Un conjunto de organizaciones de pescadores artesanales de la región de Aysén, entre las cuales se encuentran dirigentes de organizaciones artesanales de Puerto Aysén, Puerto Puyuhuapi y Puerto Chacabuco, envió una carta a las comisiones de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, manifestando su “profunda preocupación y molestia” por la forma en que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura distribuyó el aumento de la fracción artesanal de la merluza del sur (Merluccius australis) para 2026, en el marco de la Ley N° 21.752.
El documento, fechado el 6 de enero de 2026 en Puerto Aysén, sostiene que la autoridad no cumplió con el mandato legal de promover equidad regional ni de transparentar los criterios utilizados.
Según la misiva, la ley estableció un fraccionamiento diferenciado por áreas —región de Los Lagos y la zona sur-austral (Aysén y Magallanes)— y ordenó que el aumento de cuota se distribuyera considerando, entre otros factores, la disponibilidad del recurso, la concentración de biomasa, el estado de conservación y la situación de las regiones menos favorecidas.
Distribución 2026 bajo la lupa
El foco de la crítica es la Resolución Exenta N° 3042-2025, que repartió un aumento total de 1.491 toneladas: 1.178 para Los Lagos, 215 toneladas para Aysén y 98 toneladas para Magallanes. Para las organizaciones firmantes, este resultado es “desproporcionado e insatisfactorio” para Aysén, considerando que la propia discusión técnica ha señalado una alta concentración de biomasa del recurso en la zona sur-austral.
En la carta se afirma que la Subsecretaría invoca “uso histórico y disponibilidad del recurso”, pero en la práctica utiliza como indicador dominante la distribución histórica de la fracción artesanal, lo que reproduce inequidades previas y contradice el objetivo legal de equidad regional. En palabras del documento: “La ‘disponibilidad del recurso’ se invoca como concepto, pero se reemplaza por un criterio que reproduce mecánicamente la distribución anterior, frustrando el objetivo legal de equidad”.
Evidencia científica no considerada
Las organizaciones también aportan antecedentes científicos del Comité Científico Técnico de Recursos Demersales Zona Sur Austral (CCT-RDZSA), basados en información del IFOP. El crucero hidroacústico 2025 reportó presencia de merluza del sur en el 95% del área prospectada entre 43°30’ y 47°00’ S, identificando un foco principal al sur de Isla Guamblín que concentra el 81,05% de la densidad y el 62% del área de distribución. Además, la biomasa total del stock se estimó en 117.237 toneladas y la biomasa desovante en 100.625 toneladas.
En cuanto al desempeño de la flota artesanal, el mismo informe indica que en 2024 el rendimiento nominal fue mayor en Aysén (207 g/anz) que en Los Lagos (155 g/anz), y que la talla media capturada en Aysén alcanzó 78 cm, frente a unos 66 cm en Los Lagos, con menor proporción de ejemplares bajo talla de referencia en la zona sur-austral. Para los firmantes, estos datos “son consistentes con una mayor disponibilidad/estructura del recurso en la zona sur-austral” y debieron ser decisivos en la asignación del aumento.
Exigencia de transparencia y fiscalización
La carta destaca que la Ley 21.752 obliga a publicar los elementos y ponderaciones utilizados para distribuir los aumentos de cuota, lo que —según las organizaciones— no se ha cumplido de manera satisfactoria, impidiendo el control ciudadano y parlamentario.
En ese contexto, los pescadores artesanales solicitan formalmente que se cite al subsecretario de Pesca y Acuicultura para que explique qué información de biomasa y concentración regional se usó, por qué se privilegió el uso histórico por sobre la equidad regional, cómo se evita generar incentivos de esfuerzo incompatibles con una pesquería sobreexplotada y cuándo se publicarán los criterios exigidos por la ley.
El documento concluye que lo que está en juego no es solo el resultado del reparto 2026, sino el precedente institucional: “Una ley aprobada con la promesa de mayor equidad regional y transparencia termina aplicada mediante criterios poco claros, que no permiten verificar si se cumplió el mandato que el propio Congreso estableció y perjudicando a quienes debía ayudar”.
Fotografía de contexto: Archivo
