayó que la medida puede generar un impacto social de gran magnitud. “Lamentamos la aprobación de las licitaciones del 50% de los recursos pelágicos que, si bien buscan financiar la plataforma social de los pescadores artesanales, lo hacen a costa de un profundo impacto social derivado del desempleo en la pesca industrial. Por un lado, se generan fondos para apoyar a un sector; pero por otro, se provocan graves consecuencias laborales y sociales que dejan sin sustento a miles de familias”.
Sandoval detalló que “los trabajadores pelágicos —especialmente de jurel y anchoveta— serán los más afectados, con consecuencias inmediatas en la región del Biobío, así como en las regiones de Atacama, Coquimbo, Tarapacá y Arica. Miles de empleos se verán en riesgo, en su mayoría ocupados por mujeres”.
El dirigente recordó que los efectos se suman a la reciente aplicación de la Ley de Fraccionamiento, que ya había reducido el acceso a cuotas. “Muchas compañías se verán obligadas a cerrar, dejando a miles de personas sin sustento laboral”, advirtió.
Además, señaló que el argumento de protección regional planteado en la tramitación no se sostiene. “El argumento del diputado de la región de Aysén, según el cual la medida busca proteger a las regiones, no es válido, ya que la normativa podría afectar en un futuro a la reineta, un recurso clave para la zona, si se ampara bajo las disposiciones de las LTP, en el marco de la nueva Ley de Fraccionamiento”.
Sandoval también alertó sobre un eventual efecto fiscal negativo. “A esto se suma la creación de un nuevo déficit fiscal ya que, al destinar el impuesto específico del jurel a esta plataforma social, el Estado dejará de percibir recursos relevantes, sin que hasta ahora exista un informe financiero que respalde la medida”.
Finalmente, recordó que existen cuestionamientos legales sobre la constitucionalidad de la norma. “Diversos informes jurídicos —entre ellos el del abogado y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca— han advertido que esta norma sería inconstitucional”, afirmó.
Fotografía: Pescadores Industriales del Biobío
