Hoy, cerca de las 16.00 horas, las partes se sentarán a negociar nuevamente, con la idea de ingresar al Congreso el proyecto de reajuste salarial con acuerdo a más tardar el martes 1 de julio.

Con esa prioridad, fuentes ligadas al proceso señalan que desde Hacienda estarían trabajando con un rango que se ubicaría entre los $222 mil (5,7%) y los $227 mil (8%).

El martes pasado la CUT pidió como piso mínimo para la negociación el monto de reajuste realizado el año pasado, donde se aumentó en $17.000 (de $193.000 a $210.000) y que correspondió al 8,8%.

En el Ministerio de Hacienda resintieron la negativa de la CUT a su primera oferta, y estarían contemplando una nueva cercana a los $ 225 mil, aunque no desestiman avanzar hasta los $ 227 mil para llegar con acuerdo al Congreso. Todo dependería, como comentó una fuente, de la “mano negociadora” del ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

Ante el encuentro de hoy , la multigremial se reunió ayer para lograr una postura común. En ese contexto, habrían fijado que el acuerdo con el gobierno debería estar en torno a los $230 mil.

Sin embargo, dentro de la multigremial no hay mucho optimismo de consensuar una cifra, debido a los argumentos de “una profunda desaceleración económica”, presentados por Hacienda.

Otro de los puntos que la CUT exigirá dentro de este acuerdo, es que se estipule en el proyecto de ley que a marzo de 2016 se alcanzará un salario mínimo de $250 mil, ya que el programa de gobierno estipula que se alcanzará dicho monto en la mitad de la administración.

Respecto a un reajuste plurianual, la multigremial habría definido que no existe una propuesta definida por su parte, ya que esperan que dicha definición la haga el gobierno.

En este contexto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ha señalado en reiteradas oportunidades que lo ideal es que el salario mínimo llegue a cubrir 4 canastas básicas, por lo que al término de este gobierno aspiran a que el sueldo base alcance los $300 mil.

Además, dentro del acuerdo entre las partes, se incorporará un programa de fiscalización de la Dirección del Trabajo para sancionar aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en la Ley de salario mínimo. Asimismo, se instalaría una comisión de políticas laborales que buscaría proponer fórmulas, como por ejemplo, que este tipo de reajustes se realicen a través de negociación colectiva.

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A este escenario, se suman diferencias al interior de la CUT respecto de la forma en que se ha planteado la demanda salarial ante el gobierno.

En la multisindical, de todos modos, admiten que esta semana es clave en términos de definiciones, ya que -recuerdan- el reajuste debe empezar a regir desde la primera semana de julio.

En ese sentido, tras la segunda cita realizada el viernes, la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, aseguró que el ministro Arenas se comprometió a dar dentro de las próximas 48 horas hábiles una respuesta respecto de la cifra en la que se fijará el sueldo básico, plazo que se cumple este martes.

“El gobierno sabe que no tiene espacio para concordar y está ganando tiempo, esperando que se acerque la fecha para poder tener pocas reuniones con nosotros y que no se sepa hasta última hora la propuesta”, dijo Arturo Martínez, secretario general de la CUT, quien confirmó que hoy a las 11:30 habrá una tercera reunión con la autoridad.

El dirigente sindical adelantó que “para la reunión de mañana (hoy) no espero mucho” en términos de guarismo.
Y añadió que “en esta negociación el gobierno ha esgrimido el bajo crecimiento, la desaceleración de los salarios y están enredando el tema del salario mínimo con las reformas laborales”.

Al respecto, Martínez precisó que “están tratando de amortiguar el monto, que no debe ser muy bueno en la propuesta, con el hecho de que va a haber reformas laborales importantes en las próximas semanas con la presentación de un proyecto”.

La CUT presentó a principios de junio su propuesta de reajuste salarial para elevar el mínimo desde los actuales $ 210 mil a $ 250 mil, que significaría un alza nominal de un 19%. Además, solicitó un aumento adicional para zonas extremas de un 20%. Desde el Ejecutivo, estarían evaluando un monto entre $ 220 mil y $ 228 mil para el reajuste.

Ante ese panorama, para Martínez un reajuste en torno a los $ 225.000 sería adecuado, “porque o si no le va a quedar muy largo el tramo para llegar a los $ 250.000 a la mitad del período del gobierno”.

La principal organización sindical del país también espera que a partir de la reunión de hoy, se establezca una comisión donde se cambie la forma de debate de la política salarial en el país.

También existe el compromiso de parte de la autoridad de crear a mediano plazo una comisión tripartita y técnica, que calibre los parámetros con los cuales se va a zanjar el incremento del sueldo básico.

Visión del mercado


En términos técnicos, uno de los factores que ha sido gravitante en la discusión del reajuste es la inflación. A mayo, en doce meses, el IPC acumula un avance de 4,7% y a diciembre el Banco Central proyectó en el último IPoM que el indicador se situará en la parte alta de la meta: 4%.

Bajo ese marco, para la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Cecilia Cifuentes, un monto de $ 220.000 sería razonable para el alza del sueldo mínimo, “porque esa cifra estaría en línea con lo que es la inflación y el aumento de la productividad”, dijo.

La economista advirtió que “dado que la economía está en una fase de desaceleración subirlo más allá de los $ 220.000 podría generar más costos que beneficios, en términos de que podría desincentivar la contratación de jóvenes y complicaría la situación de la PYME”.

Cifuentes se mostró contraria a la meta del programa de gobierno de llevar el reajuste a $ 250.000 en 2016. “No me parece recomendable plantear reajustes plurianuales, o sea fijar metas que vayan más allá del período en curso, porque no se conoce exactamente cómo va a ser la evolución de la economía, en ese sentido sería riesgoso plantear metas nominales para períodos que abarquen plazos más largos”.

La experta también pidió avanzar hacia una institucionalización del debate con una comisión de técnicos para despolitizar el tema.
En tanto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, planteó que “si se tuviera que hacer un cálculo para el reajuste sería la inflación más el aumento en la productividad del trabajo, e incluso se podría ir un poco más allá”. En ese contexto, Agosin advierte que un incremento más allá del 10% “sería bastante complicado, especialmente en un momento como el actual”.

El académico señaló que la discusión bajo los actuales parámetros “no tiene salida, a no ser que entendamos que la relación entre trabajadores y empleador es interdependiente y que ambos deberían hacer un esfuerzo conjunto”.

El presidente de Conapyme, Rafael Cumsille, informó que mañana el consejo de la multigremial tomará una definición respecto del alza del salario mínimo. De todas formas, indicó que un incremento a $ 250.000 tal como lo propone la CUT, afectaría la contratación en micro empresarios.

“Son legítimas las aspiraciones, pero el salto sería muy largo. Habría muchos microempresarios que no estarían en condiciones de pagar ese sueldo mínimo, sobre todo si además en el sector privado existen las gratificaciones de hasta 25%”, dijo Cumsille.

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De esta forma, el comité ejecutivo de la multisindical decidió ayer mantener el monto que vienen solicitando desde el año pasado y que significaría un reajuste de 40 mil pesos, acordando además aumentar el ingreso de las regiones más apartadas del país. Los representantes del sector esperan que la cifra se determine en el debate que se generará con los representantes del gobierno a partir del próximo mes.
El secretario general de la entidad, Arturo Martínez, señaló que “se ha planteado siempre un aumento adicional entre el 15 y un 25%. Creo que lo correcto es pedir un alza de 25% de salario mínimo para las zonas extremas”.

Martínez argumentó que “en esas zonas es mucho más caro vivir, pues los artículos de primera necesidad tienen mayor valor que en el centro del país”.

Asimismo, agregó que los trabajadores del sector público, en su mayoría, reciben bonos por ser zonas extremas, lo que no ocurre en el ámbito privado, donde la modalidad queda fijada a lo que determine el Estado a mediados de año.

La propuesta apunta a beneficiar a los trabajadores de las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, en el extremo norte, y las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica chilena, en el extremo sur, además de las provincias de Chiloé y Palena.

Conversaciones

Sin embargo, las conversaciones con el Ejecutivo se anticipan difíciles, considerando que el salario de $ 250 mil que solicitará la Central Unitaria de Trabajadores es lo que el gobierno planteó alcanzar hacia la mitad del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet (2015). En todo caso, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ha expresado su intención de constituir una mesa que incluya a representantes de los trabajadores, gobierno, y empleadores para explorar un acuerdo.

A contar del primero de agosto de 2013, en la última negociación con el gobierno de Sebastián Piñera, el ingreso mínimo mensual quedó fijado en $ 210.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. Para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad el monto del ingreso mínimo mensual es de actualmente $ 156.770. En tanto, el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales quedó fijado en $ 135.463.

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