En el Museo Casa Colorada, en Santiago, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán; la superintendenta del Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plumer, y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, encabezaron el lanzamiento del Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA) 2025, una herramienta destinada a acercar información ambiental a la ciudadanía y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia científica.
El REMA 2025 considera más de 200 indicadores y aborda materias como calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad, cambio climático y economía circular, en respuesta a la denominada triple crisis ambiental: Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
La presentación de los principales resultados estuvo a cargo del jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Víctor Caro, quien expuso las principales tendencias y diagnósticos del reporte. Posteriormente, la ministra Maisa Rojas moderó un conversatorio con las máximas autoridades ambientales —Valentina Durán (SEA), Marie Claude Plumer (SMA) y Aarón Cavieres (SBAP)—, enfocado en los avances y desafíos de la institucionalidad ambiental durante los últimos cuatro años.
Cambio climático
El reporte confirma que Chile ya experimenta los efectos del cambio climático, con aumento de temperaturas extremas, disminución de las precipitaciones y una megasequía que se ha extendido por 15 años, afectando especialmente a la zona sur del país. Este escenario ha intensificado las olas de calor, los incendios forestales y la presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas.
En este contexto, la ministra Maisa Rojas destacó la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, con planes sectoriales de mitigación y adaptación aprobados en coordinación con 17 servicios del Estado. “Este esfuerzo sienta las bases para enfrentar la triple crisis con políticas robustas y participación ciudadana. El desafío ahora es alinear la inversión pública y privada con estos instrumentos para acelerar la acción climática”, señaló.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán relevó el rol del sistema de evaluación de impacto ambiental en este proceso. “Como Servicio de Evaluación Ambiental, nuestra contribución en el 2025 ha sido la aprobación ambiental de más de 41.000 millones de dólares en inversión. Son proyectos que demuestran a la sociedad que cumplen con la normativa ambiental y que se hacen cargo de sus impactos ambientales significativos, todo esto con participación ciudadana”, indicó. Agregó que “es nuestra función legal administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, asegurando trazabilidad, rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero también es nuestra obligación hacer esto de manera eficiente y con el aporte que hoy nos entrega la tecnología”.
“Nuestra función legal es evaluar los proyectos, asegurando participación ciudadana, pero también es nuestra obligación hacerlo de manera eficiente. Y por eso estamos modernizando el sistema de evaluación de impacto ambiental en su plataforma electrónica, incorporando inteligencia artificial y una serie de herramientas que nos permiten dar mejor transparencia, un mejor conocimiento del estado del medio ambiente y del impacto de los proyectos en este”, cerró Durán.
Contaminación: avances y desafíos
La ministra Rojas reconoció que la contaminación del aire, del agua y del suelo sigue siendo uno de los desafíos más complejos por su impacto en la salud de las personas y la existencia de pasivos ambientales. “Hemos actualizado planes y normas para sostener mejoras de calidad ambiental y reducir riesgos para la población”, indicó.
Entre los principales avances se destacaron 21 Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigentes en 13 regiones, desde Antofagasta hasta Aysén, que benefician a cerca de 12 millones de personas; la existencia de nueve normas primarias de calidad del aire; y la consolidación de la Ley REP, con metas de recolección y valorización ya en funcionamiento. Entre 2022 y 2025, los sistemas de gestión aumentaron de uno a 34, mientras que los productores adheridos pasaron de uno a 2.757. Asimismo, se reportó la valorización de 215.592 toneladas de envases y embalajes entre 2023 y 2024.
En este marco, la superintendenta Marie Claude Plumer sostuvo que “el Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025 entrega antecedentes claves sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país. Estos datos confirman que el cumplimiento de la normativa es indispensable para proteger los ecosistemas y la salud de las personas. En ese marco, la Ley REP cumple un rol estratégico al promover una gestión responsable de los residuos y avanzar hacia una economía circular. La labor de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y el fortalecimiento de la trazabilidad son fundamentales para asegurar que estas obligaciones se cumplan de manera efectiva”.
Biodiversidad y nueva institucionalidad
Otro de los hitos del período es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que comenzará a operar en febrero de 2026. “Con el SBAP cerramos una deuda histórica. Hemos aprobado 13 reglamentos y definido 19 nuevas áreas protegidas, incluida la red de salares, para resguardar ecosistemas estratégicos”, destacó la ministra Rojas.
Por su parte, el director del SBAP, Aarón Cavieres, subrayó que “este reporte 2025 destaca la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el cual se completa la institucionalidad ambiental de nuestro país. Esto se traduce, en primer lugar, en que Chile integrará por primera vez todas las áreas protegidas del país en un solo sistema articulado de manejo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este incluye las áreas protegidas terrestres y marinas, públicas y privadas, lo que significa que la ciudadanía podrá disfrutar del acceso a un número mayor de áreas protegidas”.
Agregó que “un tema novedoso aparejado a la creación del SBAP es el manejo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, mediante un conjunto amplio de instrumentos donde la comunidad y el mundo privado con interés en la conservación tendrán un papel importante”.
Océanos: presión creciente sobre ecosistemas clave
El Capítulo 5 del Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025 confirma que el océano chileno enfrenta una combinación simultánea de presiones climáticas, productivas y ambientales que están tensionando su capacidad de resiliencia. Uno de los indicadores más relevantes es la temperatura superficial del mar, que muestra una alta variabilidad interanual pero con episodios de calentamiento más marcados en 2015–2016 y 2023, coherentes con eventos El Niño. Regiones como Arica y Antofagasta presentan los valores más altos y mayor amplitud térmica, mientras que Valparaíso se mantiene más estable, lo que sugiere un océano cada vez más sensible a forzantes climáticos.
En materia de estado de las pesquerías, el informe revela que entre 60% y 70% de las especies se mantiene en condición no sostenible entre 2014 y 2024. Recursos emblemáticos como el alfonsino, besugo y sardina española permanecen colapsados, mientras que la merluza común y la reineta continúan mayoritariamente sobreexplotadas. Solo cerca del 40% de las especies evaluadas se encuentra en condición sostenible, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la recuperación y la fiscalización.
El Índice de Salud de los Océanos muestra que Chile logró un desempeño destacado hasta 2021, superando los promedios regionales y globales, pero desde 2022 se observa un retroceso pronunciado, cayendo a 69,6 puntos en 2024. Esta tendencia, alineada con descensos internacionales, abre una ventana crítica para reforzar las políticas de resiliencia climática y protección de la biodiversidad.
El capítulo también alerta sobre la carga de contaminantes al océano. En 2023 se descargaron 1,29 millones de toneladas de residuos líquidos industriales, de los cuales el 81% provino de termoeléctricas y el 7% de la pesca y la acuicultura. Aunque gran parte corresponde a sales de baja toxicidad relativa, el informe advierte que nutrientes, aceites, grasas e hidrocarburos, aun en menores volúmenes, pueden generar impactos relevantes en ecosistemas sensibles, especialmente en bahías cerradas y zonas de alta productividad.
En cuanto a residuos sólidos, la acuicultura concentra cerca del 75% de los residuos plásticos y 77% de los metálicos generados por el sector pesquero y acuícola en 2024, lo que abre un espacio concreto para acelerar soluciones de economía circular y mejoras en la gestión de desechos industriales marinos.
Finalmente, el capítulo releva los impactos directos sobre la fauna marina. En 2023 se registraron cerca de 26.000 varamientos, impulsados principalmente por el brote de gripe aviar que afectó pingüinos, pinnípedos y cetáceos. Aunque en 2024 la cifra bajó a poco más de 2.700, el informe subraya que estos eventos reflejan la vulnerabilidad creciente de los ecosistemas frente a amenazas sanitarias y climáticas.
Como contrapeso, Chile exhibe avances relevantes en conservación marina: Magallanes protege el 62% de su superficie marina, Aysén el 40% y Los Lagos el 35%, mientras que ecorregiones oceánicas como Isla de Pascua, Islas Desventuradas y Juan Fernández superan ampliamente el 50% de protección. Sin embargo, el informe advierte fuertes brechas en zonas costeras del centro-sur, que deberán ser priorizadas para cumplir las metas 30×30 de conservación global.
Fotografía: MMA
