En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, al establecer que el recurso intentado no es la vía idónea para resolver una materia de lato conocimiento, cuya vista y resolución de fondo está entregada por ley a los tribunales ambientales, sin perjuicio que ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir se esté tramitando la procedencia de la servidumbre cuestionada.

“Que, en virtud de los antecedentes aportados por las partes, resulta inconcuso que la cuestión debatida en la presente acción constitucional no da cuenta de la existencia de un derecho indubitado, precisamente por cuanto se encuentra controvertido entre las partes el hecho de si la servidumbre referida de tipo provisoria y solicitada por el recurrido en autos civiles, se encuentra en el punto de acceso actual en el lote 91-A o lote 92, ambos de propiedad del recurrente, cuestión que se encuentra sometida al imperio de la justicia, en virtud de la propia contestación realizada por el recurrente en la causa ROL C-52-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, estadio en el cual deberá resolverse la pertenencia de la servidumbre”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, además, consta que con fecha 24 de agosto de 2021 en causa Rol C-50-2021, acumulada a la causa referida en el punto anterior, según lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Minería, se concedió la autorización para hacer uso de la servidumbre solicitada, en los términos contenidos en la respectiva demanda, recayendo sobre los predios roles 612-15 y 612-6, de la comuna de Porvenir, inscritos a fojas 74 N° 97 y 72 vuelta N° 95, respectivamente, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esa comuna, correspondiente al año 2002, sin perjuicio de no constar la debida consignación que es parte del lote 91-A en cuestión”.

“Que, por otro lado –ahonda–, el articulo 3 letra i de la ley 20.417, dispone que: ‘… La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones… i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente…â€â€.

Para el tribunal de alzada magallánico, en la especie: “(…) en este orden de ideas, el recurso de protección no es el medio idóneo para debatir contenciosos administrativos de carácter ambiental, atendido el contenido de carácter técnico y discrecional que exige un procedimiento de lato conocimiento. Como ya se expresó, el recurso de protección hace exigible la existencia de un derecho indubitado, lo que confirma que no ocurre en la presente causa, pues la competencia del asunto de autos se encuentra entregada a la autoridad administrativa y cuyo control jurisdiccional le corresponde a la magistratura especializada creada por la ley 20.600, a los Tribunales Ambientales, ley que proporciona una adecuada tutela jurisdiccional a los recurrentes, más si se considera que los mismos antecedentes están siendo conocidos, dentro de sus atribuciones, por la Superintendencia de Medio Ambiente”.

Que, en consecuencia, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Ezio Costa Cordella en representación de Jorge Antonio Kusanovic Mimica en contra de la empresa minera Placeres Recursos Mineros Limitada, todos ya individualizados”.

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La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección deducido por la propietaria de concesión minera, en contra de la empresa Constructora Araucanía Limitada y del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, y dejó sin efecto el cierre de camino de servidumbre en el sector de la Quebrada Los Loros, de la comuna, que impedían el libre tránsito a la faena, desde septiembre de 2021.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, que vulneró el derecho de propiedad.

“Se ha reconocido por parte del Serviu de Coquimbo que tanto dicha entidad pública, como la empresa Constructora Araucanía Ltda. han procedido al cierre del portón materia de este pronunciamiento, a causa de la disposición de la Seremi de Bienes Nacionales, propietaria del bien raíz”, consigna el fallo.

Para el tribunal de alzada: “Aquello, más allá de interesar –en lo concerniente a este medio de emergencia de restablecimiento del derecho– de quien provino la instrucción, implica un reconocimiento de lo señalado en el texto inicial de autos y una evidente alteración respecto de una situación de hecho previa, consistente en cerrarle el acceso a sus pertenencias a la recurrente, lo cual configura un acto de auto tutela proscrito en el Ordenamiento Jurídico”.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, con costas, la Acción Constitucional de Protección interpuesta por doña Alia Avia Soto Castillo, en contra de Constructora Araucanía Ltda. y del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, disponiéndose que estas últimas deberán disponer la libre circulación de la actora y de sus dependientes por el camino que conduce a las pertenencias mineras Alia 1 al 18 y Alia II 1 al 18, que se deberá proceder a tapar o rellenar la zanja construida en el lugar y que entorpece el referido libre tránsito, restituyendo la situación de hecho existente previa al cierre y obstaculización efectuada; todo lo cual deberá materializarse dentro del plazo máximo de 3º día a contar desde que la presente sentencia definitiva quede firme o ejecutoriada; debiendo abstenerse las recurridas de ejecutar actos de entorpecimiento que impliquen el libre tránsito por el lugar, sin perjuicio del ejercicio de las acciones ordinarias o de fondo que pudieren ejercerse”.

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En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad al aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto, al margen de la consulta establecida en la normativa legal vigente.

“Que, claramente, todo proceso que derive en decisiones que puedan afectar alguna realidad de los pueblos originarios, como ocurre en el caso, requiere el acatamiento de las normas analizadas, para que conociendo sus puntos de vista y desde su particular perspectiva se exprese la forma específica cómo el proyecto podría perturbarles, lo que apunta a posibilitar su ejecución desde dicha particularidad con un estándar de inclusión medio ambiental, puesto que las medidas que se adopten deben orientarse a salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de las comunidades indígenas interesadas”, afirma el fallo.

La resolución agrega que: “De consiguiente, se trata de resoluciones especiales, diversas a las que se suelen acordar para ámbitos sociales diferentes, por eso la posibilidad de expresar sus puntos de vista no se entienden satisfechas ni agotadas con el procedimiento de consulta ciudadana, aunque hayan intervenido ciertas comunidades, o con las reuniones verificadas con las comunidades indígenas, incluso, aunque se haya arribado a acuerdo con algunas de ellas, puesto que se trata de un procedimiento diverso del todo atingente en la tramitación reclamada”.

Para la Sala Constitucional, en la especie: “(…) a la luz de lo razonado, y como ya lo ha sostenido esta Corte, no resulta admisible el argumento de la autoridad administrativa de que al no existir afectación a las comunidades no procede la consulta indígena, sumados a ciertos acuerdos, y la consulta ciudadana verificada, puesto que se trata de un proceso diverso cuya obligatoriedad exige únicamente una afectación potencial, cuya materialización será analizada en el contexto de dicha consulta”.

“Cabe tener presente, que el debate se ha acotado en esta sede, únicamente a lo atingente a la Consulta Indígena, puesto que los demás tópicos reclamados también lo han sido en sede administrativa, conforme a procedimientos y ante autoridades que, por la naturaleza de la materia, y etapa de tramitación resultan idóneas para su conocimiento”, añade.

“Que, en consecuencia, tratándose de un proyecto en que existe susceptibilidad de afectación de comunidades por contaminación por derrames en cursos de agua, por el tránsito de numerosos camiones con sustancias peligrosas por la ruta CH31, entre otros, existiendo espacios dentro del área de influencia del proyecto en que pueblos originarios desarrollan ciertas actividades agrícolas y culturales, y sin que se haya realizado de manera previa un procedimiento de Consulta Indígena, como salvaguarda de sus intereses, se ha incumplido la obligación a la que voluntariamente se sometió el Estado de Chile al ratificar el Convenio N°169, al que ya se aludió, ya que es tal carencia la que torna ilegal las decisiones, al faltar el deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el Convenio dispone, se niega un trato de iguales a los recurrentes”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y, en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá iniciar un proceso de Consulta Indígena con las personas y comunidades indígenas que se encuentren en el área de influencia del proyecto impugnado, en forma previa a la prosecución de su tramitación, debiendo regirse por los estándares del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y por los artículos 12 y siguientes del Decreto N°66 de 15 de noviembre de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social”.

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Esta iniciativa convencional constituyente había sido presentada por los convencionales Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

En la propuesta se señalaba que, dada la enorme contribución de la minería tanto pública como privada al desarrollo y prosperidad del país, la que va mucho más allá de los recursos fiscales que genera, se propone en la propuesta de nueva Constitución conservar aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.

Es así como en concreto, se proponía lo siguiente:

• Establecer, en primer lugar, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
• Consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado.
• Mantener que la constitución y extinción de las concesiones sea por resolución judicial.
• Reservar a una ley de alto quórum (aprobada por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio) la determinación de las sustancias concesibles, la duración de las concesiones y las causales de extinción del dominio sobre las concesiones.
• Se eleva a nivel constitucional que el régimen de amparo se traduce en el pago de una patente.
• Consagrar el derecho de propiedad sobre la concesión minera y su protección vía recurso de protección.

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En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional deducida y le ordenó, además, a la empresa cesar los impedimentos de acceso a la Comunidad Indígena Cebollar Ascotán al salar, permitiendo su circulación sin limitación alguna por el sector.

“(…) las actividades que pretende ejercer la recurrente en el terreno emplazado en el Salar de Ascotán, responden precisamente al ejercicio de sus funciones en cuanto la veneración de sus ancestros, la celebración de fiestas religiosas propias de su costumbre y la recuperación del patrimonio cultural de la etnia indígena quechua, lo que necesariamente implica la protección del Estado en cuanto al ejercicio de sus derechos culturales y de identidad social, cultural y de realización de tradiciones y costumbres que le son propias, es por ello que, el actuar de la recurrida no solo se configura como ilegal a este respecto al no contar con autorización alguna que establezca limitaciones de acceso al espacio territorial indicado, sino también se torna arbitraria desde que implica una transgresión al legítimo ejercicio de derechos propios de la comunidad indígena recurrente”, razona el tribunal de alzada.

Para la Primera Sala, en la especie: “(…) resulta necesario, atendido el ejercicio de la actividad de explotación de mineral en un terreno en el cual se encuentran emplazados asentamientos que constituyen patrimonio y arquitectura propia de la etnia indígena quechua, respecto del cual, no ha existido un proceso técnico que establezca el grado de impacto al medio ambiente, y en el cual se permita la participación de comunidades ciudadanas, para medir el ejercicio de la actividad industrial a la luz de la protección del medio ambiente que lo rodea, el sometimiento de la referida actividad de explotación a un proceso de evaluación de impacto ambiental, y por ende hace procedente la vulneración que se alega en cuanto al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y con ello procedente acoger el presente recurso de protección en este punto”.

Al resolver la paralización, la Corte de Antofagasta tuvo en consideración que: “(…) conforme consta en el informe consolidado de la evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto ‘Planta de fertilizantes Borotadosâ€, acompañado a la causa, la propia recurrente se habría comprometido a efectuar una evaluación de impacto ambiental, en el marco de su política ambiental, respecto del proyecto de extracción de Ulexita en el Salar de Ascotán, declaración que se habría formulado en el año 2004, habiendo transcurrido aproximadamente 18 años, sin que exista un sometimiento del referido proyecto a los estudios ambientales pertinentes por parte de la autoridad competente, ni menos al efecto, un proceso de consulta ciudadana respecto del impacto del mismo en el medio ambiente que rodea la ejecución de las labores de extracción, en consecuencia, al no contar la recurrida con autorización alguna para realizar las labores de extracción de material del yacimiento ubicado en el Salar de Ascotán, y teniendo en vista que dichas labores se ejecutan en sitios arqueológicos que configuran el patrimonio cultural de la comunidad indígena quechua recurrente, es que resulta necesario en orden a proteger la garantía constitucional del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, en cuanto al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ordenar la paralización inmediata de toda obra ejecutada en el Salar de Ascotán por la recurrida en ejercicio de sus labores extractivas del mineral indicado, y con ello, disponer el abandono inmediato de todo el personal humano de la empresa como asimismo, las maquinarias e instalaciones industriales del poblado de Ascotán”.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por Hugo Guillermo Molina Riveros, en representación de la Comunidad Indígena Cebollar Ascotán en contra de la Sociedad Quiborax S.A, solo en cuanto se ordena el cese inmediato de todo impedimento de circulación de la Comunidad Indígena al sector ubicado en el Salar de Ascotán, permitiendo el ingreso a dicho espacio territorial de miembros de la comunidad sin limitación alguna, del mismo modo, se ordena la paralización inmediata de las obras ejecutadas por la recurrida en el yacimiento de extracción de mineral en el Salar de Ascotán, y consecuente con ello la desocupación inmediata de la recurrida de las edificaciones del poblado de Ascotán.

Sin perjuicio de lo anterior, remítanse los antecedentes del presente recurso, a la Superintendencia de Medio Ambiente para los efectos a que haya lugar, atendida la vulneración de derechos que ha sido declarada en virtud de la presente acción constitucional”.

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En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcela Araya Novoa, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y la abogada (i) Verónica Álvarez Muñoz– acogió la solicitud del gobernador regional de Atacama Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.

“Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder”, ordena la corte copiapina.

“Ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”, añade.

Ministerio de Minería

Tras ser notificado de la Orden de No Innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, el Ministerio de Minería informó que respetan la resolución del Poder Judicial, precisando que “nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley”.

“Cabe precisar que la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso”, señaló la cartera en un comunicado.

“El Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente”, se agregó.

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En fallo unánime (causa rol 1.823-2021), la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, por considerar que la intervención del tribunal de alzada implicaría una vulneración al principio de “inavocabilidad”, al estar pendiente resolución de recursos deducidos ante la Corte Suprema.

“Que, es preciso dejar asentado que las partes están contestes en que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que incide en el proyecto minero ‘Dominga†es objeto de impugnación ante la Excma. Corte Suprema, encontrándose pendiente de resolución sendos recursos de casación en la forma y en el fondo sometidos a su conocimiento, circunstancia que además es de público conocimiento”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, del mérito de lo expuesto por ambas partes se desprende nítidamente que en la especie, los actos que se atacan por esta vía del Recurso de Protección son aquellos que en forma acertada o no, pretenden dar cumplimiento a una sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental, de tal manera que cualquier controversia que se suscite entre las partes a raíz de esa ejecución del fallo debe promoverse ante el tribunal que lo dictó, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por expresa disposición del artículo 47 de la Ley N° 20.600”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “La intervención que se pide haga esta Corte a través de este Recurso extraordinario, no obstante que la Constitución Política de la República lo establezca sin perjuicio de demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, implica una vulneración al principio de la inavocabilidad previsto en el artículo 8° del Código Orgánico de Tribunales”.

“Que –prosigue–, de conformidad a lo que se ha venido argumentando aparece, entonces, que la controversia planteada mediante el actual recurso se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho, tanto porque el presente caso en lo que atañe al fallo dictado por el Primer Tribunal Ambiental, al haber causado éste ejecutoria se encuentra en etapa de cumplimiento ante dicho tribunal; por cuanto además, en lo que dice relación a los recursos en que se pretende su invalidación, se encuentra en conocimiento actual de la Excma. Corte Suprema, de lo que se sigue que el presente recurso de protección no pueda prosperar por no existir la necesidad de tutela urgente que por esta vía puede ser dispensada, puesto que esa tutela judicial ya está siendo atendida por el sistema judicial”.

“Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y N°8, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por Oceana Inc. en contra de Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo”, concluye.

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En fallo unánime (causa rol 1.255-2021), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo, Gloria Solís y María Paula Merino– descartó actuar arbitrario de la Corfo en el proceso de adjudicación de los fondos.

“Que, del análisis pormenorizado de los antecedentes, resulta que a través de la presente acción cautelar se cuestiona el proceso de liquidación y adjudicación de los fondos destinados a un programa de fortalecimiento de capacidades de innovación a través de un aporte de investigación y desarrollo a un Instituto de Tecnologías limpias, a crearse en la Región de Antofagasta”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Ahora bien, resulta que Corfo, la entidad receptora de los fondos en cuestión, dictó los actos administrativos referidos al Procedimiento de Solicitud de propuestas, encaminadas a adjudicarse los fondos. Se recibieron 4 propuestas, las que pasaron a etapa de evaluación, siendo evaluadas entre otros por expertos internacionales, la que dio mayor calificación a la sociedad en que participaban las recurrentes, no obstante ello, se reclama que la recurrida y sus asesores de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, habrían prescindido de la recomendación de los expertos internacionales, seleccionándose a Associated Universities, Inc. (AUI)”.

“Que, los cuestionamientos efectuados por los actores, van encaminados a sostener que se habría existido una ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de Corfo, al seleccionar a AUI, como la adjudicataria de los fondos licitados”, añade.

Para el tribunal de alzada: “Lo cierto es que, no obstante que existe un procedimiento administrativo incoado sobre la materia, en el que la recurrente presentó reposición de la decisión adoptada, que se cuestiona por esta vía, no se adquiere por estas sentenciadoras la convicción de existir de parte de Corfo, una actuación ilegal o arbitraria”.

“Así –continúa–, de un análisis ponderado, conforme a las reglas de la sana crítica, de los antecedentes aportados, no aparece una ilegalidad en el actuar, desde que se ha ajustado a la legislación aplicable y al procedimiento establecido para adjudicar los fondos materia de la licitación. Por otra parte, la recurrente, no señala de manera clara y expresa, qué normativa legal es la que aparece vulnerada por Corfo”.

“En cuanto a la posible existencia de una arbitrariedad, lo cierto es que no se estima que la decisión adoptada lo fuera por un mero capricho de la recurrida o que hubiese existido injerencia de agentes externos en la toma de decisión, por lo que tampoco se configura dicho extremo del recurso”, afirma la resolución.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, no está de más recordar que, para que prospere la acción cautelar de autos, a más de lo dicho en los fundamentos precedentes, el derecho debe ser preexistente e indubitado, y así entonces la acción de protección no es la vía idónea para resolver la cuestión planteada, tampoco funciona como equivalente jurisdiccional de las acciones procesales que contempla el ordenamiento jurídico”.

“Como se ha dicho, no es posible concebir esta acción como un procedimiento con sus fases comunes debidamente configuradas –debate o conocimiento, prueba y resolución– de ahí es que se puede afirmar, que la sentencia que recae en esta acción produce cosa juzgada formal”, colige.

“Cabe agregar que en la especie, no se advierte la existencia de un derecho indubitado de los actores ni menos de la Corporación Alta Ley a la que se encuentran asociadas, desde que solo les asistía el derecho a participar en el proceso de selección, proceso en el que se encontraban en igualdad de condiciones respecto de las demás oferentes”, releva el fallo.

“Que el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección, es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, como tampoco resulta susceptible, que por esta vía, se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento, situación que claramente acontece en la especie, lo que implica desviar la acción que nos ocupa con fines constitutivos o declarativos ajenos a sus fines”, concluye la sentencia.

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En el documento presentado por las casas de estudio se daban a conocer las razones de por qué este proceso traería efectos negativos e irreversibles para Chile, la Región de Antofagasta y sus capacidades locales, por lo que se solicitaba la concesión de la orden de no innovar. Entre ellas se destacan: los vicios que adolece el procedimiento en su conjunto, la evaluación y calificación de personas no expertas y la falta de transparencia a lo largo de todo el procedimiento licitatorio. Todas ellas dejando una severa desventaja al consorcio ASDIT, lo que se tradujo a la “adjudicación errónea de la licitación”, según las universidades suscritas.

Al respecto, la Corte recordó que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”. 

Junto con ello, manifestó que “que de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se declara inadmisible el interpuesto al folio 1″.

Cabe destacar que fue acordada la inadmisibilidad con el voto en contra del ministro (P) Hernán Crisosto Greisse, quien fue de parecer de acoger a tramitación la acción constitucional, teniendo para ello presente que en la presentación se mencionan hechos que eventualmente pueden constituir vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

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En fallos unánimes, la Segunda Sala del tribunal de alzada dio a trámite las solicitudes ingresadas por las organizaciones gremiales, y ordenó a los recurridos evacuar informes “acompañando todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones“, en los plazos de ocho y 15 días hábiles, respectivamente. Asimismo, la sala denegó dictar orden de no innovar en los tres recursos.

Aclaración de Antofagasta Minerals

No obstante, desde el grupo Antofagasta Minerals, controlador de Minera Zaldivar, negaron esta información, comunicando lo siguiente: “Con respecto a una  nota que hace referencia a un recurso de protección interpuesto por sindicatos de trabajadores en contra de Compañía Minera Zaldívar, queremos aclarar que ninguno de los dos sindicatos de Minera Zaldívar ha presentado tal recurso. Antofagasta Minerals mantiene una buena relación con todos sus sindicatos y en esta pandemia estamos implementando estrictas medidas sanitarias para resguardar la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores y colaboradores”.

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