El trabajo —contenido en el capítulo “Knowledge and Research on Chilean Fisheries Resources: Diagnosis and Recommendations for Sustainable Development” del libro World Fisheries: A Social-Ecological Analysis— fue desarrollado con el objetivo de definir qué conocimientos existen, cuáles faltan y cómo deberían estructurarse los programas de investigación para apoyar una administración moderna. El estudio destaca que, si bien existe un acervo importante sobre biología pesquera, aún se requiere avanzar hacia una mirada más amplia e integrada.

Un sistema de información desequilibrado

El diagnóstico identifica 61 elementos de conocimiento necesarios para comprender el funcionamiento del sector, agrupados en cinco áreas: Oceanografía, biología, tecnología, economía/socioeconomía y gobernanza. Sin embargo, la distribución de la investigación en estas áreas es muy desigual.

Durante las últimas décadas, la mayor parte de los trabajos se ha concentrado en:

• Distribución, abundancia y estructura poblacional.
• Reclutamiento, crecimiento y mortalidad natural.

Esfuerzo pesquero, capturabilidad, desembarques y productos

Estos campos presentan la menor cantidad de información faltante, con cifras cercanas al 10% o menos. Para los autores, esto refleja un desarrollo positivo, pero insuficiente frente a los desafíos actuales.

Las brechas más importantes aparecen en los otros pilares del sistema:

• Oceanografía: 73% de la información requerida no ha sido investigada o es insuficiente.
• Economía y bioeconomía: 88% de los elementos clave carecen de estudios adecuados.
• Macroeconomía: 87% de los datos necesarios están ausentes.
• Aspectos sociales y de gobernanza: aunque analizados parcialmente, requieren investigación profunda y sistemática.

Este desequilibrio limita la capacidad de comprender cómo interactúan los factores ambientales, económicos y sociales que influyen en el comportamiento de los recursos y en la sostenibilidad de las pesquerías.

La gran deuda: comprender el entorno oceanográfico

La revisión de las 31 especies que representan cerca del 80% de los desembarques nacionales muestra que la investigación oceanográfica ha sido notoriamente insuficiente. Elementos como circulación costera, ondas de Rossby, cambios de régimen, turbulencia, vientos y la incidencia de ENSO son críticos para entender las fluctuaciones de los recursos pelágicos y demersales.

A pesar de su importancia, solo un número reducido de especies presenta estudios asociados a estas variables. El diagnóstico subraya que este es uno de los mayores impedimentos para avanzar hacia un manejo ecosistémico y adaptativo, especialmente en un país altamente expuesto a variabilidad ambiental.

Otro hallazgo relevante es la ausencia casi total de análisis económicos y socioeconómicos. No existen series suficientes sobre costos marginales, demanda del producto final, externalidades, eficiencia económica o valor del ecosistema. Tampoco existe información sistemática sobre subsidios, tasas de descuento aplicables al recurso o sobre el comportamiento del mercado en escenarios de variabilidad ambiental.

Los autores advierten que esta falta de investigación limita la posibilidad de evaluar la sustentabilidad económica de las pesquerías y dificulta la formulación de políticas de largo plazo.

En materia de gobernanza, el estudio identifica 30 problemas estructurales, entre ellos:

• Poca coordinación entre instituciones.
• Marcos normativos incompletos o poco flexibles.
• Escasa capacidad técnica en el Estado.
• Debilidades en los procesos sancionatorios.
• Falta de articulación entre actores.
• Limitada aplicación del principio precautorio.

De ellos, doce son catalogados como críticos y condicionan el funcionamiento del sistema. Para los autores, sin un fortalecimiento institucional sostenido, incluso la mejor información científica puede resultar insuficiente.

Hacia un programa nacional de investigación más robusto

El análisis concibe la pesca como un sistema complejo donde interactúan variables ambientales, biológicas, tecnológicas, económicas y sociales. Bajo esta lógica, los investigadores desarrollaron un modelo que permite identificar cuáles elementos tienen mayor influencia en el sistema y, por lo tanto, deberían ser prioritarios en un programa nacional de investigación.

Entre los elementos más influyentes se encuentran:

• Procesos oceanográficos de gran escala.
• Cambios de régimen.
• Demanda y precios del producto final.
• Subsidios y factores macroeconómicos.
• Patrones tecnológicos de explotación.

Estos factores, denominados forcing elements, condicionan la respuesta del sistema y deben ocupar un lugar central en las investigaciones futuras.

El estudio concluye que, aunque la base biológica y tecnológica debe seguir fortaleciéndose, es urgente desarrollar líneas de investigación en oceanografía aplicada, economía pesquera, macroeconomía, ciencias sociales y gobernanza. Solo así Chile podrá avanzar hacia una gestión verdaderamente sostenible, basada en evidencia y capaz de adaptarse a escenarios de creciente incertidumbre ambiental.

Lea el estudio aquí.

Fotografía referencial: Alpescas

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La actividad se enmarcó dentro de las giras organizadas por CIE Chile anualmente, la cual coincide con la realización de la feria IMARC en Melbourne, Conferencia Internacional de Minería y Recursos, que contó con la participación del Subsecretario de Minería Ignacio Moreno en sus paneles de discusión.

“Participar de esta instancia es fundamental para dar a conocer el Programa Alta Ley  y observar de primera fuente la institucionalidad público privada que apoya la innovación en minería en Australia.  Nos hemos reunido con los máximos ejecutivos de CRC MIning, Mets Ignite, Csiro Mining, ICN y Austmine. Esto es fundamental para promover instancias de trabajo colaborativo que apoyen el desarrollo del sector de proveedores locales en nuestro país”, indicó Mauro Valdés, presidente del Programa Nacional de Minería Alta Ley.

El Programa Nacional de Minería Alta Ley, es una iniciativa de Corfo y el Ministerio de Minería, coordinada por Fundación Chile, cuyo principal objetivo es fortalecer la productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y sus proveedores, con el fin de impulsar el desarrollo del país.

Durante noviembre se lanzó su página web, en la cual se encuentra disponible información sobre las principales iniciativas y actividades desarrolladas en torno al programa.

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“Jorge Pizarro (Cristi) ha cumplido una excelente labor a cargo del Comité de Inversiones Extranjeras, acabamos de legislar respecto de una nueva institucionalidad que nos va a dar un nuevo empuje en materia de promoción de inversiones extranjeras”, dijo Céspedes al referirse al trabajo realizado por Pizarro en el CIE.

Respecto a su reemplazo señaló que vienen dos etapas: “Una es el concurso  (de Alta Dirección Pública) que toma su tiempo y por lo tanto, vamos a tener que nombrar a un provisional transitorio en la vicepresidencia del Comité”, aunque admitió que “todavía no tenemos definido un nombre para ese cargo provisional”.

El 27 de mayo el hijo del presidente de la DC, Jorge Pizarro, anunció que no postularía al proceso de concurso público que conlleva la ley que reestructura el CIE y crea una agencia de inversión extranjera.

La decisión de Jorge Pizarro Cristi fue gatillada por su vinculación con el caso SQM, junto a su hermano Sebastián, cuando se dio a conocer que la empresa Ventus Consulting S.A., de propiedad de los referidos hermanos, figura dentro de la lista de boletas y facturas sin respaldo de SQM que fue denunciada por el SII. La empresa aparece con once facturas, por un total de $45 millones.

De hecho, ayer asistió a la Fiscalía Nacional a declarar por la arista SQM del caso Penta. Sin embargo, tras permanecer un par de minutos se retiró del recinto indicando que no habían fiscales para prestar la declaración

Cabe recordar que Jorge Pizarro Cristi tiene una activa relación con la Nueva Mayoría, es casado con Paula Pacheco, hija del ministro de Energía Máximo Pacheco, y quien es jefa de gabinete del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Trabajó en la última campaña de Michelle Bachelet, donde fue parte de los comités políticos del comando, junto con el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

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[Von Mühlenbrock: “Hacemos un llamado al gobierno para crear en conjunto una agenda pro confianza”]

Los consultados no se refieren a las grandes reformas que impulsa el Gobierno en lo laboral o constitucional. Son iniciativas más acotadas, pero también de efectos sistémicos las que les preocupan.

El proyecto sectorial que más polémica genera es la reforma al Código de Aguas. No les gusta ni a las mineras, ni a las eléctricas, ni a la agricultura, que sumadas son el 20% del PIB del país, según el Comité de Inversiones Extranjeras. Todas estas industrias advierten que un cambio en esta norma afectará la propiedad adquirida; hará más difícil la búsqueda de financiamiento bancario, porque los derechos de agua se usan como garantías en el sector financiero, e impedirá en algunos casos hacer proyectos mineros o centrales hidroeléctricas.

Otra normativa tan conflictiva como esta es el nuevo Sernac, o “Sernac con dientes”. El comercio en particular plantea que ya que el director de este organismo va a tener tanto poder, “proponemos que el Sernac tenga un consejo directivo con directores profesionales e independientes, que pueda dictar normas y aplicar sanciones”, dice el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. También que este consejo no sea meramente consultivo, sino que vinculante en temas como las acciones de clase.

Pero hay otros proyectos de ley que complican tanto o más. Por ejemplo, la normativa de glaciares afecta la actividad minera. La descentralización, a sectores como el portuario o el eléctrico. O los límites a la polifuncionalidad del trabajador en las pymes.

 Glaciares: advierten que ley afectaría actividad minera

El desarrollo minero se hace y se hará en zonas montañosas. Por eso es tan sensible para esta industria la ley que regula cualquier actividad en los glaciares, esas enormes masas de hielo que se mueven lentamente y que en Chile están en toda la cordillera de los Andes.

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) alerta que es necesario compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, y por ello se requieren definiciones precisas respecto de qué es un glaciar y cómo contribuye al ecosistema, “de manera de permitir la realización de actividades en zonas adyacentes a glaciares que no tengan un rol significativo como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano”, señala Carlos Gajardo, gerente de Medio Ambiente de Sonami.

El proyecto originalmente prohibía cualquier acción que pudiera afectar directa o indirectamente a un glaciar. Aunque la iniciativa se moderó, los mineros aún advierten que hay normas que son impracticables, como la obligación de reconstituir un glaciar cuando este se vio impactado por la actividad humana.

La Sonami reclama que el proyecto mantiene la protección para formaciones de hielo de menor tamaño, aunque su aporte hídrico sea muy escaso. Y como se fija un área de protección para su entorno, ello puede inhabilitar espacios muy importantes para la actividad minera.

Si bien esta industria reconoce que esta nueva iniciativa contiene una definición de glaciar más acorde con las descripciones internacionales, critican que deban pedir un nuevo permiso ambiental para las obras o actividades en las zonas aledañas y advierten que hay una duplicidad de autorizaciones con la Dirección General de Aguas, así como mayores demoras en las evaluaciones y mayor carga de trabajo para dicho servicio.

El Consejo Minero ha criticado que si se declaran los glaciares como “bienes nacionales de uso público”, ello trae una serie de inconvenientes legales y la obligación de definir con normas quién puede usar estas formaciones, qué pueden hacer en ellas, qué pasa con la propiedad aledaña a un glaciar, quién autoriza para acceder a este, quién los cuida si son de todos, y un largo etcétera.

Polifuncionalidad: “letal para las pymes”

Es un proyecto del Ministerio del Trabajo que ya está en el Senado y al que el Gobierno le ha dado prioridad legislativa. Apunta a limitar la polifuncionalidad, de manera que un trabajador pueda realizar dos o más funciones específicas, siempre y cuando estas labores alternativas o complementarias correspondan a “la misma naturaleza de los servicios contratados”.

“Esta iniciativa es letal para las pymes, donde una vendedora también es cajera y de repente limpia el local”, dice Manuel Melero, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Complica la contratación, y si bien sabemos que se puede prestar para abusos, creemos que debiera establecerse un límite por tamaño de empresa. Por ejemplo, que se libere a la pyme de este requisito, poniendo un límite de hasta 25 a 30 trabajadores. Y sobre esa cantidad, que se adopte este criterio de polifuncionalidad”, argumenta.

Nuevo estatuto para el trabajador agrícola activó alarmas en la SNA

Durante los últimos años, el agro venía trabajando con las autoridades un cambio en el estatuto laboral para el trabajador agrícola. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fue activa en este proceso, particularmente en el gobierno del Presidente Piñera, cuando se acordó una iniciativa que se tramitaba en el Congreso pero que hoy está detenida. Por eso, el anuncio de la Presidenta Bachelet, este 21 de mayo, respecto a que se iba a gestar un nuevo trato para el trabajador agrícola tomó por sorpresa al sector.

“El anuncio de un nuevo estatuto, que pronto iniciaría trámite legislativo, ratifica que la iniciativa que está en el Congreso no será tomada en cuenta”, señaló al respecto la SNA. El gremio trabajó siete años con trabajadores y empresas del agro para acordar un cuerpo legal para el sector que, entre otras cosas, establecía la opción de dividir la jornada diaria, contar con pactos agrícolas por una o más faenas y flexibilizar horarios, atendiendo a la temporalidad del trabajo. “Hoy no sabemos qué quiere el Gobierno”, dice la SNA.

El recurso humano es estratégico en la producción agrícola, particularmente en la fruticultura. La agricultura es el tercer sector que más generan empleos en el país. En regiones con alta vocación agrícola, como O’Higgins y el Maule, el empleo en el agro representa entre el 25 y 30% de la ocupación regional. Un cambio en las reglas podría impactar directamente, alerta la SNA.

Descentralización: ¿Dónde hacer actividades necesarias para el país, pero impopulares?

Aunque es una reforma política, tiene inquietas a las empresas: la ley de descentralización. El proyecto fue anunciado este año en Valdivia por la Presidenta Bachelet y establece mayores atribuciones a los gobiernos regionales y a los intendentes, quienes serían elegidos a partir de los comicios de 2017.

El proyecto implica una reforma constitucional. Como los cargos serán por elección popular, muchas empresas temen que los intendentes enfoquen su gestión en satisfacer a su comunidad y no en sacar adelante proyectos necesarios, aunque sean impopulares.

El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, dijo al respecto que si bien es “loable el esfuerzo de las regiones de darse su vocación productiva, esto puede desembocar en la paradoja de no contar con zonas para hacer inversiones de interés nacional, como puertos o centrales eléctricas”.

La iniciativa, entre otros aspectos, crea tres nuevas divisiones en la estructura del gobierno regional: división de Fomento e Industria; Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transportes, con los correspondientes cargos directivos y de apoyos. También establece la obligatoriedad del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, aspecto en el cual el presidente de Colbún insta a poner una mirada más integral enfocada en el crecimiento, la inversión y la productividad.

Otro aspecto que inquieta al sector privado es el empoderamiento regional. Rodrigo Weisner, ex titular de la Dirección General de Aguas y socio de Puga Ortiz, explica que este mayor poder “elimina la posibilidad de recurrir a las autoridades centrales cuando en las regiones se adoptan decisiones adversas o arbitrarias”.

Sin embargo, otros ejecutivos discrepan de esto porque “cada vez más las decisiones se toman en las regiones y al “saltarse” al seremi o al intendente, se lesionan las relaciones con las autoridades regionales, a las cuales tarde o temprano tienes que recurrir”, comenta un ejecutivo de la gran minería.

Nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podría intervenir predios privados

Eléctricas y mineras son las más complicadas con la ley que crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que en la práctica tendrá bajo su cuidado una superficie aproximada de 30 millones de hectáreas. Este proyecto del Ministerio del Medio Ambiente lleva un año en trámite legislativo y ya está en el Senado. Las mayores objeciones que tienen las compañías es que se impone la prohibición para realizar actividades productivas en casi todas las áreas protegidas, tras la nueva ley.

Otra crítica es que el proyecto establece la posibilidad de ordenar medidas de conservación en predios de propiedad privada mediante el sistema de incorporar la figura de “ecosistemas amenazados o ecosistemas degradados” y que el que decrete las medidas de conservación o restauración en tales ecosistemas será el Servicio de Biodiversidad.

El Consejo Minero hizo ver que, por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad tendrá poder fiscalizador fuera de las áreas protegidas.

Un aspecto que preocupa a los gremios es que “distorsiona el actual régimen de fiscalización y sanción ambiental, al otorgar competencias fiscalizadoras y sancionadoras al Servicio de Biodiversidad, sin considerar que ya existe la Superintendencia del Medio Ambiente”, advierte Sonami.

El Consejo Minero en una presentación al Senado hizo ver que esta nueva entidad se suma a las muchas otras que operan al momento de entregar un permiso ambiental y alertó del riesgo de atraso en las tramitaciones y peligro de burocratización.

Iniciativa que limita centros comerciales implicará que no se hará “ningún mall más en Chile”

Si este proyecto se aplicara tal como está, no se construiría “ningún mall más en Chile”. Así de enfático es el vicepresidente del gremio del comercio, Manuel Melero, respecto al proyecto de ley que busca limitar la construcción de establecimientos comerciales en el radio urbano. La iniciativa partió de una moción parlamentaria de los diputados Daniel Farcas (PPD) y Maya Fernández (PS), e inicialmente implicaba que las instalaciones comerciales en el área urbana solo podían ser de hasta mil metros cuadrados. Para dimensionar, baste decir que en Chile hay malls de más de 115 mil metros cuadrados, es decir, más de 100 veces este límite.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cambió el proyecto e introdujo el concepto de “escala mayor”, que no está claro cuánto es y se ha hablado de hasta 15 mil metros cuadrados en el radio urbano, dice Melero. Además, se establece que los proyectos comerciales -farmacias, comercios y malls – deben estar incorporados en el plano regulador de cada comuna. “Pero como hoy no hay ningún centro comercial que esté en el plano regulador de ningún municipio, en la práctica no habría más instalaciones comerciales en Chile y el último apaga la luz”, dice Melero.

Aunque hay muchas mociones parlamentarias que no prosperan, esta ha tenido un acelerado debate. Ya está en su segundo trámite constitucional en el Senado y está cerca de convertirse en ley, alertan en el comercio.

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La cita de dos días, convocada bajo el lema “Fomentando la inversión para el crecimiento sostenible y el empleo”, se inicia hoy con el lanzamiento del informe Economic Outlook, que evalúa las fortalezas y debilidades de las economías del bloque.

Tras la sesión de apertura de la discusión, el ministro Valdés participará de una sesión especial donde intervendrá el presidente de Francia, Francois Hollande; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte (país que este año ocupa la presidencia de la OCDE); y el secretario ejecutivo de la OCDE, Ángel Gurría. También liderará uno de los grupos de trabajo de los ministros sobre el rol de la inversión, la innovación y el clima de negocios para potenciar el crecimiento, además de tomar parte en el debate sobre la agenda de desarrollo post 2015, centrada en identificar iniciativas para impulsar un crecimiento más fuerte y equilibrado.

20 empresas de EEUU

En Nueva York, a su vez, el ministro Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, sostuvo ayer un encuentro en el Council of Americas y un desayuno organizado por el Business Council for International Understanding (BCIU), con representantes de más de 20 empresas estadounidenses.

Estas actividades buscan promover las oportunidades que Chile ofrece a los inversionistas de ese país.

El personero estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIEChile), Jorge Pizarro Cristi, y consideró también reuniones con compañías como Abbot, IBM, Walmart y General Electric.

“Estamos generando una nueva institucionalidad para atraer más y mejor inversión extranjera directa a Chile, con los mismos pilares básicos de nuestro compromiso con el crecimiento a largo plazo, principios de no discriminación e instituciones fuertes”, señaló Céspedes.

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Este escenario no solo ha complicado la labor en el CIE de Pizarro Cristi, historiador de la Universidad Católica y Máster en Política Comparada de la London School of Economics. También le ha sumado presión a su padre y actual presidente de la DC, Jorge Pizarro. Ambos defienden que las asesorías a SQM fueron “efectivas”.

“Esas asesorías se prestaron. Se hicieron de forma verbal, tal como fue presentado a la prensa, por decirlo de forma elegante. Hay una investigación del SII que está en curso y en la cual hemos cooperado con toda la información correspondiente. Responderemos a todas las necesidades de las instituciones que lo requieran”, señala.

-¿Cree que todo este problema con las boletas puede afectar la capacidad del CIE para atraer inversiones?

“La imagen de los países y su proyección al exterior dependen 100% de elementos de largo plazo. Obviamente los elementos coyunturales inciden, pero producen un efecto transitorio”.
“Un caso en particular, como el que yo puedo estar viviendo, puede incidir respecto del interés de la prensa, pero no en la imagen país”.

-¿Pero estima que esta contingencia de las boletas no pone trabas mayores en el desempeño de su cargo?

“El mandato que me entregó la Presidenta cuando me invitó a participar en el Gobierno fue precisamente desarrollar una nueva política de inversión extranjera. Y en un año logramos posicionar el tema a nivel público, pudimos generar una comisión presidencial asesora, desarrollar un informe desde esa instancia, presentar un proyecto de ley y aprobarlo en el Congreso con amplia mayoría. Y en todo ese proceso, el trabajo que se ha realizado por el CIE ha tenido frutos bastante importantes. Los hechos dan cuenta de que no ha sido una traba”.

-Sin embargo, cuando estalló el caso de las boletas usted no asistió a una audiencia en el CIADI en Londres por el caso Clarín.

“Yo trabajé allá con el equipo de abogados que pertenece el Comité. Después de eso tenía una agenda en Japón. Las audiencias duran una semana y la verdad es que no tenía mucho sentido estar presente en un trabajo que es netamente técnico, pues no soy un abogado experto en esa materia”.

-La ley que reestructura el CIE creando una agencia de inversión extranjera se promulgaría en junio. ¿Va a participar del proceso de selección de Alta Dirección Pública para definir al director?

“Cuando inicié mi trabajo en este gobierno, mi tarea fue claramente desarrollar una estrategia de inversión extranjera y una política en este ámbito para generar un ciclo con mirada a largo plazo, que renueve el marco que ha estado vigente desde hace 40 años. Asumí ese desafío y el proceso se cumplió a cabalidad. Se inicia una nueva etapa que va a estar liderada por un director de esta agencia y he decidido que, una vez terminada mi tarea, no postularé al cargo de la nueva agencia. Mi rol ahora es seguir la promulgación de la ley, finiquitar y cerrar la estrategia para el diseño de esta agencia, y entregar la posta a la persona que sea determinada”.

-¿Cuánto influye en su decisión el tema de las boletas y de las presiones sobre su padre?

“Obviamente que situaciones como estas te hacen pensar. Sería ridículo decir que no tienen ninguna influencia en las decisiones que uno toma. Pero también nos hace dar cuenta de los logros alcanzados. El mejor aporte que puedo hacer a este gobierno es llevar a cabo la tarea que se me encomendó. La decisión que estoy tomando está estrictamente ligada a que cumplí el ciclo y cumplí mi tarea”.

-¿Qué pretende hacer tras dejar el cargo en el CIE? ¿Se enfocará en cooperar con la investigación en caso SQM?

“Una vez terminado mi trabajo acá voy a volver al sector privado, tal como estaba antes. La verdad es que me voy a asumir otros desafíos que no tienen que ver con eso (una eventual defensa por el caso de las boletas emitidas por SQM)”.

”Obviamente que situaciones como estas (caso SQM) te hacen pensar. Sería ridículo decir que no tienen ninguna influencia en las decisiones que uno toma. Pero también nos hace dar cuenta de los logros alcanzados”.

”La decisión que estoy tomando está estrictamente ligada a que cumplí el ciclo y cumplí mi tarea”.

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El seminario dio inicio con la presentación del Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien se refirió al liderazgo chileno en la minería mundial, el crecimiento económico de Chile, la inversión materializada en minería, y la Ley de capitalización de Codelco, entre otros temas.

Asimismo, dio a conocer la importancia de los pequeños y medianos empresarios para la gran minería, expresando que “los pequeños mineros crean importantes encadenamientos productivos y más oportunidades para el modelo de desarrollo nacional”.

De igual forma Sergio Hernández, se refirió a la regulación de las empresas del rubro minero industrial, enfatizando la importancia de la autorregulación, la cual debe ser vista como una capacidad y oportunidad para que el sector empresarial aporte.

[Desafíos de la minería marcan inicio de Exponor 2015]

Junto a lo anterior expuso sobre las futuras inversiones en minería a 2023 y los principales desafíos que el rubro presenta como son la energía, los recursos hídricos, el capital humano, la competitividad, la productividad, la exploración y la legitimidad social.

Tras su presentación, el turno fue para el Presidente Ejecutivo del “Acuerdo por una minería virtuosa, incluyente y sostenible (AMVIS)”, Álvaro García, quien presentó los nuevos escenarios productivos y la percepción de los chilenos sobre la minería nacional. Frente a este último punto, dio a conocer las políticas que se deben tratar para mejorar en esta área.

Eficiencia

El primer punto en esta línea fue la importancia de la minería virtuosa, la cual juega un rol fundamental, por lo que García enfatizó que “es importante mantener el liderazgo que tiene la minería a nivel internacional, ya que, esto permite complementar el crecimiento de la industria de proveedores los cuales poseen un gran potencial”.

También, se refirió a la minería sustentable y la relevancia que tiene ésta para Chile, para finalizar con el rol que cumple la minería incluyente, la cual buscar generar vínculos de colaboración y convivencia armónica con las comunidades, oportunidades de desarrollo en las zonas de influencia y la descentralización tributaria.

En tanto el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Jorge Pizarro, se refirió a las inversiones que se realizan a través de las distintas empresas en el sector público y privado. “Tenemos la oportunidad única de ampliar las inversiones en todo orden de rubros, hablo en especial del sector minero-industrial, donde la eficiencia debe ser aliada de la industria”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Fundación Chile, Patricio Meller, explicó la utilización del “aprendizaje” como metodología a emplear por las empresas del sector público y privado. Además de sostener que el cobre es un pilar fundamental en el crecimiento de la economía nacional.

“Debemos aprender a aprender, tenemos una deuda con la sociedad y en ese sentido las empresas mineras deben acercarse a las universidades e intensificar la trasmisión de conocimiento. En un futuro no menor, Chile debe producir un 30% de la maquinaria que exhibe en Exponor, esa es una meta ambiciosa que se debe tener en cuenta”, puntualizó.

El seminario finalizó con la intervención del gerente de Estudios y Diseño Estratégico de Codelco, Enrique Silva, quien expuso sobre el cobre, su uso y la eficiencia que debe tener la estatal en su empleo y proyectos a corto y mediano plazo.

“Es importante tener en cuenta que la estatal está trabajando para tener una eficiencia en el uso del cobre y todas las proyecciones que conlleva. Codelco tiene la obligación de formular proyectos de excelencia y en ese sentido se debe ser ordenado con los plazos y cumplir con las metas que nos hemos propuesto”, finalizó.

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De hecho, en el ejercicio pasado las fusiones y adquisiciones en la plaza escalaron a US$ 30 mil millones, 240% más que en 2013. Unos US$ 21 mil millones de ese total correspondieron a operaciones en la bolsa local cuyos protagonistas fueron actores foráneos, según la consultora EY.

El interés no es un capricho. Detrás hay elementos económicos y financieros. Uno es el bajo precio actual de las sociedades listadas en la Bolsa de Santiago, que en 2014 cerraron con una capitalización bursátil de US$ 233 mil millones. El monto es el menor desde 2008 (US$ 167 mil millones) e inferior los US$ 316 mil millones de 2010. En esto incide la depreciación del peso ante el dólar, de 13,36% el año pasado y de 1,05% en lo que va de 2015.

En contraste con la baja en la capitalización bursátil en dólares, entre 2008 y 2014 las sociedades listadas en el parqué capitalino subieron en pesos, de $ 87 billones a $ 141 billones.

Empresas “botadas”

“Si me preguntan si es un buen momento para comprar o vender (firmas chilenas), diría que es un muy buen momento para comprar”, dice Manuel Agosín, decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. “Con la depreciación del tipo de cambio en moneda extranjera, las compañías chilenas están botadas”, añade.

Los ejemplos de adquisiciones de firmas chilenas por capitales foráneos son varios y en diversas industrias. En 2014 destacan las compras del 96,5% de la energética CGE por la española Gas Natural Fenosa, en unos US$ 7.200 millones, y del 99% de CFR Pharmaceuticals por la estadounidense Abbott, en US$ 2.900 millones. Este año dos alemanas han hecho noticia: Talanx International adquirió el 99,9% de Aseguradora Magallanes en US$ 212 millones, y Hamburg Sud pagó US$ 160 millones por la línea de contenedores de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI).

Vienen más. Antofagasta plc venderá Aguas de Antofagasta al Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por US$ 965 millones. Y para este semestre se espera el cierre del negocio entre Inversiones La Construcción (de la Cámara Chilena de la Construcción) y la estadounidense Prudential Financial Group, la que se quedará con hasta el 40,29% de AFP Habitat por unos US$ 620 millones.

El menor valor de los activos responde también a elementos macroeconómicos. Aunque el riesgo país sigue estable, el PIB potencial ha cedido. Si en los 90 se empinó incluso a 7,5%, hoy se ubica en 4,3%.

“Chile, un país de ingresos medios, no tiene el potencial de crecimiento (de antes), a no ser que gane mucho en productividad en el corto plazo, cosa que no se ve. Por lo tanto, no queda otra que corregir el valor de los activos”, afirma Jaime Retamal Smith, managing director corporate finance de Deloitte.

“La normalización del ciclo de los commodities junto con la desaceleración de la economía, explican en gran parte el menor valor de las empresas en bolsa respecto al período 2010-2013”, señala, por su lado, Jorge Pizarro Cristi, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).

Más confianza

Pero hay otras variables que determinan el interés foráneo. Algunas son la liquidez existente para financiar grandes adquisiciones y la disponibilidad de activos relevantes en industrias atractivas. También inciden la coyuntura interna, la buena reputación de la economía chilena y el bajo desempeño de las plazas de donde provienen los inversionistas extranjeros, detalla Rodolfo Esquivel, socio de consultoría en transacciones de EY. Esto último, añade, las “obliga a buscar crecimiento inorgánico” en otras latitudes.

En todo caso, hay matices y distintas visiones. Christopher Lyon, socio de mergers and acquisitions de Deloitte, ve un escenario normal, que no obedece a factores especiales o de coyuntura local o internacional y que, en casos como los descritos, se trata de empresas que “siempre han sido atractivas”.

Como sea, el concepto “confianza” es mencionado por la mayoría de los expertos consultados, pues los capitales internacionales continúan valorando la estabilidad que ofrece el país. Esto, pese a la desaceleración económica, la incertidumbre generada por las reformas del gobierno de Michelle Bachelet y la desconfianza derivada de los escándalos empresariales y políticos. Esos factores impactan más a nivel interno que externo, concuerdan las fuentes.

Los inversionistas extranjeros que han estado adquiriendo firmas locales tienen una visión de largo plazo, dice sobre el punto Álvaro Clarke. El ex superintendente de Valores y Seguros (SVS) complementa: “También son capaces de analizar el proceso de reformas que se está llevando adelante dentro del marco normal de desarrollo de una nación”. Pizarro coincide y señala que estas transacciones “descartan que la imagen de Chile como receptor de inversiones se haya deteriorado por el proceso de reformas”.

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(La Tercera) El miércoles 17 de diciembre pasado, la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) envió una carta al vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Jorge Pizarro.

En la misiva, la entidad privada hizo ver al gobierno su preocupación por el posible efecto negativo que las reformas impulsadas por la administración Bachelet podrían generar sobre las millonarias inversiones estadounidenses radicadas en el pais. El documento es una respuesta de AmCham a una serie de interrogantes que quince días antes le hizo llegar el CIE en el marco del diseño de una nueva institucionalidad para la inversión extranjera.

[Prosigue análisis de proyecto de nueva institucionalidad para inversión extranjera]

“Respecto de la anunciada reforma de la Constitución es importante tomar en cuenta que para el inversionista extranjero la protección a la propiedad privada y el trato nacional son factores cruciales en el momento de la toma de decisiones del inversionista. Amcham cree que en la ausencia de una definición de estos puntos, la inversión extranjera en Chile incluyendo la inversión estadounidense, será afectada negativamente”, señaló el organismo, que representa a más de 600 firmas estadounidenses, locales o binacionales que comercian o invierten en Estados Unidos o Chile.

Ante ese escenario, Amcham sugirió mantener las reglas de inversión hasta que al menos haya “claridad con respecto de las definiciones claves relacionadas con propiedad privada, tratamiento no discriminatorio a los inversionistas extranjeros, tratamiento en caso de expropiaciones y acceso a arbitrajes internacionales para resolver disputas con el Estado”.

Reforma Tributaria

Pero eso no es todo. AmCham también aseguró que la entrada en vigencia de la reforma tributaria provocará un impacto adverso sobre las inversiones norteamericanas, al no haber un tratado de doble tributación operativo entre ambos países. Si bien ambas naciones firmaron un convenio en esa materia en febrero de 2010, su aprobación legislativa aún está pendiente en los dos países.

“En el caso específico de inversionistas norteamericanos, la falta de aprobación legislativa del tratado para evitar la doble tributación, tiene un significativo impacto a la inversión extranjera, debido a que con la implementación de la nueva ley tributaria en Chile el impacto inmediato es aumentar la carga tributaria para muchas empresas estadounidenses en hasta 10%”, señala el documento entregado al CIE por AmCham.

Por ello, AmCham pide a las autoridades locales acelerar la aprobación del tratado en el Congreso, gestión que en paralelo también realizan ante el gobierno de EEUU.

“Necesitamos que el ministerio de Hacienda empuje la legislación en el Congreso (…) porque debido a la falta de un tratado de doble tributación, las compañías de EEUU no van a tener derecho a deducir completamente los impuestos que pagan, porque las tasas acá van a ser más altas que en EEUU”, afirmó Kathleen Barclay, presidenta de AmCham Chile. Si a ello se suman otros factores como menor crecimiento en relación a otros países de la región, el país se hará menos competitivo para los inversionistas norteamericanos, señalaron.

Según cifras del CIE, entre 2009 y 2013 EEUU concentró el 16,7% de los US$ 100.856 millones en capital foráneo que ingresaron al país.

“Es importante impulsar el tratado de doble tributación para que mantengamos el flujo y ritmo de la inversión de EEUU”, agregó Barclay.

El convenio pendiente se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes, sobre los impuestos a la renta y sobre el patrimonio exigible por cada país. En la misma situación que el tratado con EEUU está el acuerdo para evitar la doble tributación con Sudáfrica y Austria.

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Parte de la delegación chilena se reunió este viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia en la que la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la participación de nuestro país en esta feria, y aseguró que “Chile cuenta con una institucionalidad fuerte y una estabilidad macroeconómica que lo hacen muy atractivo para la inversión”.

La secretaria de Estado agregó que “para nosotros es muy importante participar en eventos como la PDAC, donde reforzaremos nuestra presencia de país minero. La delegación que nos acompañará, está conformada por un grupo diverso que representa fielmente a la industria minera nacional, una alianza público-privada. Sin duda que para nosotros es fundamental que esta delegación, primero, comparta experiencias y, en segundo lugar, logre presentar al mundo que hemos desarrollado capacidades mineras, capacidades operativas, y capacidades asociadas a know how”.

La delegación está compuesta por representantes de mineras, proveedores de bienes y servicios para la industria y entidades gubernamentales. Además del Ministerio de Minería, el Comité de Inversiones Extranjeras y ProChile, estarán presentes Enami, Cochilco, Sernageomin, Codelco, Consejo Minero, Sonami, la Cámara Chilena de la Construcción, Grupo Montt, Drillco Tools y Techint, entre otros.

Actividades en Canadá

Este domingo 01, la ministra inaugurará el pabellón de Chile en la feria en compañía del embajador de Chile en Canadá, Alfonso Silva.

“Nuestra participación en esta feria tiene como objetivo apoyar al empresariado minero en su conquista de los mercados externos, y colaborar a consolidar la imagen país de este sector en el mundo”, señaló el director de ProChile, Roberto Paiva.

Entre lunes y martes se realizarán actividades de networking entre empresarios chilenos e inversionistas extranjeros en el pabellón de Chile; mientras que el miércoles se cerrará la presencia de Chile en la feria con la realización del seminario “Chile: From experience arises new challenges”.

Jorge Pizarro Cristi, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, destaca respecto a la minería que “un 44,9% del monto ingresado al país entre 2009 y 2013 corresponde a este sector. La presencia chilena en la PDAC nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la inversión extranjera en este sector, y de dar a conocer los planes del gobierno para atraer a Chile más y mejor inversión”.

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Según cifras preliminares del Banco Central, durante el año pasado ingresaron al país capitales por US$ 23.302 millones, lo que implicó un alza de 15% respecto de 2013.

Así, se trata del tercer mayor monto ingresado al país desde el exterior en los últimos 10 años, ya que en 2012 la inversión extranjera directa alcanzó un récord de US$ 28.542 millones, seguido de los US$ 23.444 millones obtenidos en 2011.

[A finales de 2014: Inversión privada podría volver a caer en 2015]

Del total de la IED que ingresó a Chile en 2014, US$ 10.792 millones correspondieron a participaciones de capital, US$ 6.720 millones a utilidades reinvertidas y US$ 5.790 millones a instrumentos de deuda.

El vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Jorge Pizarro Cristi, señaló que uno de los sectores que más dinamizó la inversión extranjera en 2014 fue la energía, ya que “se gatillaron grandes proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC)”.

A eso se sumó el rol importante que sigue jugando la minería y también el desarrollo de sectores no tradicionales que adquirieron relevancia, principalmente, servicios, industrias farmacéuticas y turismo.

Dentro de las operaciones importantes que se han registrado, el vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras subrayó el inicio de la planta fotovoltaica en la II Región, de Abengoa, y el anuncio que hizo la empresa de comenzar una cartera de inversiones sobre los US$ 10 mil millones para los próximos años en el país.

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A esto se suma la compra que hizo la empresa estadounidense, Abbott, de la empresa chilena CFR Pharmaceuticals y la adjudicación de la administración por 20 años del Aeropuerto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez, al consorcio ítalo-francés, compuesto por Vinci Airports, Aérports de París y Astald.

Según, el informe emitido por el CIE, los resultados de Chile, contrastan con los flujos de inversión extranjera directa en Latinoamérica y El Caribe, que tuvieron una una baja de 19%, y a nivel global un 8%, según proyecciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), dadas a conocer en las últimas semanas.

Visiones distintas

Pese a que la formación bruta de capital fijo fue el “talón de Aquiles” de la economía chilena en 2014 -que en el tercer trimestre del año, llegó a caer 9,9%- la inversión extranjera no se vio afectada el año pasado.

El economista de Gemines, Alejandro Fernández, manifestó que la cifra se explica porque existen definiciones distintas de inversión extranjera directa y la inversión total.

En ese sentido, detalló que la inversión extranjera directa incluye compras de activos que no son inversión y que son “simplemente” un cambio de propiedad.
El experto asegura que el aumento de la inversión extranjera refleja que existe una percepción más negativa de los inversionistas chilenos, considerando los cambios tributarios que se realizaron el año pasado.

Agrega que también influyó la depreciación del tipo de cambio que “abaratan los activos locales para los inversionistas extranjeros” y también influye que la diversificación de los portafolios de las empresas hacia Chile representan una proporción mínima de sus inversiones y, por ende, no tienen “riesgos demasiado importantes”.

Fernández sostiene que si bien no hubo un impacto de la reforma tributaria en la inversión extranjera, son cifras que se deben ir evaluando, “ya que si las condiciones permanecen poco atractivas, porque el precio del cobre se mantiene bajo y los costos de la minería altos, o por condiciones asociados a política interna, deberíamos ver una disminución en la importancia de la inversión extranjera en el futuro próximo”.

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Con ese deber en mente, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, recibió ayer las conclusiones de la comisión que convocó la autoridad en septiembre para realizar una propuesta en la materia.

Participaron en esta instancia el vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Jorge Pizarro, -secretario ejecutivo-junto a Christian Larraín, Rafael Aldunate, Rodrigo Álvarez, Jorge Carey, Carolina Fuensalida, Ricardo Vásquez, Jaime Estévez, Jovino Novoa, Sebastián Guerrero, Guillermo Vásquez, Patricio Palma, Andrea Repetto y José Pablo Arellano.

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El protocolo de acuerdo de la reforma tributaria estipuló que la nueva ley “deberá plasmar las recomendaciones de un comisión asesora transversal” y “supondrá la derogación del Decreto Ley 600”, dictado en julio de 1974. Entre otros, dicha normativa garantiza a los titulares de inversiones extranjeras que no se modificarán los regímenes tributarios y de franquicias especiales establecidos en sus contratos. El futuro de esta materia fue uno de los puntos en los que no hubo acuerdo en la comisión.

Según participantes de la instancia, el informe que bordea las 20 páginas da cuenta de tres visiones al respecto: eliminar dicha invariabilidad tributaria, mantenerla o modificarla. Lo primeros sostienen que el país ya no necesita ofrecer este mecanismo, debido a que su solidez económica, cuentas fiscales sanas y su posición de acreedor neto son suficientes para atraer inversiones.

El segundo grupo, en cambio, defiende la existencia de invariabilidad a través de dos opciones: mantener el esquema actual -en que los inversionistas pagan 7% adicional al impuesto de 35%- o establecer restricciones. Esta última alternativa apunta por ejemplo a establecer temporalidad o acotarla a ciertos impuestos.

En lo que sí hay acuerdo, asegura uno de los participantes, es en la necesidad de dotar al país de una nueva agencia para la promoción de las inversiones.

El diagnóstico es que el Comité de Inversiones Extranjeras está orientado a recibir y registrar inversiones, más que a fomentarlas. La idea es crear una agencia “más proactiva”, con más facultades para potenciar y difundir los atractivos del país.

Otra de las recomendaciones de la comisión es que se debe garantizar a los inversionistas extranjeros el acceso al mercado cambiario formal, para el envío de remesas de sus capitales al exterior.

Según el CIE, la mayoría de los inversionistas extranjeros ha utilizado el DL 600, mecanismo que implica un contrato con el Estado. A 2011, se materializaron US$ 82.021 millones a través de este procedimiento, lo que representa 56,5% del ingreso bruto de capitales a Chile.

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