Sergio Hernández (Aprimin): “Estamos afectando realmente la competitividad del país”

En el marco del cierre del Mes de la Minería y de la reunión de socios de la Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria (Sutmin), se invitó al abogado experto en minería, Sergio Hernández -director de la Asociación de Proveedores Industriales (Aprimin)- a exponer cuáles serán los principales desafíos en materia legislativa minera.

Es así como el profesional minero comenzó exponiendo sobre cómo se llegó a la actual propuesta de Royalty, explicando que comenzó a tomar forma en 2018 mediante una moción parlamentaria presentada en la Cámara de Diputados y Diputadas. “Varios diputados dicen que el Royalty no existe, lo que no es cierto. Existe desde el año 2005, lo que sucede es que adoptó la forma de determinación de impuestos a la renta y no sobre la venta, pero los fundamentos que autorizan a los Estados a cobrar royalty-que es la compensación por el deterioro de los recursos naturales del país- son los que se denominan como Royalty. Por eso, efectivamente contamos con un Royalty”, enfatizó Hernández.

Posteriormente, tras ser aprobada por la Cámara Baja con cargas de gravamen desproporcionadas, el Senado modificó la moción dejando una carga tributaria total de un 48%, la cual es alta, “pero dentro de rangos competitivos”, explicó el director ejecutivo de Aprimin.

Impacto en la competitividad

Ahora, el gobierno consideró modificaciones en el marco de la Reforma Tributaria, considerando operaciones netamente de cobre, no de otras pastas. Hernández explicó que la propuesta de Royalty no se aplica a productores con menos de 50.000 tm de cobre fino anuales. “Curiosamente, a pesar de que se deroga el Impuesto Específico a la Minería, se mantendría vigente a aquellos que no se vean afectados por el nuevo Royalty, algo difícil de interpretar y aplicar”, señaló.

La propuesta de Royalty contempla dos componentes, uno ad valorem (sobre ventas) entre 1% y un 2% para productores entre 50.000 mt y 200.000 mt; mientras que se aplicará entre un 1% y un 7% para aquellos con más de 200.000 mt. “Esta tasa varía respecto al precio del cobre y no respecto a las utilidades”, mencionó Hernández. Después hay un segundo componente sobre la renta minera que varía entre 2% y 32% en la rentabilidad operacional con precios entre US$ 2 y US$ 5 por libra.

“Si se desea un sistema para incentivar la inversión y también compensar al Fisco en forma más justa, no se encontró –a mi juicio- mejor forma que la lógica que establece el Impuesto Específico a la Minería. Contempla tasas crecientes de acuerdo a la tasa operacional, y que, en caso de que las compañías pierdan no lo paguen y cuando hay ganancias mayores aporten más al Fisco”, especificó el líder gremial.

Hernández concluyó que, “como hay varias compañías que tienen costos por sobre los US$3 dólares la libra, estamos afectando realmente la competitividad del país al observar las tasas efectivas (…) la carga tributaria sería de un 58% en total con los actuales precios de cobre, 12 puntos por sobre márgenes competitivos”.

Luego de culminar su presentación sobre Royalty, Sergio Hernández se centró en evaluar la propuesta de Nueva Constitución.

Tras analizar aspectos generales de la propuesta de Carta Magna, tales como plurinacionalidad, derechos sociales, derechos fundamentales y las instancias de democracia directa, se centró en revisar aquellos elementos que guardan relación con la minería.