Biobío: “Un misil a la línea de flotación”

La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, calificó lo sucedido como un golpe letal para la industria regional. “Este es un golpe de gracia del Gobierno a nuestra actividad. Nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales con la propuesta del Ejecutivo y con ello se hace inmediatamente inviable la operación de Landes en Talcahuano y FoodCorp en Coronel, además de la planta de conservas de Camanchaca en la misma comuna, pues esas plantas industriales no pueden operar con el 40% de lo que hoy procesan”, explicó.

Cepeda acusó a las autoridades de Economía de sostener un “doble discurso”, impulsando por un lado el Plan de Fortalecimiento Industrial y por otro debilitando la capacidad productiva del Biobío. “Nos repiten por la prensa que la idea tras el cierre de Huachipato es recuperar la capacidad industrial de la región, sin embargo, las mismas autoridades de la cartera de economía trabajan incansablemente para cerrar empresas pesqueras, eliminar empleos formales y de calidad y dañar la capacidad de producción de alimentos de alto valor agregado en nuestra zona”, señaló.

La dirigenta enfatizó que las subastas se concentran en los recursos pelágicos —jurel, sardina, anchoveta y reineta— que son la base de la industria en el Biobío. “Lo que propone el gobierno es un misil a la línea de flotación de la actividad pesquera industrial del Biobío, pues sólo afecta al jurel, la sardina y anchoveta y la reineta. Un diseño político desde el corazón ideológico del Gobierno destinado a enterrar nuestra actividad y de paso desatando una crisis social y económica de proporciones en esta parte del país”, dijo.

Además, responsabilizó a parlamentarios de la zona por haber permitido que la carga se concentre exclusivamente en la región. “El gremio además advirtió que la indicación que dejó el problema exclusivamente en el Biobio provino del diputado Miguel Ángel Calisto de Demócratas, pero con la aprobación de la diputada comunista por Coronel y Talcahuano, Candelaria Acevedo, parlamentaria que precisamente representa las comunas que se verán más afectadas por la medida del Gobierno”.

En este contexto, llamó a otros sectores productivos del Biobío a respaldar la postura del gremio. “Quiero hacer un llamado al sector productivo y empresarial del Biobío a solidarizar con nuestra actividad y abandonar definitivamente el Plan de Fortalecimiento que impulsa el Gobierno en la zona. Como gremio creemos que se ha jugado con la buena fe de quienes allí participan, pues sólo se busca mantener artificialmente la paz social ante el grave e inexorable deterioro económico, social y productivo del Biobío que ha ocasionado este Gobierno en la Región del Biobío”, señaló.

Sonapesca: “Miles de empleos se verán en riesgo”

En paralelo, desde el nivel nacional, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) también reaccionó con preocupación. Su presidente, Felipe Sandoval, subrayó que la medida puede generar un impacto social de gran magnitud. “Lamentamos la aprobación de las licitaciones del 50% de los recursos pelágicos que, si bien buscan financiar la plataforma social de los pescadores artesanales, lo hacen a costa de un profundo impacto social derivado del desempleo en la pesca industrial. Por un lado, se generan fondos para apoyar a un sector; pero por otro, se provocan graves consecuencias laborales y sociales que dejan sin sustento a miles de familias”.

Sandoval detalló que “los trabajadores pelágicos —especialmente de jurel y anchoveta— serán los más afectados, con consecuencias inmediatas en la región del Biobío, así como en las regiones de Atacama, Coquimbo, Tarapacá y Arica. Miles de empleos se verán en riesgo, en su mayoría ocupados por mujeres”.

El dirigente recordó que los efectos se suman a la reciente aplicación de la Ley de Fraccionamiento, que ya había reducido el acceso a cuotas. “Muchas compañías se verán obligadas a cerrar, dejando a miles de personas sin sustento laboral”, advirtió.

Además, señaló que el argumento de protección regional planteado en la tramitación no se sostiene. “El argumento del diputado de la región de Aysén, según el cual la medida busca proteger a las regiones, no es válido, ya que la normativa podría afectar en un futuro a la reineta, un recurso clave para la zona, si se ampara bajo las disposiciones de las LTP, en el marco de la nueva Ley de Fraccionamiento”.

Sandoval también alertó sobre un eventual efecto fiscal negativo. “A esto se suma la creación de un nuevo déficit fiscal ya que, al destinar el impuesto específico del jurel a esta plataforma social, el Estado dejará de percibir recursos relevantes, sin que hasta ahora exista un informe financiero que respalde la medida”.

Finalmente, recordó que existen cuestionamientos legales sobre la constitucionalidad de la norma. “Diversos informes jurídicos —entre ellos el del abogado y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca— han advertido que esta norma sería inconstitucional”, afirmó.

Fotografía: Pescadores Industriales del Biobío

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En una primera instancia, la SVS formuló al controlador de las Cascadas por presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, y al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores.

Sin embargo, el esquema que planteó la SVS bajo el cual ocurrieron las supuestas infracciones, aseguran varios abogados consultados, abriría el espacio para que eventualmente el regulador sancionara por nuevos cargos, incluidos algunos con carácter penal. Entre ellos, se ve como más probable el de uso de información privilegiada.

El Artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, define el concepto de información privilegiada, “cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos”.

El marco legal

Si bien es posible, el camino para nuevas acusaciones abriría un nuevo escenario, aunque no necesariamente un ampliación extensa de la investigación.

Fuentes conocedoras del proceso que lleva el organismo dirigido por Carlos Pavez, señalan que en este tipo de procesos, la formulación es por cargos “relativamente general”, pero que avanzada la investigación la opción para presentar nuevos cargos siempre está abierta.

Según abogados de la plaza, “técnicamente un organismo administrativo con potestad sancionatoria sólo puede decidir en base a los cargos que formuló, de manera que no puede aplicar una sanción por temas que no fueron objeto de cargos, porque violaría reglas del debido proceso”.

Pero aclara que la reformulación se puede realizar en la medida que se encuentren nuevos antecedentes, aunque “si los hechos son los mismos identificados en la formulación de cargos y no se agrega nada nuevo, la SVS podría recalificar la norma aplicable”. Es decir, podría recalificar las situaciones objeto de cargos.

Un abogado cercano al proceso sancionatorio confirma la situación, y explica que de reformularse los cargos, el proceso no parte desde cero, ya que se utiliza el expediente del formulado y luego se amplía la investigación. Eso sí, el reformulado tiene el derecho de volver a presentar descargos.

De hecho, existen precedentes al respecto. Este año, la SVS reformuló cargos contra PwC, y a otros dos acusados en el marco del caso La Polar.


Las operaciones y su caducidad


Así, nuevos cargos implicarían un nuevo proceso de descargos, lo que podría poner más presión sobre el regulador. El artículo 33 de la Ley 3.538, que regula a la SVS, señala que “la Superintendencia no podrá aplicar multa a un infractor, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada”.

Los primeros cargos fueron formulados en septiembre de 2013 y los segundos en enero de 2014, en ambos casos por una serie de operaciones realizadas entre 2009 y 2011 con las acciones de las sociedades Cascadas, así como por operaciones de financiamiento entre ellas. Sin embargo, la Superintendencia podría quedar impedida de sancionar, si esa fuera finalmente su decisión, las transacciones efectuadas en 2009.

Aún resta por resolver el recurso de ilegalidad presentado por la defensa de Guzmán Lyon, el que además implicó que la corte decretara una orden de no innovar, tras lo cual el proceso de la SVS queda suspendido. Se espera que el viernes los abogados del regulador concurran para pedir que dicho recurso quede sin efecto.

Por ello, una serie de eventuales infracciones contra la Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas quedarían sin sanción en el caso de Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial, LarrainVial Corredora de Bolsa, y los ejecutivos de la intermediaria, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz; reduciendo de esta forma los plazos para que la SVS sanciona, si es que decide hacerlo, y poniendo presión en caso de que decida presentar nuevas acusaciones por otras infracciones a la ley.

Cálculos de Habitat, muestran que los acusados se habrían beneficiado en US$ 400 millones.

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