Una mirada técnica desde la sustentabilidad

¡Cuántas cosas han pasado durante el año que acaba de terminar! Y cuántas que debieran haber pasado, pero…en fin. Ahora estamos iniciando un nuevo año y es nuestro deber ponernos las pilas para abordar lo que venga, sobre la base de lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos Ley de Cierre de Instalaciones y Faenas Mineras vigente; ya se publicó el Reglamento que la hace operativa, pero aún tenemos poca claridad de cómo se desarrollarán algunas cosas.

La gran mayoría de las empresas mineras cuenta con un Plan de Cierre aprobado por las autoridades sectoriales, en este caso Sernageomin, pero ahora deben revisarlos e incorporar la temática ambiental. ¿Cómo hacerlo? De acuerdo con lo que se infiere de esta nueva regulación, sobre la base de un análisis de riesgos. Sin embargo, la autoridad no ha impuesto una metodología que sea transversal a todas las empresas, lo cual significará que cada compañía puede usar una metodología específica seleccionada por ella.

Tendrán que trabajar bastante los profesionales encargados de revisar los planes de cierre bajo estas circunstancias, tratando de entender cuál es el riesgo remanente, que siempre existirá, para poder establecer cuáles son los montos que las empresas deberán poner en el fondo post-cierre para liberarse de las responsabilidades. A propósito de esto, ¿se liberan de responsabilidad las empresas alguna vez? No me queda claro. Sabemos que estos fondos serán administrados por una firma financiera que será elegida sobre la base de una licitación. Pero, ¿está la banca interesada en hacerlo? Es una pregunta que surge cada vez que he tratado de contactar a un banco para que nos dé su opinión al respecto…y señalan desconocer el tema. ¿Y el superintendente de Valores está enterado de que tiene nuevas responsabilidades? ¿Debe modificarse la ley Orgánica de la SVS? Quienes me conocen saben que es un tema en el cual he trabajado por largo tiempo y que mi interés está centrado en la parte más técnica, que incluye, por supuesto, la parte relacionada con los procedimientos para la aprobación del conjunto de medidas que las empresas propondrán para estabilizar física y químicamente las instalaciones remanentes.

Algo en lo que debemos trabajar durante este nuevo año es cómo vamos a manejar el tema de las relaciones con las comunidades y, en especial, con las comunidades indígenas. El Estado suscribió un acuerdo de consulta a los pueblos originarios y ¿qué se ha hecho para regular la forma de hacerlo? ¿Será por esta razón que las comunidades se han manifestado contra los proyectos de inversión? ¿Por qué las comunidades se oponen a la aprobación de proyectos como las centrales termoeléctricas? ¿Qué pasa con nuestras instituciones? ¿Quién no está cumpliendo con su rol? ¿Por qué los alcaldes se manifiestan y expresan su voluntad de solicitar la revocación de una Resolución de Calificación Ambiental que cumplió todos los trámites para obtener su aprobación?

Conozco de cerca los esfuerzos que hacen las empresas mineras para cumplir con las normas y regulaciones ambientales, pero ¿por qué no se manifiestan cuando son obligadas a ir a tribunales? ¿Qué pasa con la industria que acepta las discrecionalidades de la autoridad? No digo que tengamos que salir a las calles y hacer cortes de caminos, pero estimo conveniente que la industria, y sus trabajadores incluidos, se involucren con el rol que les corresponde y sean escuchados.

Por lo tanto, es una gran tarea para 2013 encontrar los canales para incluir a todos los actores en la discusión. Y, lo obvio, ¿por qué debe haber protestas? ¿Por qué llegar a ese nivel de conflictividad para expresar las opiniones? ¿Nos estamos escuchando? ¿Es un diálogo de sordos? O simplemente nuestras regulaciones no han sido las apropiadas, porque no dan garantía a los inversionistas y a la comunidad en que se insertan de que un proyecto se desarrollará normalmente.

Este año 2013, además, nos trae la puesta en marcha de la Superintendencia de Medio Ambiente, lo cual es un gran desafío para el Estado. ¿Cómo organizar a una estructura, basada en un grupo de profesionales para que cumpla su rol de control y fiscalización?, ¿Cuenta con las competencias técnicas y los recursos financieros para desarrollar sus funciones? Hemos, como país, tenido buenos resultados en índices que miden la performance ambiental, pero ¿cuánto tiempo podrá mantenerse ese lugar con la incertidumbre actual?

Respecto de los Tribunales Ambientales, ¿lograrán zanjar las controversias ambientales? ¿Serán el espacio de credibilidad que en esta materia está necesitando nuestra sociedad?

Muchas preguntas para responder, que sólo encontrarán respuesta si mantenemos una estructura de ESTADO, que sea eficiente, moderno y cuente con los recursos humanos y financieros. Necesitamos un Estado más profesional, con las competencias adecuadas y que sea atractivo para los técnicos y profesionales. No podemos continuar con sueldos “reguleques”… ¡Nunca Chile tuvo más recursos y nunca fue más pequeño el número de personas que trabajan en la administración pública! Fue necesario el accidente de la mina San José para incorporar más profesionales a Sernageomin, pero aún estamos esperando la revisión institucional prometida para el sector.

Respecto de los conflictos, deben ser analizados teniendo en consideración el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica, incorporando a la comunidad en forma clara. Debemos definir si será participación, comunicación o consulta. La comunidad debe ser parte de la gestión territorial, ellos estaban allí primero.

En cuanto a la Superintendencia, creemos que su rol debería ser evaluar oportunamente a las industrias para evitar que se generen conflictos debido a efectos adversos no previstos y daño ambiental, por sobre el rol tradicional de verificador de cumplimiento. Sin embargo, creemos firmemente que las empresas deben proactivamente revisar su proceder en materia ambiental, de modo de responder a las peticiones de una sociedad que quiere seguridad, estabilidad y buena calidad de vida.