Es así como se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A la cita asistieron consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tales como Andrés Matta Cuminao, Ana María Llao Llao y Marcial Colín Lincolao.

Críticas al proceso

De acuerdo a los expresado por el presidente de esta instancia parlamentaria, el senador Eugenio Tuma, los representantes de pueblos originarios expresaron sus críticas respecto a cómo se ha desarrollado el proceso de consulta –que encabeza el Ejecutivo- en distintas regiones del país.

“Ellos han declarado que falta diálogo político, por lo que solicitaron que se amplíen los plazos de este proceso, de manera de poder recoger todas las opiniones de los afectados”, explicó el congresista asegurando que “la legitimización debe ser completa e integral, de allí que se lo haremos ver al Ejecutivo representado por el Ministerio de Desarrollo Social”.

A su parecer, “un proceso de consulta no debe quedarse en preguntas generales, sino que debe pasar por un acuerdo y consentimiento expreso entre las partes”, acotó reforzando que “no basta con cumplir con un trámite que mandata el Convenio 169, sino que se trata de respetar sus intereses entendiendo la importancia que ello tiene”.

Consultado respecto a las numerosas propuestas legislativas que se relacionan con el mundo indígena, declaró que “son muchos los proyectos pero hay dos caminos: se hacen sin consultarles o se realizan considerando sus necesidades”.

Aseguró que en ese entendido, el Parlamento “entendió que el camino deber ser siempre analizar junto a los afectados, las implicancias prácticas que tiene cada modificación legislativa, de manera de desarrollar soluciones mancomunadas”.

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Y para 2015 el panorama pareciera no mejorar. Las proyecciones de crecimiento en los departamentos de estudios comienzan a acercarse peligrosamente al 3%, lejos del 3,6% con el que el Ministerio de Hacienda calculó los ingresos del erario nacional del próximo año.

El punto tiene inquietos a varios parlamentarios miembros de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Es que el fantasma del alto déficit presupuestario de este año producto de la brecha PIB esperado-PIB efectivo (4,9% versus alrededor de 2%) ha generado resquemor en los legisladores, ante la posibilidad de que se viva una situación similar en 2015.

Lo anterior, en un contexto donde por cada décima menor de crecimiento, la recaudación fiscal se reduce en US$ 60 millones, por lo que por esa brecha los menores ingresos del Fisco ascenderían a US$ 1.800 millones este año.

Tomando nota de aquello, parlamentarios de diversas bancadas advierten que el Ejecutivo debe tomar en consideración la posibilidad de un impacto fiscal considerable por el menor crecimiento de la economía, por lo que instan a Hacienda a analizar dos opciones para evitar reducir el gasto fiscal el próximo año.

Una, sería aumentar el tope del endeudamiento soberano aprobado para 2015, situado en alrededor de US$ 8.000 millones. Para esto, el Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso.

El senador del PPD, Eugenio Tuma, estima que es una posibilidad “factible” en vista de que la economía chilena es acreedora neta con el resto del mundo.

Opinión compartida por el diputado DC y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini, quien apunta a que el gobierno debe asegurar que haya “menos burocracia” para ejecutar las inversiones en el sector público el próximo año.

“Lo que debería hacer hoy el gobierno es tener a todos sus equipos trabajando para que a partir del primero de enero se comiencen a ejecutar los planes de inversión pública. Y si falta dinero, el endeudamiento soberano es una buena opción ya que somos acreedores netos con el exterior”, señala.

El diputado de RN, Alejandro Santana, también enfatiza en que el Ejecutivo deberá dar prioridad a destrabar inversiones en el sector privado donde estén involucrados recursos públicos. Y dicha opción podría darse mediante mayor endeudamiento soberano para solventar algunas obras hoy paralizadas.

“La recaudación fiscal vía reforma tributaria no va a alcanzar, por lo que un mayor endeudamiento soberano es una buena alternativa”.

Mientras que el senador DC, Andrés Zaldívar, señala que aumentar el techo de endeudamiento es una “opción a discutir”, a partir de la posibilidad de un mayor déficit fiscal en 2015, pero también pone el foco en la posibilidad de restringir el gasto fiscal.

“Las proyecciones para el próximo año aún están en discusión, no están claramente definidas. Yo creo que si crecemos más cerca del 3% en lugar de 3,6%, habría que analizar si corregir o no ciertos parámetros. Entre restringir el gasto público y aumentar el déficit, me inclino más por la primera opción”, plantea.

Y otro camino sería la posibilidad de repatriar recursos de los fondos soberanos, específicamente del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que a septiembre acumula un valor de mercado de alrededor de US$ 15.000 millones.

El diputado del PS, Marcelo Schilling, plantea que esta última vía sería factible, siempre y cuando los montos girados no deterioren la liquidez internacional del país.

“Tenemos que ser claros que en 2015 se va a gastar más. De eso se trata el esfuerzo contracíclico de este Presupuesto”, argumenta.

El foco en las reformas

En la oposición advierten que una manera de evitar que continúen deteriorándose las expectativas de crecimiento es moderar algunas de las reformas del Ejecutivo.

Así lo plantea el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma: “El gobierno no ha tenido la capacidad de medir el impacto que sus reformas están teniendo en la economía. No se puede cambiar el país desde cero sin esperar que haya un impacto en la actividad. Esto no se soluciona con llamados al sector privado para invertir y generar un punto de inflexión, sino con políticas diferentes”.

Similar opinión tiene el diputado gremialista Felipe de Mussy, para quien se corre un peligro “importante” de que el déficit fiscal sea mayor el próximo año en vista de los supuestos con los que se construyó el erario.

“Espero que el gobierno retome la cordura y la responsabilidad en el manejo de la economía. Todo lo que se está organizando a futuro se está realizando con un Presupuesto con parámetros erróneos”, dice.

Comisión Mixta ha despachado más del 50% de las partidas del Presupuesto para el próximo año

Continúa a toda máquina el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para aprobar el erario nacional del próximo año. Es que a la fecha, la instancia ha aprobado más del 50% de las partidas del Presupuesto del sector público para el próximo año, luego de que en una maratónica sesión ayer diera el visto bueno a las platas de los ministerios del Trabajo, Hacienda, Bienes Nacionales, Agricultura, Medio Ambiente, Deporte, Obras Públicas y Justicia, entre otros.

De esta manera, la instancia ha aprobado 19 de las 26 partidas que contempla el proyecto de ley.

El trabajo de la instancia parlamentaria está fijado hasta el jueves, cuando se analizarán las partidas pendientes hasta su total despacho. Tras esto, el proyecto ingresará a partir de la próxima semana a tramitación en la Cámara de Diputados.

Más plazo para lograr acuerdos

Si bien la tramitación del erario nacional avanza con rapidez en las partidas menos controversiales, en otras aún no hay acuerdo entre Hacienda y los parlamentarios.

Esta es la situación que se mantiene en torno a las partidas de los ministerios de Educación y Salud.

Por el lado del Mineduc, han habido diferencias por los recursos destinados a las universidades del Consejo de Rectores y las privadas.

Este último punto ha sido uno de los más debatidos, tanto así que la cuarta subcomisión mixta solicitó ampliar el plazo de votación para ayer con el propósito de lograr un acuerdo en torno a este punto, algo que no se había logrado al cierre de esta edición.

Mientras que por el lado del Minsal, las discrepancias se relacionan con las platas destinadas a la atención primaria, ya que los legisladores plantean que el Ejecutivo debiera aumentar los aportes per cápita basales para la cartera liderada por la ministra Helia Molina.

El presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber, reiteró la petición para que el gobierno y los parlamentarios oficialistas alcancen un protocolo de acuerdo que aborde estas temáticas. Solicitud que fue recogida por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aunque con la condición de que las partidas sean despachadas a la sala de la Cámara Baja.

“Las materias ya las hemos estado conversando y toda la información prevista la vamos a estar entregando con los parlamentarios, senadores y diputados, de la comisión mixta, cuando cierre la comisión. Eso quiere decir el próximo jueves, viernes o antes de ingresar el lunes a la Cámara”, explicó.

Dado el trámite en marcha, se espera que el martes 18 las partidas sean analizadas en sala por los diputados.

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Los senadores Isabel Allende, Adriana Muñoz, Alfonso De Urresti, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, presentaron un proyecto de acuerdo -que está en tabla para ser votado en Sala- mediante el cual plantean esta nueva institucionalidad.

Según explican los senadores, la institucionalidad existente para la gestión del agua en Chile presenta problemáticas como falta de consolidación e integración de la información generada por las instituciones involucradas en la gestión del agua; inadecuada delimitación y coordinación de funciones entre los organismos que intervienen en la gestión de las aguas; ausencia de una autoridad política superior que coordine las funciones e instituciones del Estado en relación con el agua; y falta de coordinación de los actores responsables de la gestión del agua a nivel local, en una misma unidad geográfica.

A ello se agrega que existen diversos problemas a enfrentar como la escasez y sustentabilidad de los aprovechamientos en diversos valles de la zona norte y central, y la competencia entre distintos usos por los recursos hídricos existentes; la contaminación de aguas en ríos, lagos y acuíferos, y, en general de conservación ambiental; el desarrollo de infraestructura para entregar una adecuada seguridad hídrica a los diversos aprovechamientos y apoyar la actividad productiva; el manejo de los cauces y el control de inundaciones; y la entrega de una cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento, incluidos los sectores rurales.

Según los autores del proyecto de acuerdo, “se ha definido la necesidad de contar con una institución que tenga un efectivo liderazgo al interior del aparato de gobierno, y frente al Parlamento, a la sociedad civil, y a los actores privados, en los temas relativos al agua”. Entre ellos, dicen, “que esté en condiciones de estudiar, proponer, impulsar y monitorear la aplicación de una Política Nacional de Recursos Hídricos y las políticas sectoriales sobre el agua, con el apoyo de los organismos especializados del sector, cubriendo las múltiples dimensiones y funciones del Estado en esta materia, para el cumplimiento de las metas de desarrollo social y económico del país”.

Estudio del Banco Mundial

Los senadores explicaron que existe un diagnóstico del Banco Mundial de 2013 que concluye que los problemas de gestión de los recursos hídricos no obedecen solamente a una insuficiencia del marco normativo de la Dirección General de Aguas ni a la deficiente jerarquía institucional de tal organismo a efectos de poder convocar o imponer al resto de la administración, los requerimientos de mejoras en la gestión necesarios para una adecuada regulación de los recursos hídricos.

Por ello, hace recomendable radicar ciertas funciones específicas en materia de gestión superior de recursos hídricos en una nueva institucionalidad de mayor rango, entidad que debiera tener las atribuciones y competencias suficientes que le permitirán diseñar, implementar, controlar y evaluar las estrategias, planes y políticas públicas sobre recursos hídricos.

“Una Subsecretaría de Recursos Hídricos cumple con los requerimientos necesarios, tanto para asegurar el incremento en la estatura institucional de las funciones que actualmente desempeña la DGA y otros organismos del Estado, posibilitando la presencia y la consideración de los intereses hídricos, con una visión integrada en los más altos niveles de decisión gubernamental, como también, para dar a los requerimientos presupuestarios asociados a tales funciones las instancias de proposición y de aprobación adecuadas para garantizar que se cuente con los medios económicos suficientes”, puntualizaron los legisladores.

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