El anuncio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de retirar el proyecto de nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, impulsado por el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, generó una inmediata y dura reacción desde distintos actores del sector pesquero, particularmente desde la pesca artesanal.
La decisión, que según la autoridad busca abrir un proceso de revisión técnica y avanzar mediante modificaciones específicas a la normativa vigente, fue interpretada por organizaciones y dirigentes como un retroceso en un proceso que llevaba años de discusión y participación.
Desde la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío-Ñuble (Ferepa Biobío), su presidente, Cristian Arancibia, manifestó preocupación por lo que calificó como inconsistencias en la conducción del proceso. En ese contexto, afirmó que “mientras la minuta del Gobierno plantea fundamentos para retirar el proyecto en curso, las declaraciones emitidas hace pocos días por el subsecretario dan cuenta de una línea distinta, señalando que no se impulsarán iniciativas de carácter refundacional, sino más bien modificaciones puntuales sobre la legislación vigente. Esta contradicción no es menor: refleja falta de coherencia en la conducción de una política pública estratégica para el país y genera incertidumbre en el sector pesquero artesanal”.
Agregó que “cabe recordar que el proceso de discusión de una nueva Ley de Pesca ha implicado un esfuerzo significativo por parte de la pesca artesanal, tanto en despliegue territorial como en elaboración de propuestas. Este trabajo se sustenta en la necesidad ampliamente compartida de avanzar hacia un marco legal legítimo, considerando además que la legislación vigente arrastra un origen cuestionado que ha afectado su validación social”.
Críticas aún más duras provinieron desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal. Su presidente, Cristian Arancibia sostuvo que “retirar este proyecto es, en la práctica, darle ‘respiración artificial’ a la actual Ley Longueira, una normativa nacida de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chile”.
Desde la misma organización también advirtieron sobre los impactos del retiro en materia de financiamiento para el sector. En ese contexto, Cortés señaló que “las licitaciones no son solo técnica pesquera; son el motor financiero de la Plataforma Social para la Pesca Artesanal. Si el gobierno saca las licitaciones de la mesa, le quita el financiamiento a la seguridad social, a las jubilaciones dignas y al apoyo de nuestras familias. Una reforma sin financiamiento es simplemente un maquillaje para que todo siga igual”.
Asimismo, el dirigente alertó sobre un posible aumento de la conflictividad social, afirmando: “La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley nacida de la corrupción. Si el camino institucional se cierra o se dilata artificialmente para favorecer a un grupo acotado de pesqueras que se repartieron la torta del mar, el malestar va a desbordar cualquier posibilidad de diálogo”.
A nivel político, la diputada Carolina Tello también expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo, señalando que “mantener la actual Ley, es un traje a la medida de las 7 familias más poderosas de la pesca al querer preservar las licencias transables de pesca tipo A. Esto no sólo es una falta de respeto y así lo han hecho saber todos los dirigentes que se han comunicado conmigo, sino que también existen herramientas, si la intención es revisar el contenido del proyecto para que se incorporen indicaciones, sustituciones, en la Comisión de pesca, que es el lugar democrático, en la cual se deben discutir los temas más importantes para nuestro país”
Desde el mundo dirigencial, el tono fue igualmente crítico. El dirigente de la Coordinadora Alianza del Norte, Coranor y de la jibia, Pascual Aguilera, sostuvo que “después de dos años de trabajo, de maquillar lo que está, a la nefasta Ley Longueira, ahora llega este Gobierno y de una plumada retira lo que se ha hecho, o sea nos mira como insignificantes, como si no fuéramos nada, no existimos. Se ha puesto de moda el retiro de proyectos, decretos, sin conversar, sin consensuar, sin nada. Ellos nos están invitando a una guerra en la cual nosotros no queremos participar, pero no podemos hacer más. La respuesta oficial que daremos será muy potente”.
Fotografía referencial: Instituto Milenio Secos
