En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció que la información solicitada tiene carácter público.

“Que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la citada Ley, el pronunciamiento objetado a través del reclamo ordena la entrega de información ‘agregada para todas las empresas que explotan y comercializan compuesto de litio sin individualizar en cada una de las empresas aludidas en su presentaciónâ€. De consiguiente, se ha preservado, acorde la fórmula empleada por el CPLT en el pronunciamiento impugnado vía ilegalidad, los derechos económicos o comerciales que hubieren podido resultar afectados como consecuencia de un proceder diverso”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Sin perjuicio, conviene apuntar que, honrando el principio de servicialidad de los Órganos del Estado impuesto por el artículo 1° de la Carta Fundamental, vale decir, con miras a evitar situarse en el punto culmine de la cadena de actos que afectarían los derechos de las personas, la TGR alegó como fundamento para negar la entrega de la información solicitada por el tercero interesado, la reserva que deriva del amago a aquellas garantías individuales respecto de SQM S.A, SQM Potasio S.A. y SQM Salar S.A.”.

“Este basamento ofrecido por la TGR al contestar la petición inicial del solicitante, asilándose en la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, corresponde a un motivo completamente ajeno a aquellos en que se funda la oposición que entabló ante el CPLT y ha replicado ante esta Corte, id est, información inexistente por falta de códigos específicos”, añade.

“Esta dualidad de motivos –prosigue– invocados para la denegación de acceso a la información –uno ofrecido al solicitante y otro al CPLT– deriva en el decaimiento de la oposición en sede jurisdiccional del reclamante en cuanto se asila en la presunción de legalidad de que están revestidos sus actos, según el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 19.880, por aparecer las nuevas alegaciones vertidas en sede administrativa y jurisdiccional como una respuesta conveniente ante la disociación de los datos que propuso el solicitante y que, todo indicaba, seria ordenada por el CPLT de acoger el amparo. Lo cierto es que, en el escenario planteado, se disocia el motivo expresado respecto de la efectiva motivación del acto, en contravención a lo dispuesto por los artículos 11 y 41 de la citada legislación, con lo que la presunción de legalidad que se invoca carece del rendimiento que se pretende atribuirle por la TGR, al no observarse el principio de juridicidad”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “(…) así las cosas, siendo la información que se debe entregar, de conformidad al inciso 2° del artículo 5° de la ley 20.285, de carácter público; obrar está en poder de la reclamante y no existiendo reproche alguno que hacer al Consejo para la Transparencia en orden a considerar que aquel haya ordenado la entrega de una información que contiene datos sensibles, cuya publicidad pudiere afectar a terceros, no cabe sino rechazar el presente reclamo de ilegalidad”.

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por la Tesorería General de la República en contra de la decisión de Amparo Rol C7408-21, adoptada por su Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en Sesión Ordinaria N° 1246 de 18 de enero de 2022, que acogió el deducido por don Telye Yurisch Toledo, en los términos que expresa”.

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Joaquín Villarino participó de la discusión en el Congreso y siente que la voz del sector no fue escuchada. Además, advierte que este proyecto recién se vería reflejado en 2025, es decir, difícilmente capturará la mayor renta producto del alza en el precio del cobre.

¿Cómo toma la decisión de la Cámara de Diputados?

La moción parlamentaria aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados adolece de múltiples problemas. Se trata de un proyecto inconstitucional que, además, es técnicamente deficiente. Desde esta última perspectiva, sorprende la liviandad con que se ha hecho extensivo un mismo gravamen a realidades muy diversas.

Las características de la explotación y mercados del cobre, litio, hierro, oro y plata, por mencionar alguna de las actividades gravadas, no son las mismas. No se ha tenido a la vista ninguna sensibilidad con relación al efecto que tendrá en ellos. No considera que ya existe un royalty a la minería del cobre, grava dos veces un mismo hecho, lo que es improcedente.

En fin, prácticamente duplica la carga tributaria de la gran minería del cobre, lo que evidentemente no es competitivo ni razonable. Ninguna actividad económica es viable con cargas tributarias cercanas al 80% sobre las utilidades. Podría seguir enumerando deficiencias técnicas, pero con lo señalado es fácil advertir que se trata de un mal proyecto.

Ustedes expusieron ante la comisión durante la tramitación del proyecto ¿Siente que fueron escuchados?

Evidentemente no tuvieron en consideración ninguno de los argumentos expuestos por el sector minero, ni por expertos conocedores del mismo. Es más, no tuvieron a la vista ningún estudio sobre el impacto en competitividad de la industria, sobre productividad, ni menos sobre mercados internacionales de diversos minerales.

¿Cuánto cree que influye la cercanía de las elecciones?

Prefiero no hacer especulaciones. Lo que nos consta es que el proyecto señala que uno de sus motivos es recaudar más para contribuir a solucionar las necesidades económicas derivadas de la pandemia. Pues bien, definitivamente no lo hace, porque la invariabilidad tributaria aprobada por el Congreso Nacional en 2010, implica que para el 70% de la producción del cobre del país este gravamen se verá reflejado en la recaudación del año 2025. Espero, sinceramente, que a esas alturas no sigamos sufriendo los graves efectos de la actual pandemia.

¿Es decir, esta ley no tendría ningún efecto? Es decir, ¿no capturaría las rentas del actual momento de precios del cobre?

Tal como lo señalé, no tendrá efecto hasta la recaudación del año 2025. Esto no quiere decir, sin embargo, que el Estado no va a captar mayores ingresos derivados del incremento del precio. El actual royalty (IEM) tiene una tasa variable que va desde el 5% al 14% en la medida que se incrementa el margen operacional. Por lo tanto, a mayor precio, sin que suban los costos en la misma medida, el margen aumentará y la tasa del tributo se verá incrementada. La actual tabla, además, aplicada al superciclo 2005-2014, habría significado un 80% más de recaudación. Si los actuales precios perduran, veremos una recaudación sustancialmente superior para el Fisco.

¿Qué espera que haga el gobierno?

No somos colegisladores y respetamos las instancias y debates propios de toda democracia, pero consideramos que no solo el gobierno, sino que todos los actores políticos deben tomar decisiones pensando en los efectos de largo plazo cuando se trata de materias tan estratégicas como el desarrollo de la gran minería y lo que esta representa para el bienestar del país.

Durante la tramitación, el diputado Núñez dijo que algunas mineras “inflaban sus costos” para pagar menos impuestos. Usted pidió más antecedentes de eso. ¿Cree que es una acusación falsa?

Dentro de este debate ha existido información poco precisa y poco veraz. Se ha dicho que esta es una industria que manipula y que oculta información. Como Consejo Minero nos hemos destacado por dar a conocer información y por transparentarla, lo hemos hecho así en temas relevantes para la ciudadanía, como agua, relaves y ahora impuestos.

Sobre lo que ha señalado el diputado Núñez, reitero lo que le manifesté directamente en la Comisión de Hacienda: si tiene algún antecedente, debería ponerlo en conocimiento de los tribunales de justicia porque probablemente estaríamos frente a un delito tributario. En todo caso, los estados financieros de las empresas mineras están auditados en Chile y en el extranjero, están en poder de Cochilco y de la Comisión del Mercado Financiero; el Servicio de Impuestos Internos es, además, quien fiscaliza por medio de una unidad especial de grandes contribuyentes. Toda la información anterior está disponible por transparencia. La falta de argumentos suele derivar en acusaciones sin fundamento.

Más allá de este proyecto, ¿ve espacio para aumentar el aporte tributario del sector?

Hemos sido claros en señalar que es legítimo que el país evalúe la carga tributaria de sus sectores productivos, entre ellos el de la minería. Pero en este debate, tan importante y fundamental para el futuro del sector, es necesario ser responsables y analizar con profundidad la competitividad de nuestra carga tributaria; así como sensibilizar los efectos de su incremento.

Reiteramos nuestra disposición a debatir y conversar respecto a los mecanismos que permitan que el país, y en especial las regiones mineras puedan recaudar más sin afectar el crecimiento del sector, cuyo aporte va mucho más allá que el pago de impuestos y royalty. Nuestro llamado es a debatir con altura de miras teniendo presente el desarrollo del sector en el corto, pero también mediano y largo plazo.

Dado que hay varios proyectos en curso, ¿cree que podrían frenarse debido a este proyecto?

No me gusta argumentar con la amenaza de pérdida de inversiones y puestos de trabajo, por más importante que pueda ser. Concentrémonos en construir juntos una solución a los problemas de corto, mediano y largo plazo que el país enfrenta y enfrentará. En este sentido, reitero lo que hemos venido señalando desde hace dos meses: para esa conversación la gran minería del país ha estado y está disponible.

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El commodity se transó en US$3,75552 la libra, que se compara con los US$3,69519 del martes. Se trata del valor más alto del metal rojo desde el 5 de octubre de 2012, cuando se cotizó en US$3,76436, aspecto que fue destacado por el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.

“En los últimos días hemos visto precios récord del cobre, sobre US$ 3,75 la libra, valores que no veíamos desde fines de 2012. Esta es una buena noticia para Chile por dos razones: la primera, porque va a aumentar la recaudación fiscal, que va a permitir financiar el funcionamiento del Estado y seguir yendo en ayuda de las familias más vulnerables y lo segundo, porque va a impulsar en la medida que se sostengan los precios altos, el desarrollo de nuevos proyectos mineros que van a generar crecimiento, empleos y así ayudar a la recuperación económica”, resaltó la autoridad.

Revisa a continuación el video con las declaraciones del secretario de Estado.

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El mayor precio que ha registrado el cobre en las últimas semanas implicaría una mayor recaudación de ingresos fiscales y, a su vez, una disminución del déficit.

Según los cálculos del economista de BBVA Cristóbal Gamboni, si el precio promedio del año se mantiene en US$2,63 la libra y el dólar en $659 (promedios que acumulan en lo que va de 2017), el fisco podría reunir casi US$500 millones adicionales a los US$1.865 millones, que se había estimado en la ley de presupuestos para este año. Ello, dado que el erario se hizo con un supuesto de precio promedio de US$2,20 la libra.

Gamboni señaló que si el precio del cobre se mantiene en US$2,63 o si sube a US$3 la libra, mejorando el promedio del año, en “ambos escenarios le dan más ingresos al fisco y le permiten terminar el año con un déficit efectivo menor que el que estaban proyectando en julio, de 3,1% del PIB”.

En un caso optimista, si el rally alcista del precio continuara y el cobre se situara en US$ 3 la libra en lo que resta del año, el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino, calcula que entonces la cotización promedio anual alcanzaría a US$ 2,78 por libra. En este escenario, el monto de recursos adicionales que aportaría el sector minero al fisco sería cercano a US$ 3.400 millones, estimándose una contribución total de la minería del orden de US$ 4.300 millones.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró el alza que tuvo ayer el metal rojo y señaló que podría ayudar a disminuir el déficit fiscal. “Hoy, el escenario de precios es evidentemente mayor y, por lo tanto, el déficit muy probablemente sea más bajo”, dijo la autoridad a Reuters. Valdés agregó que la economía tendría un mayor impulso en el último trimestre, registrando un crecimiento de 3%.

Datos de China impulsaron alzas

El crecimiento de 6,9% que tuvo la economía del gigante asiático en el segundo trimestre del año, sumado al aumento de las importaciones de cobre desde China -que consume un 40% del metal a nivel mundial- provocaron un impulso en el precio. Luis Méndez, gerente general de Banmerchant Capital, señaló que “el cobre ha mostrado una trayectoria en alza, producto de mejores expectativas de crecimiento global que afecta a los commodities en general, del mejor desempeño económico de China y de la depreciación global del dólar”.

Además, en lo reciente, el alza del cobre estaría influenciada por la mayor tensión geopolítica que existe entre EE.UU. y Corea del Norte. “En momentos de alta incertidumbre, el cobre y otros metales, como la plata, sirven de refugio”, comentó Francisca Pérez, economista senior de BCI Estudios.

Proyecciones llegarían a US$3 la libra

Para el futuro, los expertos señalaron que la cotización del metal podría alcanzar los US$ 3 la libra, pero se mantienen cautos respecto de si será un precio estable en el tiempo. Jorge Cantallopts, director de estudios de Cochilco, indicó que “puede llegar a US$ 3 la libra, pero es cuando empiezan a jugar algunos actores como agentes financieros, de los que es muy difícil predecir su comportamiento”.

Por su parte, Rafael Aldunate, miembro del comité consultivo para definir el precio referencia del cobre que convoca Hacienda, comentó que el alza ayudará a mejorar los ingresos del Estado, pero que no tendría elementos de juicio que fundamenten que esta es una tendencia permanente.

Sin embargo, hay algunos menos optimistas que señalan que en las próximas semanas debiera tener una corrección a la baja. Benjamín Sierra, economista de Scotiabank Chile, comentó que “esperamos un retroceso que podría llevarlo a cerrar 2017 incluso un poco por debajo de US$ 2,5 la libra, promediando el año en torno a US$ 2,6 por libra.

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En concreto, las 32 compañías que reportaron sus resultados al primer trimestre de este año, provisionaron unos US$41,7 millones por concepto de royalty, casi cuatro veces más que en el trimestre anterior y 36% por encima del mismo período del año 2016. Las cifras dcien relación con un alza en las ganancias de las firmas que alcanzaron unos US$387 millones en el período, 20% por encima del ejercicio anterior.

¿Cómo se explica este aumento considerando la huelga de 44 días de la primera productora de cobre del mundo, Escondida? Un mejor precio del metal rojo, ya que durante el período en cuestión el valor del cobre promedió US$2,645 la libra, 25% más que igual lapso de 2016.

“(El alza) es básicamente precio del cobre, pero otro factor es que las políticas de reducción de costo de las empresas mineras durante el primer trimestre de este año y finales de 2016 estuvieron en su máximo apogeo”, explicó Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

Si se toman las cifras declaradas de las 32 empresas informantes a la SVS, los costos han caído 0,3% entre enero y marzo, destacándose el trabajo que han realizado Minera Encuentro, Anglo American y Cerro Colorado, esta última de BHP Billiton.

Por empresa, la minera que lidera las provisiones por concepto de royalty es Escondida con unos US$12,3 millones. No obstante, la cifra es 41% más baja que lo registrado en el mismo período del año anterior. A esta le siguió la minera ligada al grupo Luksic, Pelambres que casi duplicó sus proyecciones de 2016 con US$10,4 millones; seguido por la segunda empresa privada del país, Collahuasi, que provisionó un impuesto específico a la minería por US$8,2 millones, casi ocho veces más que durante el periodo enero-marzo del año pasado.

Respecto a Escondida, Guajardo comenta que su impacto fue significativo en producción y en utilidades. Sin embargo, dado que el tributo específico se realiza en base a proyecciones, la cifra no sería una representación fiel del balance. “En la mecánica del royalty hay que tener ojo porque no siempre refleja las tendencias económicas de las compañías”, dice.

En tanto, para este año el experto ya aventura un mejor ejercicio en términos de recaudación fiscal producto de mejores cifras para la industria. “El año pasado fue uno de los peores en muchas décadas, pero el 2017 respecto de eso será mucho mejor porque tendrá ingresos que definitivamente serán más altos; el precio del cobre y los subproductos están subiendo y habrá costos que si bien comenzarán a subir, no serán un efecto muy negativo para las compañías, y la producción de este año probablemente tenga una pequeña caída pero no será tan significativa para ser un factor determinante”, dice el director ejecutivo de Plusmining.

Cabe destacar que entre enero y marzo de este año la producción a nivel nacional retrocedió 14%, arrastrada por una baja de 63% en la producción de Escondida.

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Así de directo es el vínculo entre el valor del principal envío del país y la recaudación fiscal. Por eso, el sostenido descenso del metal, que desde julio del año pasado empezó a acentuar una tendencia bajista que ya se advertía en 2011, despierta inquietud por su impacto en las finanzas públicas.

Ayer el cobre bajó 0,4% y se ubicó en US$ 2,80 la libra, el precio más bajo desde el 25 de julio de 2010, presionado por la fortaleza global del dólar -que ayer en todo caso descendió levemente en Chile hasta los $ 616- y los temores ante una menor demanda de China, el mayor consumidor global.

En los primeros tres días de 2015 el metal promedia US$ 2,82 la libra, por debajo de los US$ 3,12 previstos como precio efectivo en el Presupuesto de este año y también inferior a los US$ 3,07 calculados como precio de largo plazo por los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda.

“Con un dólar que se aprecia a nivel global y un petróleo a la baja, que disminuye los costos de la energía, es esperable que la tendencia del cobre se mantenga”, dice Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. El experto calcula que promediará en torno a US$ 2,90 la libra este año “lo que significará entre US$ 1.200 y US$ 1.500 millones menos de ingresos fiscales”.

El economista destaca que lo anterior, sumado a una menor recaudación por crecimiento -cerca de 1 punto menos que el 3,6% proyectado en el Presupuesto, que equivalen a una merma de US$ 600 millones- se traducirían en una reducción de ingresos fiscales en torno a los US$ 2.200 millones. Con ello, dice, “el déficit efectivo se elevaría más de un punto respecto del -1,9% del PIB estimado en el erario de este año, acercándose así al 3%”. Se trataría del mayor saldo negativo desde el -4,4% de la recesión de 2009.

Coincide Cecilia Cifuentes, de Libertad y Desarrollo, destacando que “este escenario hace muy difícil cumplir con las metas de gasto social del Ejecutivo y también con las de convergencia a un balance estructural (0%) en 2018”. Añade que “hay un deterioro de la solvencia fiscal que va más allá de esta baja del precio del cobre y que tiene que ver con el fin del ciclo minero, tema que ha estado ausente en la discusión de la política fiscal. Correspondería ser más prudentes en el gasto, lo que hasta ahora no hemos visto”

Complementa Patricio Rojas, afirmando que “no veo posible que se de una convergencia a un 0% en 2018 y es muy probable que este gobierno se quede con un déficit fiscal elevado. Eso habrá que sincerarlo en algún momento”.

En el gobierno, las perspectivas no son mejores. La ministra de Minería, Aurora Williams, admitió ayer -en el marco del balance anual de la cartera- que el menor precio del metal rojo, “implica una menor recaudación”.

Su parecer fue compartido por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, quien, eso sí, hizo hincapié que aún queda por ver cómo influirán los costos.

Hernández indicó que a fin de mes Cochilco entregará su proyección para el precio promedio del cobre en 2015, la que, adelantó, estará en línea con la estimada por el Banco Central (de US$ 2,95), situándose así en un rango de US$ 2,95 a US$ 3 la libra.

“La proyección es menor (en recaudación fiscal). Pero si se compara lo recaudado a septiembre de 2014 con el mismo periodo de 2013, la devolución de impuesto a la renta es US$ 240 millones superior a la de 2013, lo que ratifica que el precio es muy influyente, pero también los costos”, dijo.

Durante 2013, el aporte de la minería al financiamiento fiscal alcanzó a US$ 5.820 millones. Mientras que el año pasado habría alcanzado a unos US$ 4.700 millones, estimó la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Optimismo en la industria

Las proyecciones de los economistas y del gobierno no son compartidas dentro de la industria, ya que se espera que el crecimiento de 5% que registrará la producción de cobre, hasta a 6 millones de toneladas, contribuya a compensar la caída del precio del metal en términos de ingresos fiscales.

El gerente de Estudios de la Sonami, Alvaro Merino, indicó que para este año se espera que el aporte de la minería al Estado alcance a unos US$ 5.000 millones, “debido a un aumento en la producción y a pesar que el valor de los minerales será inferior al precio observado durante 2014 y a la depreciación del peso, lo que implica que se requerirán menos dólares para pagar los costos en moneda local”.

Por su lado, el director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, añade que considerando que el precio del cobre de largo plazo establecido por el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre alcanzó los US$ 3,07 la libra, es muy probable que se active la utilización del Fondo de Estabilidad Económica y Social durante los próximos trimestres.

Asimismo, descarta que iniciativas mineras sean desechadas por las empresas en este escenario.

“Los proyectos que se han cancelado han tenido como principal factor para ello las dificultades en materia de permisos y escalamiento de costos”, sostuvo.

Pequeña y Mediana Minería

En el actual escenario, el gobierno está evaluando reactivar el mecanismo de estabilización de precios para la pequeña y mediana minería, herramienta que opera como un crédito sectorial que se aplica cuando el precio de mercado del cobre es inferior a un valor que se fija de referencia.

Alvaro Merino señaló que este mecanismo operó eficientemente entre 1998 y 2003 y posteriormente entre noviembre de 2008 a abril de 2009. Detalló que en ambos casos, una vez que se recuperó el precio del cobre, este segmento productivo canceló la totalidad del crédito.

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Dicho aporte, considerado como un “impuesto” por firmas portuarias y parlamentarios de oposición, ascendía a US$ 0,3 por cada tonelada de carga transferida. Tras los cambios realizados por el Ejecutivo se rebajó a US$ 0,2 por tonelada de carga general y US$ 0,1 por tonelada de granel sólido o líquido. Con esto, lo que se contemplaba recaudar para el período 2015-2018 cayó 46% (o US$ 53,6 millones), pasando de US$ 116 millones a US$ 62,4 millones. Así los ingresos anuales suman US$ 15,6 millones que resultan de aplicar los nuevos valores a 120 millones de toneladas, consigna el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos.

Las modificaciones también incluyen al Fondo de Modernización Portuaria que se crea con el proyecto de ley y que será administrado por el Ministerio de Transportes. Este recibirá transferencias por un máximo de US$ 2 millones anuales y no los US$ 10 millones al año que se estimaba previamente. El subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, comentó que estos cambios acogieron los planteamientos de privados y de diputados en el sentido de diferenciar los aportes por tipo de carga y de reducir los montos.

En la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y fuentes de diferentes grupos portuarios del país afirmaron que el pago al que se verán expuestos encarecerá las importaciones y exportaciones. A la vez, indicaron que operadores tienen contratos de transferencia de carga a largo plazo con clientes y no podrían reajustar los valores.

Otro punto que inquieta a los portuarios es el impacto en la jornada laboral. Señalaron que con la introducción de media hora de descanso se interviene la dinámica de las operaciones y se fijan en siete horas efectivas los turnos, en comparación con las ocho horas que rigen para el resto de los trabajadores del país. Esto, añadieron, se traduciría en 22,8 días que no se trabajaría, impactando la productividad portuaria.

Inconstitucionalidad

El investigador del Programa Legislativo y Constitucional de Libertad y Desarrollo (LyD), Sergio Morales, afirmó que el cobro a los puertos se trata de un impuesto que se “disfraza como aporte” y que tiene rasgos de inconstitucional. Agregó que no puede existir un tributo para un fin determinado, como sería costear los beneficios de los trabajadores portuarios.

Morales tampoco comparte gravar la carga general y a granel. Comentó que algunos actores del sector portuario pedían que se cobre según el valor económico de la transacción. El experto de LyD añadió que la recaudación del Fondo de Modernización tampoco será de mucha ayuda, pues US$ 2 millones al año son exiguos para desarrollar inversiones relevantes.

El diputado UDI Patricio Melero también afirmó que el cobro a los puertos es un impuesto y no un simple “aporte”, y que sería inconstitucional.

A la vez, el senador RN Francisco Chahuán advirtió que el impuesto podría afectar a mercancías bolivianas. Añadió que se debe avanzar en una ley general de puertos.

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