El legislador reconoció que existen problemas de convivencia asociados al crecimiento de la región y señaló que el proyecto no puede seguir postergándose. “Es algo que en la región está dando vueltas y es importante”, afirmó Bernales, quien propuso al subsecretario de la comisión fijar un plazo máximo de un mes para iniciar formalmente la discusión y abordar las modificaciones que sean necesarias.

En la misma sesión, el diputado manifestó su desacuerdo con la decisión de retirar el proyecto de Ley de Pesca que se tramitaba en la comisión. El representante del Distrito 26 enfatizó la importancia del trabajo legislativo conjunto y exigió transparencia respecto a lo conversado en el Consejo Nacional de Pesca, cuya acta de sesión no se encuentra disponible públicamente. “Es importante que seamos escuchados quienes representamos a los pescadores y pescadoras de nuestro distrito”, subrayó el parlamentario, quien también solicitó que se difunda el contenido real de ese espacio.

Finalmente, Bernales pidió apoyo concreto para los pescadores artesanales ante el alza en el precio del combustible, y llamó a profundizar los esfuerzos para alcanzar también a quienes quedan fuera de los beneficios vigentes. El parlamentario reiteró su disposición a trabajar junto a cada integrante de la comisión para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de las comunidades costeras y pesqueras de Los Lagos.

Fotografía: Diputado Alejandro Bernales. 

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La parlamentaria expuso que el objetivo de retirar la iniciativa es someterla a un proceso de estudio y de perfeccionamiento y no desecharla, ya que si bien se han identificado aspectos que requieren mejoras, se reconocen avances en determinadas materias. Es por ello, que “el llamado es a quienes viven de la pesca artesanal para que no se alarmen porque el texto se retiró para estudiarlo en mayor profundidad”, sostuvo Reyes.

Además, destacó que esta decisión permitirá efectuar una revisión integral de los contenidos incorporando antecedentes técnicos, instancias de participación sectorial y de coordinación institucional, para que no suceda lo que ha ocurrido con otras leyes, “como la Ley Lafkenche, que no queremos que vuelva a ocurrir y, por lo mismo, respaldo la determinación de su retiro”.

La finalidad, dijo, es perfeccionar propuestas y avanzar mediante iniciativas específicas y acotadas en aquellas áreas donde los diagnósticos se encuentren suficientemente consolidados.

Entre los puntos a tratar, destacó que se considera pertinente retirar el proyecto para estudiar en mayor profundidad la evolución del sistema de manejo hacia enfoques más integrados, incluyendo la incorporación de variables ecosistemas y de largo plazo. Un análisis que permitirá desarrollar propuestas específicas para fortalecer estos instrumentos.

Fotografía: Claudia Reyes. 

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Según lo señalado por la autoridad, el objetivo es fortalecer la calidad regulatoria de la futura normativa, abordando con mayor profundidad una serie de materias que, si bien presentan avances, requieren ajustes desde el punto de vista técnico, institucional y de política pública. En ese contexto, se optó por retirar el proyecto para generar un espacio de análisis que permita avanzar posteriormente mediante iniciativas más acotadas y consensuadas.

Desde Subpesca se indicó que esta decisión responde a la necesidad de contar con una respuesta normativa eficaz y jurídicamente sólida, considerando que el marco vigente ya contiene los principales instrumentos de manejo, institucionalidad y principios del sistema. En esa línea, se plantea avanzar mediante modificaciones específicas a la legislación actual, en lugar de impulsar un nuevo cuerpo legal de carácter integral.

El documento presentado al Consejo Nacional de Pesca detalla que este proceso permitirá evitar efectos no deseados en la implementación de la reforma, así como reducir riesgos asociados a incertidumbre regulatoria, superposición de competencias y eventuales conflictos sectoriales. Asimismo, se enfatiza que los avances contenidos en el proyecto no serán descartados, sino que servirán como base para futuras iniciativas legales.

Entre las principales materias que serán objeto de revisión se encuentra la incorporación del enfoque ecosistémico en la regulación pesquera, el cual —según el análisis realizado— aún carece de una adecuada traducción operativa en los instrumentos de gestión. A ello se suman aspectos relacionados con las deducciones a la cuota global de captura, los mecanismos de asignación y el sistema de subastas en el sector industrial.

También se considera necesario profundizar en el diseño del Fondo de la Pesca Artesanal, dada su sensibilidad e impacto en el sector, así como en la estructura del sistema de investigación pesquera y su articulación con la toma de decisiones. En materia de manejo, el diagnóstico apunta a la necesidad de evolucionar desde un enfoque monoespecífico hacia uno de carácter más integrado.

En el ámbito institucional, el análisis identifica desafíos en la coordinación entre los distintos organismos del sistema, así como en la integración entre ciencia, gobernanza y gestión pesquera. De igual forma, se advierte que las instancias de participación, si bien han sido fortalecidas, mantienen un carácter principalmente consultivo, lo que limita su incidencia en la toma de decisiones.

Como parte de este proceso, la autoridad contempla el uso de diversas instancias de diálogo, incluyendo comités de manejo, comités científicos, consejos zonales y consultas al Consejo Nacional de Pesca, junto con la revisión de antecedentes técnicos disponibles. El objetivo es sustentar de mejor manera las decisiones regulatorias y avanzar hacia un marco normativo más robusto y consensuado.

De esta forma, el retiro del proyecto marca una pausa estratégica en la tramitación de la nueva ley, orientada a construir una propuesta más sólida y viable para el desarrollo del sector pesquero en el país.

Fotografías: Sonapesca y B2B Media Group

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La inquietud surge tras la llegada al Ministerio de Economía y Minería de Daniel Mas Valdés, quien asumió ambas carteras luego de que el nuevo Gobierno decidiera integrar el Ministerio de Minería al de Economía. Desde la organización, señalaron que esta nueva estructura implica un desafío mayor para la autoridad, considerando la amplitud de áreas productivas que deberá abordar.

La presidenta de Fesip Biobío, Juana Silva, señaló que el sector espera que las nuevas autoridades puedan escuchar la realidad de la industria antes de adoptar decisiones relevantes en materia pesquera. “Nos preocupa que el Ministerio de Economía tenga hoy la responsabilidad de dos carteras tan importantes y que además no tenga experiencia directa en pesca dentro de la conducción política del ministerio. La pesca es una actividad compleja, con impacto económico y social”, sostuvo.

Silva agregó que la federación observa con especial atención el debate legislativo sobre la Ley de Pesca, donde se han planteado propuestas como la implementación de subastas para la asignación de cuotas, mecanismo que los trabajadores rechazan por considerar que generará inestabilidad productiva y laboral.

“Las plantas de proceso necesitan certezas para planificar su producción y el empleo formal. Las subastas generan incertidumbre y podrían afectar directamente la estabilidad laboral de muchos trabajadores”, indicó.

Subsecretaría de Pesca

Desde la federación también destacaron la reciente designación de Osvaldo Urrutia Silva como nuevo Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Urrutia cuenta con experiencia en materias pesqueras y en el ámbito legislativo vinculado al sector, lo que —según la dirigencia sindical— podría aportar conocimiento técnico al debate que se desarrolla actualmente.

“Valoramos que en la Subsecretaría de Pesca exista una autoridad que conoce el sector. Esperamos que esa experiencia permita abrir espacios de diálogo con los distintos actores de la industria y considerar también la realidad laboral de las regiones”, afirmó Silva.

Jibia y empleo femenino

Fesip recordó además que las plantas de proceso pesquero emplean mayoritariamente a mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, por lo que cualquier cambio en la regulación pesquera tiene un impacto directo en la estabilidad laboral de miles de familias.

A ello se suma la preocupación por la situación de la pesquería de la jibia, luego de que la ley aprobada en 2019 estableciera que este recurso solo puede ser capturado por el sector artesanal, dejando fuera a la flota industrial. Producto de aquello, en 2025, aproximadamente 100 mil toneladas de jibia autorizadas para su captura no pudieron llegar a las lanchas de los pescadores artesanales y quedaron en el mar, multiplicándose como una plaga.

Por lo anterior, Silva cree necesario revisar la normativa para permitir una participación complementaria de la industria, “porque nuestras plantas necesitan un abastecimiento continuo de materia prima. Cuando eso no ocurre, los primeros afectados son los trabajadores”, señaló.

La dirigenta agregó que el sector también observa con inquietud la presencia de flotas pesqueras extranjeras en el Pacífico Sur, fenómeno que -según indicó- requiere una estrategia país para proteger los recursos marinos.

¿Seremi en el Biobío?

A la preocupación por el escenario nacional, se suma la espera a nivel regional, de quién será el o la nueva seremi de Economía en Biobío, cargo clave para la coordinación con los sectores productivos locales.

“Para regiones como la nuestra es muy importante contar con autoridades que conozcan las complejidades del sector pesquero y puedan dialogar con los sectores productivos. Hoy la pesca está viviendo un momento clave y sería muy importante tener pronto una autoridad regional competente, que pueda abordar estos temas”, concluyó la dirigenta.

Fotografía: Fesip.

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De acuerdo con los antecedentes recopilados por los equipos fiscalizadores, la sobreproducción corresponde a 2,38 toneladas de huiro negro en estado picado ¾, volumen que equivale a 8,97 toneladas del recurso en estado natural, considerando el proceso de extracción y elaboración asociado a materias primas de origen ilegal.

Tras la detección de la irregularidad, se cursó una citación a los representantes de la planta de Taltal ante el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna. En paralelo, el producto fue incautado en una planta ubicada en Vallenar, región de Atacama, lugar al que había sido comercializado.

El procedimiento contó con la participación de funcionarios de la oficina provincial de Huasco, junto con equipos de la Dirección Regional de Sernapesca Antofagasta, quienes detectaron la situación que constituye un incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

El director regional (s) de Sernapesca Antofagasta, Waldo Salas, destacó la coordinación entre ambas regiones para detectar la irregularidad y evitar que el producto ilegal continúe avanzando en la cadena productiva.

“En la región de Antofagasta existe una veda extractiva de las algas pardas hasta el año 2034. Sin perjuicio de ello, se permite la operación regulada y controlada para recolectores y plantas autorizadas, bajo el Plan de Manejo de Algas Pardas vigente desde 2017. Por esta razón, continuaremos con las fiscalizaciones en toda la cadena de valor de las algas pardas, contando con la colaboración de las instituciones de la Red Sustenta”, señaló la autoridad.

Fotografía: Sernapesca.

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La acción judicial fue ingresada ante el 22º Juzgado Civil de Santiago y se fundamenta en que el Estado habría desconocido la distribución histórica de cuotas pesqueras, reasignándolas a terceros sin el pago de una indemnización. Según la compañía, esta situación habría afectado gravemente su patrimonio, especialmente en relación con el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel.

El socio del estudio jurídico Barros & Errázuriz y abogado a cargo de la causa, David Cademartori Gamboa, explicó que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile. Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

Desde la empresa con sede en Talcahuano, advierten que la reducción de cuotas compromete inversiones futuras orientadas al consumo humano, obliga a postergar proyectos estratégicos —como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado— y genera incertidumbre regulatoria que impacta la sostenibilidad del negocio y la creación de empleo.

El CEO de Landes, Andrés Fosk Belan, afirmó que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente”.

Impacto en la pesquería del jurel chileno

La compañía sostiene que el nuevo fraccionamiento pesquero afecta especialmente a la pesquería del jurel, recurso que actualmente presenta buenos indicadores de sostenibilidad y enfrenta un escenario favorable en los mercados internacionales debido a la escasez de productos sustitutos.

No obstante, según la empresa, la legislación vigente limita el desarrollo de esta pesquería para consumo humano, destinándola preferentemente a la producción de harina de pescado, lo que restringe su potencial de valor agregado.

“Estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Cuando se abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decide limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor”, sostuvo Fosk.

Llamado a mayor certeza regulatoria para la pesca industrial

Desde Landes enfatizan la necesidad de mayor certeza regulatoria para la pesca industrial, sector que solo en la Región del Biobío genera más de 6 mil empleos, la mayoría ocupados por mujeres.

El ejecutivo señaló que el desarrollo del sector resulta clave para la economía regional y para comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé, que dependen en gran medida de la actividad pesquera y sus encadenamientos productivos.

Finalmente, Fosk advirtió que la discusión sobre una nueva Ley de Pesca en Chile mantiene incertidumbre en el sector. “Es urgente revisar el trámite de esta legislación y generar condiciones que permitan recuperar la inversión, el crecimiento y el empleo en las regiones”, concluyó.

Fotografías: Landes.

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Tras la visita, la futura parlamentaria valoró el alto estándar de las instalaciones, así como el reconocimiento de las trayectorias laborales al interior de la empresa.

“Me motivó visitar la planta, particularmente porque son impactantes los números que tienen en seguridad laboral. También me pareció muy relevante el respeto al mérito y, por supuesto, la alta participación de mujeres en esta planta de proceso”, señaló Charpentier.

En relación con el marco normativo que regula la pesca industrial en Chile, y considerando los efectos negativos de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, junto con la discusión de una nueva Ley de Pesca, la diputada electa subrayó la necesidad de estabilidad regulatoria.

“Hay futuro. El sector necesita certidumbre para continuar creciendo y desarrollándose, y para que esta actividad siga redundando en una mejor calidad de vida para cientos de miles de chilenos”, afirmó.

Por su parte, el concejal de Talcahuano Felipe Salvo destacó la relevancia de conocer en terreno una empresa de estas características. “Me parece extraordinario. No había tenido la oportunidad de conocer una planta así. Para la comuna de Talcahuano, veo a Landes como una familia, y eso es realmente importante”, indicó.

Desde la compañía, el gerente de Operaciones de Landes, Fernando Silva, valoró la visita y reforzó la disposición de la empresa a seguir recibiendo autoridades y representantes públicos.
“Para nosotros es muy relevante que puedan conocer el nivel de trabajo de nuestra organización. Pudieron constatar el alto número de mujeres en la operación y las positivas condiciones laborales. Ha sido una visita fructífera para ambas partes”, señaló.

En tanto, el presidente del Sindicato de Patrones de Pesca, Juan Carlos González, enfatizó la importancia estratégica de la región para el sector. “Nuestra región merece una atención especial por parte de parlamentarios y autoridades. Somos la capital pesquera de Chile y la capital mundial del jurel. Esta es una actividad sana, con proyección de largo plazo”, afirmó.

Con más de 60 años de trayectoria, Landes mantiene operaciones estratégicas a nivel nacional, con oficinas en Santiago, cinco plantas de congelados y subproductos pesqueros en Talcahuano, una planta de procesamiento y ocho centros de cultivo de choritos en Chiloé, además de un centro de semillas en Hornopirén y una estación consolidada de carga en Puerto Montt.

Durante el último año, la empresa generó empleo directo y de calidad para más de 700 personas, y actualmente sus productos del mar llegan a mercados internacionales como Perú, México, Estados Unidos, África, España, Francia, Turquía, China, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Taiwán y Malasia.

Fotografías: Landes.

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¿Cómo describiría el impacto que tendrá la nueva Ley de Fraccionamiento sobre la estabilidad del sector industrial en la región del Biobío?

La Ley de Fraccionamiento generó dos efectos importantes: Uno que desconoció derechos vigentes, porque hay que recordar que existía un fraccionamiento que estaba vigente por Ley hasta el 2032, y ese fraccionamiento era parte importante de las licencias transables de pesca, porque, en definitiva, las licencias transables van a tener mayor o menor valor en función del fraccionamiento. Si E el fraccionamiento se lleva a 0, las licencias transables de pesca quedan en 0.

Entonces, por un lado, esta ley viene a desconocer los derechos vigentes, por lo tanto, genera incertidumbre; hay pérdida de certeza jurídica y todo lo que requiere un sector para poder proyectar inversiones, crecimiento y desarrollo. El segundo efecto, es que el sector pierde alrededor de un 30% de participación en las veinte y tantas pesquerías que se tramitaron en la Ley de Fraccionamiento y, particularmente en la industria del jurel en la zona centro sur, el sector pierde un 20% de participación o de acceso a materia prima.

Y como si esto no fuera suficiente, la Ley de Fraccionamiento introduce, además, un arancel a las compras internacionales de jurel de 1,3UTM por tonelada, lo que significa un impacto de 30% en alza de costos por las compras internacionales.

¿Cómo se prepara el sector para enfrentar estas políticas y un eventual cambio de gobierno en el país?

Las empresas afectadas han anunciado acciones legales, porque aquí hay una afectación al derecho de propiedad y a la estabilidad del sector. Esta ley vino a generar una expropiación regulatoria al dejarlas con menor participación. Entonces, hay todo un proceso legal que van a tener que llevar a cabo las empresas que se vieron afectadas, impactos que vamos a ver en concreto iniciado el 2026, cuando sea la implementación definitiva de la Ley de Fraccionamiento con las nuevas cuotas.

Y cómo nos preparamos, bueno, seguimos permanentemente trabajando por la pesca responsable, la sustentabilidad de los recursos pesqueros, y la apuesta del sector pesquero industrial es a seguir incorporando valor agregado a sus capturas y a seguir posicionando y fortaleciendo la actividad en torno al consumo humano. Esto se ve reflejado, por ejemplo, con la recertificación MSC de jurel, que obtuvimos en septiembre, que da cuenta de las buenas prácticas que incorpora la industria. También de la necesidad de contar con una institucionalidad que genere un marco regulatorio estable.

¿Cuáles son los escenarios más preocupantes que anticipan si se implementan estas medidas como las subastas de cuotas?

Aquí hay que recordar que las subastas en pesca han sido mecanismos de asignación que han sido erradicados de los países pesqueros, como Rusia, Estonia, e Islas Faroe. Este último las incorporó en 2005 y finalmente las tuvo que eliminar porque generó incentivos negativos como pesca ilegal y altos costos financieros. Es un mecanismo que no resultó, y cuando hemos llevado estos antecedentes a la autoridad, la verdad es que parecen no querer revisarlos y no están en el análisis de lo que se está planteando.

Tanto es así que, si prospera la propuesta del Ejecutivo que contempla subastar el 35% de las Licencias Transables Tipo A, significaría que el sector, ya afectado por la Ley de Fraccionamiento que lo redujo en un 20%, se vería reducido al 40% de lo que tiene hoy día. Eso lo volvería inviable operacionalmente. De avanzar una propuesta tan negativa, terminará destruyendo la actividad pesquera industrial como la conocemos hoy en Chile. Aquí se dice que la pesca industrial no paga por los recursos que tiene y eso demuestra la ignorancia que se tiene del sector. La pesca industrial paga anualmente más de US$100 millones en impuesto específico por la cuota que tienen derecho a capturar, y eso independiente si la captura o no.

EJE LABORAL Y SOCIAL

Con todo, ¿qué estimaciones manejan sobre la pérdida de puestos de trabajo y cómo afectaría eso al empleo formal en el Biobío?

Es muy dramático el impacto que esto podría generar en el empleo. La autoridad ha insistido en que esto no va a tener impacto en el empleo, porque lo que se le traspasa al sector artesanal será procesado por la industria.

Pero ahí hay un error de nuevo en el origen, en el sentido de que hoy la pesca artesanal no está en condiciones técnicas de entregar una materia prima que califique en términos de calidad para el consumo humano, porque no tiene condiciones de frío; cuidado del volumen que traen, porque no tienen cuotas individuales y, por lo tanto, la pesca viene con mucho daño mecánico.

Entonces, es un recurso que se puede destinar solo a la elaboración de harina de pescado, pero no para consumo humano. Entonces, cuando vemos que la mayor cantidad de empleo está en las plantas para consumo humano, en las plantas de congelado y de conservas, bueno, precisamente, es ahí donde se verá el impacto y sí habrá un efecto en el empleo, en una destrucción del valor y decrecimiento.

Lea la entrevista completa en Revista Aqua.

Fotografías: Pescadores Industriales del Biobío.

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Luego de la Ley de fraccionamiento pesquero, la comisión siguió avanzado en el articulado de la nueva Ley de Pesca. Según lo informado, ya han votado casi un 85% de los capítulos, que implican unos tres cuartos del articulado.

Actualmente, el grupo parlamentario se encuentra analizando y votando normas relativas al mundo artesanal. Más precisamente, en las últimas dos sesiones se abordó el “Régimen general de acceso artesanal”. Este régimen se define como de “libertad de pesca”. Sin embargo, se establece que, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus naves o embarcaciones deberán, previamente, inscribirse en el Registro respectivo, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios.

También se estableció el área de reserva para la pesca artesanal en la Ley de Pesca. Se extenderá por una franja del mar territorial de cinco millas marinas, medidas desde las líneas de base. Para esto se partirá del límite norte de la República y se extenderá hasta el paralelo 43° 25′ 42″ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas.

Asimismo, se reserva a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la playa de mar. De igual modo, las aguas interiores del país y los caladeros de la pesca fuera de las primeras cinco millas.

La comisión, igualmente, aprobó una indicación que establece que la pesca artesanal no podrá realizar actividades extractivas en las aguas terrestres del país. No se considerarán aguas terrestres las aguas marítimas situadas hacia el interior de la línea base del mar territorial, como bahías, canales, estuarios o fiordos, entre otros.

Región de Valparaíso sin pesca de arrastre

Por otra parte, la comisión definió que se reserve a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas de la región de Valparaíso, en su totalidad. En este marco, se incluyen las islas oceánicas que sean parte de la administración de esta región.

El diputado Jorge Brito destacó la aprobación de esta norma, que promovió, como una medida en contra de la pesca de arrastre y sus efectos negativos sobre los recursos. “Todos esos botes que uno ve en caleta Portales, Membrillo, Higuerillas, San Pedro de Concón, San Antonio, Quintero, se van a ver beneficiados y con esto vamos a poder contribuir, además, a la recuperación del mar de Chile”, enfatizó.

Una disposición que se aprobó, pero que no contó con apoyo unánime fue la que establece algunas excepciones a las zonas de exclusión del país. Específicamente, refiere a las pesquerías del camarón naylon; langostino amarillo; langostino colorado; y/o gamba. Al respecto, se define que será posible permitir operaciones extractivas de naves mediante resoluciones de la Subsecretaría de Pesca. Para dicha decisión se deberá considerar un informe técnico previo del Consejo Regional de Pesca correspondiente.

Según se comunicó, la nueva Ley de Pesca también contemplará otras mejoras para el mundo artesanal, aprobadas en sesiones anteriores. Una de ellas es la constitución de una plataforma social. De tal modo, si sufren un accidente, las y los pescadores tendrán la posibilidad de atenderse en el IST. Además, contarán con cotizaciones para pensiones de vejez.

Dicha plataforma se financiará con lo que la industria pesquera le pagará al fisco por las autorizaciones de pesca que reciba.

En otra línea, la comisión acordó enviar dos oficios al Ejecutivo para solicitar información sobre ayudas económicas comprometidas para el sector artesanal de la región de Atacama. Esta medida se sustentaría en la difícil situación generada por la nula captura de la anchoveta en los últimos tres años. Igualmente, por la baja del precio del alga que comercializan.

Fotografía: Cámara de Diputados.

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La movilización se desarrolló en el contexto del seminario “Futuro Biobío: Balance del Plan de Fortalecimiento y vinculación al Plan Biobío 2050”, instancia en la que los dirigentes manifestaron su inconformidad con la gestión del plan, que —a su juicio— está debilitando al sector pesquero industrial al no abordar los efectos negativos que generarán los cambios en discusión dentro de la nueva Ley de Pesca.

“Lo primero que queremos demostrar hoy con esta manifestación es la disconformidad que tenemos con la forma en que se ha tratado y manejado esta ley por parte de las autoridades y legisladores y más aún, el ex ministro Grau, quien junto al subsecretario Salas le han hecho un enorme daño a miles de familias que viven del sector industrial. Están en este seminario tratando el cómo se fortalece la industria, mientras hacen oídos sordos a lo grave que ocurre con nuestro sector. Es una burla, y es suficiente”, sostuvo la presidenta del Sindicato de Planta Congelados Blumar, Zenaida Reyes.

En la misma línea, el presidente del Sindicato Patrones de Pesca Interempresas del Biobío, Juan Carlos González, criticó la falta de soluciones concretas y la incertidumbre que viven los trabajadores ante los cambios legislativos.

“Es una paradoja. Tenemos un seminario que se va a proyectar a 25 años. Nosotros requerimos soluciones inmediatas sobre lo que está ocurriendo en la región y que actividades económicas como la pesquera hoy están siendo destruidas por impulsos legislativos que no alcanzan a medir las consecuencias de lo que se está generando. Pareciera no importarles el daño. La incerteza jurídica se transforma en incerteza laboral e inseguridad”, expresó.

Encuentro con el ministro de Economía

Aunque no estaba previsto, los dirigentes lograron conversar brevemente con el ministro Álvaro García a su llegada al evento, planteando directamente sus preocupaciones respecto de las políticas públicas en curso.

“Le dijimos al ministro que estas políticas públicas se construyen con diálogo social real, donde se escuche a los trabajadores y se proteja la actividad productiva de nuestra región. Le manifestamos nuestra profunda preocupación frente a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que debilitarán de manera significativa a toda la actividad pesquera industrial y pondrán en riesgo miles de empleos directos e indirectos, no nos cansaremos de decirlo”, manifestó la presidenta de FESIP Biobío, Juana Silva.

La dirigenta añadió que uno de los temas más sensibles para los trabajadores es la reducción de la duración de los permisos industriales, que —de aprobarse la modificación legal— pasarían de 20 a diez años, lo que genera incertidumbre laboral y desincentiva la inversión productiva en la región.

Por su parte, el ministro Álvaro García explicó que el Presidente de la República retiró la suma urgencia a la discusión del proyecto de ley precisamente para abrir un espacio de diálogo más amplio. Además, se comprometió a reunirse personalmente con los dirigentes, delegando la coordinación de dicho encuentro al seremi de Economía, Javier Sepúlveda.

Con esta manifestación, los trabajadores del sector pesquero industrial del Biobío reafirmaron su demanda de participación efectiva en las decisiones públicas que afectan al rubro, advirtiendo que las reformas en curso deben conciliar la sustentabilidad del recurso con la estabilidad laboral y productiva de las comunidades costeras.

Fotografía: Trabajadores de la Pesca Industrial

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Según la organización, la medida atenta contra la estabilidad del sector, amenaza con el cierre de plantas industriales en la región y pone en riesgo miles de empleos, cuyos salarios están directamente ligados a la participación de las empresas en la cuota de captura.

“Con la terquedad del Ejecutivo de insistir con la subasta como mecanismo, se harán inviables las plantas de Landes y PacificBlu en Talcahuano; además, en Coronel podrían cerrar las plantas de proceso de FoodCorp y la planta de conservas de Camanchaca”, advirtió la presidenta de Fesip Biobío, Juana Silva Chávez.

Riesgos para la estabilidad laboral

Desde la federación explican que el sector industrial rechaza la propuesta porque consideran que vulnera derechos adquiridos y la confianza legítima, al modificar compromisos establecidos en la ley actual con el objetivo de aumentar la participación del sector artesanal.

Asimismo, sostienen que la subasta reduciría las cuotas de captura de las empresas, afectando sus operaciones, la estabilidad de las plantas y provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo.

“Hace más de dos años comenzó la discusión de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que implicó para los trabajadores del Biobío un desgaste físico y emocional intenso. Vivimos en la más tensa de las incertidumbres por demasiado tiempo. Aprobada la mencionada norma, y pese a no quedar conformes, al menos había algo de certeza. Pero, increíblemente, la incertidumbre continúa con el tema de la subasta”, enfatizó Silva.

Antecedentes del debate

La dirigenta recordó que en la fase anterior la propuesta de subasta ya había sido rechazada por la Comisión Mixta, principalmente porque “los parlamentarios entendieron en ese momento el efecto de concentración que estas generan en nuestro sector. Dicho de manera simple, en una subasta el mayor se lleva todo, causando el encarecimiento de los costos y, por ende, un perjuicio directo para los trabajadores”, puntualizó.

Actualmente, la discusión se trasladó a la tramitación de la nueva Ley General de Pesca, donde el Ejecutivo ha insistido en reponer el mecanismo, lo que mantiene al gremio en alerta.

En este contexto, Silva expresó que esperan un cambio en la conducción de la cartera económica, bajo la dirección de Álvaro García. “Esperamos que el nuevo ministro sea un aliado de los trabajadores y no el enemigo. Como ya hemos manifestado en la Comisión de Pesca, hacemos un llamado al jefe de la cartera a no repetir las inconsistencias del proceso anterior en esta nueva etapa. Pedimos que actúe en conciencia y no por ideologías políticas”, manifestó.

La presidenta de Fesip, que representa a más de 2.000 familias, advirtió finalmente que la medida amenaza la estabilidad de un sector que ha sostenido a la región por décadas. “Están poniendo en riesgo la estabilidad laboral que hemos ganado a punta de esfuerzo durante años de lucha sindical. No somos el enemigo, somos fuente de riqueza para Chile y fuente de una vida laboral digna para miles de familias que hoy esperan con el corazón en la mano un futuro incierto, mientras se tramita su destino con una ley supuestamente nacida para el bien de todos”, concluyó.

Fotografía: Fesip Biobío

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Es así como en el marco del encuentro se presentarán una serie de investigaciones recientes desarrolladas en esta región y el mundo en temas de minerales industriales y energía con énfasis en litio, nitratos y energía solar. Revisa el programa de la conferencia.

Se consideran las siguientes líneas temáticas:

– Procesos de litio, evaluación del ciclo de vida y sostenibilidad.

– Materiales de almacenamiento de energía.

– Almacenamiento de energía: baterías de litio e hidrógeno.

– Almacenamiento de energía térmica.

– Nanomateriales para almacenamiento de energía y paneles fotovoltaicos.

– Tecnologías de conversión de energía fotovoltaica.

El congreso también tiene como objetivo la construcción de redes de colaboración nacionales e internacionales, entre la industria y universidad, para promover la aplicación de investigaciones realizadas en Universidades de Chile y del mundo.

Mayor información e inscripciones en este link.

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